Georgina Orellano: «Hoy las trabajadoras sexuales no van presas por prostitución, van presas por la ley de drogas»

Georgina Orellano asegura que no es escritora, que incluso le incomoda esa categoría. Su elección de vida es la militancia política para que las compañeras, como llama a las trabajadoras sexuales, vivan mejor. Y una forma de militancia es la palabra, porque para Georgina “todo lenguaje es político”. Por eso se reafirma en la expresión «puta» y la reivindica para que deje de sonar humillante. Por eso diferencia a un fan de un cliente para explicar cómo las plataformas virtuales como Onlyfans borran el concepto de trabajo. Por eso estudia los términos jurídicos para defenderlas si alguna compañera es detenida. Por eso, en «Vidas de putas, calle, sexo y mentiritas», decide contar estas historias, las que llegan a la Casa Roja, para mostrar las problemáticas que atraviesan las trabajadoras sexuales en el barrio Constitución, pero también en Rosario y en tantos barrios del país. 

En su segundo libro, que presentó en Rosario este jueves 17 en el marco del Festival Nación Trava, la referente de Ammar habla sobre la violencia policial a la que están expuestas las trabajadoras en los llamados operativos de seguridad, el narcomenudeo como alternativa de subsistencia frente a la crisis, el aumento de los precios de alquileres, los brotes de tuberculosis y una pobreza estructural que muchas veces ignora los riesgos y que incluso puede terminar en femicidios y travesticidios. 

“Se rompió el tejido social”, repite una y otra vez para referirse a un escenario cada vez más complejo. Frente a este contexto, responsabiliza al Estado y a los sindicatos, y ubica a la organización política colectiva como la principal trinchera de resistencia.

—¿Cómo surgió la idea de escribir este libro?

—Es el segundo libro que escribo. Es una nueva propuesta que me hizo la editorial Penguin para darle continuidad y visibilizar las problemáticas, los conflictos y las situaciones que atravesamos las personas que ejercemos el trabajo sexual. Hay una decisión política y colectiva de poder poner en valor lo que construimos en el barrio de Constitución, lo que sucede alrededor de la Casa Roja. El segundo libro, «Vidas de putas, calle, sexo y mentiritas», está situado en el barrio de Constitución. Todas las crónicas tienen que ver con lo que nosotras vivimos a diario y con situaciones que hemos atravesado en Constitución, en la Casa Roja, en conflicto con la Policía y con los vecinos, pero también en solidaridad entre compañeras. 

—¿Cómo te encontraste con la escritura en un primer momento? 

—No me considero escritora, me incomoda mucho esa palabra y la categoría. Soy una trabajadora sexual o una prostituta a la que le gusta escribir. Y me encuentro en situaciones muy limitadas en cuanto a la escritura. No tengo tiempo. Mi tiempo está dedicado a la militancia política. Esa es la prioridad. No tengo computadora, entonces la pido prestada a la organización. Tampoco está dentro de mis deseos comprarla. El tiempo de alguien que eligió la militancia política es limitado en cuanto a la escritura, yo no me puedo ajustar al tiempo que la editorial impone y ellos lo contemplan. Todo lo que nosotras ponemos en la Casita y en el libro es parte de una construcción colectiva que lleva tiempo, para lo que tenemos que tener mucha paciencia. Todo lo que está en el libro sucedió porque hay una decisión que es poder gestar la Casa Roja.

—¿Por qué situarlo ahí? ¿Cuál es la importancia de reflejar estas historias?

