El máximo directivo de la agroexportadora fue acusado por intentar desprenderse de 33% del paquete accionario de la empresa Renova por un valor de 310 millones de dólares cuando lo tenía prohibido por dos instancias judiciales en el fuero penal provincial
El presidente de Vicentin, Omar Scarel, fue imputado este miércoles por vender acciones de la aceitera en la empresa Renova a pesar de que rige una prohibición judicial al enajenamiento de activos de la agroexportadora. El juez Nicolás Foppiani aceptó la acusación de los fiscales Sebastián Narvaja y Miguel Moreno para Scarel como autor de los delitos de desobediencia en concurso ideal con relación a las dos prohibiciones incumplidas y dispuso la libertad con una caución de 500 mil dólares para el directivo.
La audiencia comenzó este miércoles al mediodía y el primero en exponer sus fundamentos fue el fiscal Sebastián Narvaja, quien presentó como prueba un contrato de venta del 33 por ciento de las acciones de Vicentin a Viterra firmado el 2 de abril de este año por 310 millones de dólares. El fiscal indicó que esta maniobra fue en abierta «desobediencia consumada» del mandato impuesto por el juez de primera instancia Foppiani, quien el 18 de septiembre de 2020 dispuso la prohibición de innovar sobre la composición de la masa accionaria y disposición respecto de las empresas sobre las que Vicentin SAIC tendría participación accionaria, o respecto de las cuales, los denunciados serían sus representantes legales, a saber Renova S.A, medida notificada en fecha 21 de septiembre del 2020.
Los fiscales también le atribuyeron haber hecho caso omiso a la resolución del juez Hernán Postma, quien el 28 de diciembre de 2020 dispuso la prohibición de desprenderse de activos por un valor mayor a 50 millones de pesos; respecto de las empresas sobre las que Vicentin S.A.I.C. tendría participación accionaria, o respecto de las cuales, los denunciados serían sus representantes legales, a saber Vicentín S.A.I.C, sita en calle 14 495 de la localidad de Avellaneda. Así explicaron que la maniobra ilegal consistió en la celebración, por parte del imputado en carácter de presidente y representante de Vicentin S.A.I.C de un contrato de compraventa, entre Vicentin y Viterra Argentina S.A.
En ese marco, obligó a esta firma a transferir la propiedad de las acciones de Renova SA, correspondientes al 33,33 por ciento del paquete accionario de ésta última, en favor de Viterra Argentina S.A.
A cambio, esta última asumió la obligación de pagarle a Vicentin S.A.I.C. el precio del equivalente en 310.000.000 dólares, al tipo de cambio establecido por las partes en dicho contrato. «Este contrato de compraventa fue celebrado por medio de una «oferta de Compra», suscrita por los representantes de Viterra Argentina S.A., por medio de un documento fechado el 28 de abril de 2022, en CABA, dirigido a Vicentín S.A.I.C., denominado «Oferta de Compra de Acciones de Renova 001/2022»”, indicaron voceros del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
«De esta manera, con pleno conocimiento de las órdenes del Colegio de Jueces Penales de Rosario, ya transcriptas, Omar Scarel incumplió dichos mandatos del siguiente modo: realizó en nombre de Vicentín S.A.I.C. un contrato que supone innovar respecto del estado de cosas relativo al 33,33% de las acciones de Renova S.A. pertenecientes a Vicentín S.A.I.C. Además, realizó un acto de disposición que significa, para Vicentin S.A.I.C. un acto de desprendimiento de activos por un valor superior a 50.000.000 pesos», explicaron los fiscales en su imputación, quienes pidieron la prisión preventiva efectiva para el máximo directivo de la agroexportadora.
La audiencia tuvo un cuarto intermedio pasadas las 15, se reanudó cerca de las 16 para culminó cerca de las 19 con la resolución del juez Foppiani que aceptó la acusación para el directivo y le dictó la libertad con una caución de 500 mil dólares.
La detención de Scarel fue este lunes en la localidad de Avellaneda, distante a 300 kilómetros de Rosario, y se da en el marco de las graves dificultades financieras de Vicentin, que incluso llevó al Gobierno nacional a intervenirla en forma transitoria en junio de 2020, en parte debido a que el Banco Nación era uno de los principales acreedores por créditos otorgados durante la presidencia de Mauricio Macri.
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