Familias solidarias: un debate necesario

La comisión de Derechos Humanos se ocupa del caso de Ramón y Griselda.

La comisión de Derechos Humanos del Concejo se reunirá el próximo martes, 1º de octubre, a las 10, con la titular de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, Analía Colombo, a quien le transmitirán preocupaciones que tienen que ver con la gestión del Programa de Familias Solidarias.

El caso de Ramón y Griselda fue el detonante para que desde el Concejo se preocuparan una vez más por el funcionamiento del programa. Tal como lo relató El Ciudadano la pareja, que estaba anotada como adoptante, cobijó a una nena de 4 meses como familia solidaria. Pero finalmente la pequeña fue dada en adopción a otra familia por el informe desfavorable que realizaron desde el programa para que ellos puedan adoptarla.

El concejal Roberto Sukerman señaló que “al seno de la comisión concurrieron Ramón y Griselda, junto a la doctora María Laura Schiaffino, quien actúa como representante legal, para exponer lo que entienden como un maltrato manifiesto de organismos provinciales”.

“Nosotros venimos siendo muy críticos respecto del Programa de Familias Solidarias, ya que con la presidenta de la comisión, María Fernanda Gigliani, y la edila María Eugenia Schmuck, hemos atendido a muchas familias y el año pasado, incluso, recibimos a funcionarios provinciales, a quienes expusimos nuestro desacuerdo respecto de cómo llevan adelante su plan de trabajo, a la vez que también vimos lo que tiene que ver con la adopción, donde también hay fallas a nivel provincial”, expuso Sukerman.

“El tema niñez viene siendo trabajado de manera muy deficiente en relación con los intereses superiores del niño y de todos los que forman parte de ese sistema, en el que están comprendidas las familias que se inscriben en el Programa, los que son maltratados”, argumentó el presidente del bloque del Frente para la Victoria.

“El vínculo que mantenemos los concejales con la doctora Colombo ha sido bueno y serio. Con ella sostenemos una receptividad en el acompañamiento de los temas que apuntamos y esperamos que la defensora pueda tener las herramientas necesarias y la voluntad de compartir nuestras denuncias, visto que tiene un apoyo político importante”, recalcó el edil del FPV.

Sukerman recordó con trazos generalizadores la presentación de la familia solidaria que fue entrevistada por la comisión de Derechos Humanos apuntando que “todo este drama comenzó a tejerse a partir de la grave situación en la que se hallaba una beba de sólo 4 meses. Luego se ser entregada a la familia enunciada se la retiran y entregan a los tíos, quienes manifestaron no poder tenerla. Posteriormente, las autoridades del jardín donde asiste la pequeña denunciaron maltratos a la misma por parte de la familia ampliada”.

“Para colmo –agregó Sukerman– cuando la familia solidaria tiene la posibilidad de adoptar a la niña, ya que hacía 15 años que estaba anotada en el Registro Único de Adoptantes, realizan sin embargo en el organismo un informe criticable y estigmatizante, con lo que pierden las chances de poder adoptar a la pequeña”.

Al concluir, el concejal refirió que “el caso termina pasando a la jueza de Familia que interviene en la causa, quien lo hace en función de cuestiones administrativas, lo que criticamos. Incluso hay un pedido expreso de la doctora Colombo que es desconocido por la magistrada, quien resuelve sin tener en cuenta a su pedido de expresar opinión en el expediente. La jueza debería haber tenido un rol más importante”.

La opinión de Giuliano

“Nosotros valoramos que el Programa de Familias Solidarias, como lo lleva la Dirección Provincial de Minoridad, está en una grave situación”, avanzó Diego Giuliano, del bloque Rosario Federal.

“Recibimos permanentemente familias que con mucho dolor vienen al Concejo a plantear la desvinculación de niños que han acogido en sus casas y luego no pueden completar ningún tipo de vínculo mayor en razón de que la propia Dirección Provincial disuade o  rechaza que el vínculo se fortalezca.“Nos preocupan casos concretos, porque detrás de cada uno de ellos hay una familia y un menor que deben ser reconocidos para proteger el interés superior del niño”, afirmó.

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