—El primer libro, «Puta feminista», fue pensado como un libro que dialogue con los feminismos. Necesitábamos una herramienta que ponga en diálogo otra perspectiva, que no sea la abolicionista, victimizante y punitiva de la prostitución. Este nuevo libro va a intentar deconstruir un montón de narrativas victimizantes, el imaginario social y estereotipado que hay con respecto a nuestra vida, generando una perspectiva desde el derecho laboral, sindical y desde la organización colectiva. La propuesta se gestó cuando le conté a mi editora cosas que estaban sucediendo en el barrio de Constitución, que tienen que ver con el contexto de país que estamos transitando. Hoy ya no queremos escribir para dialogar con los feminismos. Ammar, que tiene 31 años, ha hecho su propio camino y el libro es corrernos de esa discusión histórica y teórica sobre trabajo sexual sí o no, para decir: Ahora, en este contexto las trabajadoras sexuales no van presas por la ley de trata o por un código contravencional de prostitución callejera, van presas por la ley de drogas; ahora, la mayoría de las trabajadoras sexuales para pagar el alquiler de las habitaciones están haciendo narcomenudeo en la calle. ¿Qué tiene para decir el feminismo con respecto a eso? Nosotras tenemos para contar las discusiones dentro de nuestro sindicato en cuanto a qué hacemos con las compañeras que están procesadas por el delito de drogas, que están detenidas en condiciones de hacinamiento y violencia. ¿Qué hacemos con los conflictos de los vecinos que ahora nos dicen: “Yo no quiero que se vayan las putas, quiero que se vayan las que venden droga”? Eso también genera conflictividad entre las mismas compañeras, porque están las que dicen: “Esto era una zona de trabajo sexual y ahora ustedes trajeron una zona de los trans”. En los operativos policiales te dicen que no van a aplicar el código contravencional de prostitución ostensible en el espacio público, sino que es un operativo de saturación en la lucha contra el narcotráfico. Pero eso se lleva puesto todo: a los vendedores ambulantes, a los manteros, a las trabajadoras sexuales, a las compañeras del colectivo travesti trans, a los colectivos migrantes. Como organización reconfiguramos internamente los modos de asistencia y de intervención. Este conflicto aparece no solamente en Constitución, también en Rosario, en San Juan, en Salta, en Mar del Plata, en La Plata, en la ruta 4. Cada vez va implosionando más hacia dentro y nosotras como organización tenemos que tener un posicionamiento político, un pensamiento crítico y una asistencia para las compañeras.

—¿Cómo viven los operativos policiales? 

—Los conflictos con los que nos encontramos tienen que ver con violencia institucional y narcomenudeo. En la mayoría de situaciones de violencia, la Policía se respalda en la lucha contra el narcotráfico. Somos muy cuidadosas al hablar de narcotráfico porque lo que vemos en la zona de trabajo sexual no es narcotráfico, es narcomenudeo. Hay una diferencia. No son mafias criminales que se organizan. Vemos el narcomenudeo como un modo de subsistencia de compañeras que están muy rotas, totalmente por fuera del sistema, que hacen lo que pueden con lo que tienen a su alcance y, muchas veces, eso no es la asistencia a una ventanilla por parte del Estado. Lo que tienen a su alcance son estrategias de supervivencia que rozan con lo delictivo, con actividades ilícitas, pero que les dan una suma de dinero para sobrevivir pagando el alquiler y comiendo. No vemos compañeras que se enriquecen, que tienen un iPhone, que andan en 4×4. Vemos a compañeras pobres que siguen viviendo en los mismos lugares desde hace 4 años, con la diferencia de que antes el alquiler de una habitación de un hotel salía 16.000 pesos y hoy millón de pesos. No hay asistencia ni programa social que pueda sostener y contener la realidad de esas compañeras.

—¿Esta problemática se incrementó en el último tiempo? 

—Solamente en el barrio de Constitución, hace 3 años teníamos entre una y tres detenciones por semana. Ahora hay detenciones todos los días. Hay semanas en las que nos encontramos con 10 compañeras detenidas, por ejemplo, en alcaidías y comisarías. Antes los operativos eran muy esporádicos. Hoy hay operativos de saturación todos los días en hora pico. Un lunes a las 5 de la tarde arman un operativo de saturación, con todo el barrio cerrado y todas las compañeras, aunque hayan salido a comprar, aunque estuvieran paseando el perro o habitando el barrio en donde también viven, se encuentran contra la pared siendo desnudadas en el espacio público y haciendo flexiones, porque la Policía busca envoltorios en el cuerpo de las personas. Te requisan en el espacio público, te piden que abras la boca, que te sueltes el pelo, que te bajes el jean o te subas la pollera, te hacen el tacto con guantes para ver si hay envoltorios guardados en tus genitales. Si no encuentran nada, te piden que te retires del lugar. Toda esa violencia, ese trato vejatorio, es naturalizado y legitimado por el proyecto de seguridad social y de la ciudadanía que plantea el gobierno nacional y que también lleva adelante el gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

—¿Cómo vienen trabajando desde el sindicato en ese sentido?

—Con una formación interna en alfabetización judicial. Para nosotras es muy importante entender el lenguaje jurídico, el Poder Judicial tiene un lenguaje que no es el que manejamos los pobres. Nos formarnos sobre qué significa una probation y cuáles son las organizaciones a las que podés ir a cumplirla, diferenciar qué es la Fiscalía, qué es el Juzgado y cuál es el rol de la Defensoría. Buscamos una estrategia colectiva para generar confianza con el defensor y contarle verdaderamente lo que sucedió. También hacemos hincapié en una conciencia social y colectiva entre todas: si paso por la calle y veo una compañera contra la pared, no es necesario arriesgarse, pero sí avisar en el grupo de WhatsApp para que desde la organización podamos identificar a la compañera, avisar a la defensoría, ver su situación procesal y brindarle acompañamiento.

