El tribunal formalizó los cargos contra Paulo Álvarez por el cruento crimen ocurrido en barrio Grandoli y le dictó la medida cautelar por el plazo de ley. En tanto, una mujer y un interno de la Unidad 6 fueron encarcelados por seis meses tras detectarse una red de préstamos ilegales y cobros abusivos que afectaba a la víctima
El Centro de Justicia Penal de Rosario fue escenario este viernes 16 de octubre de 2026 de una audiencia imputativa en la que se trataron dos tramas delictivas interconectadas alrededor de la muerte de Natalia Andrea Giménez, de 35 años. El juez de Primera Instancia Federico Rebola dio por formalizada la imputación presentada por la Fiscalía y dispuso la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley para Paulo Álvarez, acusado del femicidio de la mujer, mientras que fijó seis meses de prisión preventiva para Stella Maris P. y Germán C., señalados por operar una red de usura agravada de la que la víctima era clienta.
El trágico hecho investigado por la fiscal Paula Barros, integrante de la Unidad Especial de Violencias Altamente Lesivas, ocurrió entre las 05:59 y las 06:11 de la mañana del pasado 26 de septiembre de 2026 en la vivienda de la víctima, ubicada en un segundo piso de avenida Abanderado Grandoli al 3800, en la zona sur de Rosario.
De acuerdo a la reconstrucción del Ministerio Público de la Acusación, el acusado P.A. arribó a las inmediaciones del edificio a las 05:57 a bordo de una bicicleta, llevando una mochila y un casco azul de motocicleta. Tras dejar el rodado encadenado a un poste en la intersección de Grandoli y Presidente Quintana, caminó hasta el ingreso del inmueble e ingresó al departamento de Giménez. Una vez adentro, la atacó brutalmente con golpes y armas punzantes y punzocortantes, infligiéndole múltiples heridas de diversa gravedad en el rostro, la región ocular, el cuello y las manos.
La fiscalía remarcó que el agresor le provocó padecimientos físicos innecesarios mientras aún se encontraba con vida, causándole finalmente la muerte por un traumatismo craneofacial y cervical grave, con compromiso intracraneal y un shock hipovolémico derivado de la profusa pérdida de sangre. Este ataque fue calificado como homicidio agravado por ensañamiento, alevosía y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer en el marco de una relación de inequidad y violencia de género, aprovechando la vulnerabilidad e inferioridad de la víctima.
Posteriormente, el agresor abandonó el lugar a las 06:12 sin la campera azul que vestía al llegar, pero utilizando el casco y portando un objeto oscuro en una de sus manos. Tras recuperar su bicicleta, huyó en dirección a la localidad de Villa Gobernador Gálvez, refugiándose en su domicilio de calle Cervantes al 700. En esa vivienda se mantuvo hasta el 10 de octubre de 2026, fecha en que fue detenido durante un allanamiento en el que se incautaron prendas de vestir y elementos de interés que coincidían con las imágenes registradas por las cámaras de videovigilancia de la zona. El cuerpo sin vida de Natalia Giménez había sido descubierto un día después del ataque, el 27 de septiembre a las 19:00 horas, en el interior de su departamento.
En forma paralela, la imputación alcanzó a Germán C. y Stella Maris P., a quienes se les atribuye haber montado de manera conjunta y coordinada un esquema ilegal de préstamos dinerarios a tasas desmedidas, aprovechándose de la necesidad económica de los deudores. Esta actividad clandestina se extendió al menos durante todo el año 2026 en Rosario y sus alrededores.
En el caso particular de Natalia Giménez, la operatoria crediticia se desarrolló en los meses previos a su muerte. Los investigadores lograron constatar la existencia de reclamos persistentes de cobro dirigidos a la mujer entre el 20 y el 24 de septiembre de 2026, pocos días antes del crimen.
La estructura del negocio ilegal funcionaba con una división clara de roles. Desde su lugar de detención en la Unidad Penitenciaria N.º 6 de Rosario, Germán C. llevaba el control, la organización y el seguimiento de los préstamos mediante anotaciones manuscritas y comunicaciones telefónicas. En tanto, Stella Maris P. ejecutaba la gestión extramuros, encargándose del contacto con los deudores, los reclamos de pago y la recaudación del dinero.
Durante un procedimiento de requisa en la celda de Germán C., los agentes secuestraron un cuaderno con 54 registros de operaciones financieras ilegales que detallaban nombres, números de teléfono, montos prestados y sumas exigidas como devolución. Entre dichos registros se identificó una anotación a nombre de Natalia Andrea Giménez donde figuraba la entrega de un capital de $400.000 y una exigencia de devolución de $800.000, exigiendo el doble del monto original y confirmando el carácter abusivo de la maniobra.
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