La Justicia determinó la detención preventiva del dueño del laboratorio HLB Pharma. Por su parte, el pasado miércoles los diputados definieron las autoridades de la comisión investigadora
La Justicia confirmó que Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma, quedará detenido preventivamente mientras la Justicia investiga las 96 muertes ocurridas a raíz de la administración de fentanilo contaminado. Además, fue embargado por $1 billón de pesos.
Semanas atrás, en su declaración indagatoria ante el juez Ernesto Kreplak, García Furfaro aseguró que, si el fentanilo está contaminado con bacterias, “las puso otra persona”. En ese sentido, apuntó contra Andrés Quinteros, quien fuera su mano derecha y apoderado del laboratorio que está bajo investigación.
La decisión fue tomada por el juez Kreplak y también recae sobre otros directivos que ya habían prestado declaración indagatoria. La causa contra Furfaro se basa en el artículo 201 bis del Código Penal, que establece penas de 10 a 25 años. La misma abarca situaciones en las que envenenamiento de sustancias alimenticias o medicinales provoca la muerte de personas.
Además de Ariel, Kreplak también dicto procesamiento y prisión preventiva para; Diego Hernán García; Nilda Furfaro; Javier Martín Tchukrán; José Antonio Maiorano; Carolina Ansaldi; María Victoria García; Wilson Daniel Pons; Adriana Iúdica; Arzolidys Dayana Astudillo Bolvar; Rocío del Cielo Garay; Edgardo Gerardo Antonio Sclafani; Eduardo Darchuk.
Quedó definido el esquema de autoridades de la comisión investigadora sobre el caso de fentanilo contaminado en la Cámara de Diputados. La diputada, Mónica Fein (Encuentro Federal) asumirá la presidencia, mientras que la representante del PRO y dirigente cercana a Patricia Bullrich, Silvana Giudici, ocupará la vicepresidencia. En tanto, Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) completará la conducción del cuerpo.
La creación de la comisión había sido aprobada por unanimidad en la sesión del 17 de septiembre. Estará integrada por 31 legisladores, con participación proporcional de las distintas fuerzas políticas. De acuerdo con la resolución constitutiva, el organismo tiene como plazo máximo el 9 de diciembre para presentar su informe final, que quedará disponible un día antes de la renovación del Congreso.
El mandato de la comisión abarca desde relevar la cantidad total de casos —confirmados, probables y sospechosos— vinculados al consumo de fentanilo adulterado, discriminados por fecha, cuadro clínico, institución de atención y jurisdicción; hasta reconstruir la cronología de cómo se detectó el brote, evaluando las alertas tempranas, las notificaciones iniciales, las comunicaciones oficiales y los protocolos que se pusieron en marcha.
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