—¿Cómo ves a la Justicia en relación con las perspectivas de género en este último tiempo?

—La Justicia tiene una perspectiva de clase que está muy alejada de poder entender e interpretar los modos de supervivencia que tienen los sectores populares y la ruptura del tejido social.

—¿Cómo impactaron los recortes en políticas públicas a nivel nacional? 

—No ha existido nunca una política pública dirigida a las trabajadoras sexuales. Cuando una compañera denunciaba violencia de género nos apoyábamos en el Programa Acompañar. El problema era que tardaba muchísimo en salir, duraba 6 meses y no se podía volver a pedir. Además, era incompatible, por ejemplo, con el Programa Potenciar Trabajo. Después de los 6 meses volvíamos a tener a la misma compañera con el mismo problema, golpeándonos otra vez la puerta de la Casa Roja. Nosotras no estábamos en el diseño de esa política pública y sí éramos las que teníamos que poner la cara frente a las compañeras. Somos muy críticas con respecto al Estado. Yo no voy a defender a un Estado ineficiente, blanco, colonialista, racista, que ha llegado siempre tarde, que no resuelve, que hizo siempre políticas de maquillaje o de parche. Vamos a defender a quienes estén dispuestos a discutir la construcción de un nuevo Estado, porque el que tenemos no sirve, y el que teníamos tampoco. Estamos dispuestas a discutir qué Estado necesitamos los sectores populares.

El problema del narcomenudeo lo tiene que resolver la política. El Poder Judicial va a meter a todas las compañeras presas. Queremos anteponer a la solución del derecho penal la justicia social. Esto se tiene que resolver con otro tipo de intervención estatal que no sea la cárcel, el calabozo y el castigo. Se tiene que resolver con reparación, con vivienda, con acceso a la salud, con obra social, con jubilación, con crédito, con justicia social. La política lo tiene que resolver desde la incomodidad, transitando la conflictividad, reconociendo la ruptura del tejido social. Para eso hacemos política, para que la militancia tenga un diagnóstico propio, que no sea diagnóstico técnico de los economistas y de los intelectuales, y que haya una escucha a lo que esté sucediendo abajo. 

—¿Cuáles son las mayores demandas que llegan a la organización?

—Las mayores demandas tienen que ver con la cuestión habitacional. Muchas compañeras se encuentran en situación de calle. Otras viven el día a día: si hoy no tienen los 50.000 pesos que cuesta alquilar una habitación en una pensión, duermen en la calle o deambulan en el espacio público, con todo lo que genera la presencia de las trabajadoras sexuales en este contexto, atravesando operativos de saturación, violencia de la policía, denuncia permanente de los vecinos. 

El consumo problemático es algo que en los últimos años se agravó muchísimo, no solo en nuestros sectores, lo vemos con compañeros en situación de calle, con trabajadores y trabajadoras de la economía popular, con pibes y pibas muy jóvenes. También genera conflicto en las zonas de trabajo sexual y en la zona donde vivimos las trabajadoras sexuales. 

También hay un crecimiento muy importante de tuberculosis. Lo veníamos diciendo inclusive en el último tramo del gobierno de Alberto Fernández. Hemos intentado generar alguna estrategia de asistencia con el Ministerio de Salud, pero ellos nos ponían un camión en la Plaza Garay, con el estigma que genera. Las compañeras no van a hacer público su diagnóstico de tuberculosis porque es quedarse sin lugar para vivir ya que comparten el baño y la cocina con otras personas. Las compañeras llegan al sistema de salud cuando el diagnóstico está muy avanzado porque la salud no es una prioridad. La prioridad es trabajar, tener plata, pagar el alquiler y tener para comer. Esas son las ineficiencias que encontramos en el Estado. Si la compañera necesita estar internada y tener un tratamiento de 3 a 6 meses hay que pensar cómo el Estado va a asistir para que tenga dinero suficiente, pueda seguir pagando su habitación y no pierda ni su lugar ni sus pertenencias. 

—¿Notaron un aumento en las personas en situación de calle? 

