El Observatorio de Violencias "Mercedes Pagnutti" presentó su último relevamiento nacional correspondiente al período enero-mayo de 2026. Los datos revelan un total de 105 crímenes por motivos de género, exponiendo una grave situación de impunidad estructural y alertando sobre el alarmante índice que registra la provincia de Santa Fe, especialmente el departamento Rosario
El Observatorio de Violencias «Mercedes Pagnutti» dio a conocer su informe estadístico de femicidios, lesbicidios, transfemicidios y travesticidios en la Argentina, abarcando desde el 1° de enero hasta el 30 de mayo de 2026. En estos 150 días, se registraron 105 víctimas fatales, lo que equivale a un crimen cada 34 horas y arroja una tasa nacional de 0,50 casos por cada 100.000 mujeres.
El documento advierte de manera contundente que los hogares siguen siendo el espacio más desprotegido: el 57,1% de los hechos ocurrió en la vivienda de la víctima o en el domicilio compartido. Asimismo, en el 48,6% de los casos, el asesino fue la pareja o ex pareja de la mujer.
El informe destaca con especial preocupación el ensañamiento contra las franjas más jóvenes de la población. 10 de las víctimas eran menores de 18 años, como Agostina Vega (14 años, Córdoba) y Dulce María Beatriz Candia (17 años, Misiones). Los crímenes de mujeres de entre 15 y 34 años concentraron el 35,2% del total. Además, el impacto generacional de la violencia dejó un saldo de, al menos, 48 niñas, niños y adolescentes huérfanos de madre.
Los datos provinciales ubican a Santa Fe entre las jurisdicciones con tasas más altas del país (0,93), duplicando prácticamente la media nacional. El foco crítico se sitúa en el departamento Rosario, que concentró 10 de los 17 casos provinciales, disparando la tasa local a un alarmante 1,43 por cada 100.000 mujeres. El informe remarca una variable territorial específica: el 23,5% de los femicidios en Santa Fe ocurrió en contextos de criminalidad organizada y narcotráfico.
Frente a las iniciativas legislativas que proponen penalizar las «falsas denuncias» —como el proyecto de la senadora Carolina Losada—, el Observatorio contrapuso la contundencia de la realidad estadística: el 62,1% de las víctimas que tenían antecedentes conocidos de violencia nunca había realizado una denuncia previa.
Desde la institución señalaron que el obstáculo principal no es el exceso de falsas declaraciones, sino las severas barreras estructurales que enfrentan las mujeres para denunciar, agravadas por el actual desmantelamiento y desfinanciamiento de las políticas públicas, programas de asistencia y redes de contención territorial.
La respuesta judicial y punitiva del Estado continúa mostrando un desfasaje crítico. Al cierre del registro, menos de la mitad de los agresores (48,6%) se encontraba detenido. El resto se distribuye entre femicidas que se suicidaron inmediatamente después del crimen (14,3%), imputados que permanecen en libertad (15,2%) y prófugos de la justicia (8,6%).
Nota metodológica: El Observatorio realiza una recopilación sistemática de casos a partir de agencias de noticias y medios de comunicación nacionales y provinciales, cotejados con información institucional. Desde el organismo aclaran que estas cifras representan un piso mínimo debido al subregistro estructural y a las dificultades en la caratulación judicial con perspectiva de género.
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