—Las compañeras que están en situación de calle, por lo menos las que pertenecen a nuestro sector, aumentaron. Nos encontramos con distintas situaciones. Hay compañeras a quienes, por su situación económica y de precariedad, les conviene pagar día a día un hotel. El tema es que, por ejemplo, un día tienen 50.000 pesos, pero si al día siguiente no los tienen, no las dejan entrar. Entonces, están en la calle o en la plaza. Hay otras compañeras que viven actualmente en ranchada, bajo la autopista, denunciando situaciones de violencia por parte de agentes del espacio público que a las 3 de la mañana las echan, les levantan todo, les tiran agua con cloro, y andan con un cartón intentando dormir bajo la fachada de algún edificio, con el conflicto que eso genera con los vecinos que llaman a la Policía. También nos encontramos con un montón de edificios que están poniendo rejas, porque no quieren que la gente en situación de calle use parte de su techito para dormir.

—¿Cómo analizás el aumento de femicidios y de transfemicidios? 

—Hace poco tuvimos una situación de un travesticidio. En un hotel en el barrio de Constitución la compañera Rachel fue encontrada muerta en un contexto dudoso. Estaba con dos jóvenes, de 19 y 25 años, en una situación de consumo, violencia y robo. Rachel nunca consumía. Había conocido a un chico de la calle, lo llevó a su hotel, él llevó a un amigo y empezó una secuencia de alcohol con mezcla de drogas para robarle a la compañera. Ella empezó a ponerse violenta para defenderse y los vecinos llamaron a la Policía que, en vez de aplicar un protocolo de salud mental, porque la compañera estaba bajo el efecto del alcohol y de la droga, ejerció más violencia. La redujeron boca abajo, le pusieron precintos en los pies y en las manos. Rachel tuvo un paro cardiorrespiratorio y falleció. Para las activistas fue travesticidio porque los pibes la mataron. Pero eso también habla de la ruptura del tejido social: dos pibes que le dan alcohol y droga a la compañera para robarle. Todo está atravesado por la precariedad y la conflictividad. La Policía intervino de manera violenta y punitiva y agravó el conflicto dejando a una compañera muerta. La pregunta nuestra es qué hubiera pasado si la Policía hubiese actuado de otra manera. 

En Rosario, por ejemplo, otra compañera también fue víctima de femicidio cuando fue a dar un servicio. No suelen dar servicios a domicilios particulares por seguridad, pero esta compañera había decidido ir porque el departamento quedaba a una cuadra y porque no habían tenido trabajo ese fin de semana. Ahora es una víctima más de femicidio que se arriesgó por su situación de pobreza estructural. 

Otra problemática que también llega a nuestra organización son las llamadas viudas negras: pibas muy jóvenes que hacen uso de su capital erótico y de su belleza. Hay todo un emprendedurismo en cuanto a cómo encantan a los señores, a los que después terminan robándoles bajo los efectos de la sustancia y el alcohol, por una necesidad. No evalúan que van a hoteles o a domicilios particulares donde hay cámaras. En la desesperación de tener dinero está el riesgo de estar presa 4 o 5 años. Nos responden que no quieren ir a un shopping a trabajar por 20.000 pesos. 

El tema sigue siendo la pobreza estructural. Hay un deseo de materialidad y de necesidad de cierta cantidad de dinero que posibilite ese sueño y ese proyecto de ascenso social. Por eso está tan rota la sociedad. Los valores cambiaron, los modos de subsistencia también y el Estado está lejísimo de poder entender e interpretarlos. Ni hablar de la política partidaria tradicional que está viendo las elecciones de 2027, cuando hay una compañera picando ibuprofeno, otra bajando la aplicación de Tinder, otro pibe manejando un Uber 18 horas por día, otra que da clases en una escuela primaria y a la noche sube contenido en plataformas digitales como OnlyFans porque el ingreso de su trabajo registrado no le alcanza. Esa es la sociedad que tenemos ahora.

—¿Cómo evaluás el incremento de trabajo en plataformas y cómo lo analizás en función de la falta de regulación y derechos?

—Hay una construcción de un relato sobre los deseos de los sujetos actuales de esta sociedad de imponernos una lógica liberal de que vos podés ser tu propia jefa: no necesitás salir de tu casa, subirte a un colectivo, ir a trabajar 12 horas y ser explotada por un salario que no te alcanza, sino que lo único que necesitás es tu cuerpo, un teléfono celular, un aro de luz y vas a empezar a recibir dólares. Hay un borramiento a la idea de trabajo. Las compañeras que ejercen trabajos sexuales en plataformas digitales tienen una carga horaria igual que una jornada laboral. No es que me saco una foto y listo. Se han tenido que formar para entender la lógica de vender contenido erótico o ser creadoras de contenido. Tenés que responder al algoritmo, entonces no estás siendo tu propia jefa, sino que el sistema está imponiendo cuál es el modo en el que tenés que subir o crear tu contenido. 

También existe el acoso virtual. Muchas creen que como no hay contacto con el cliente, no hay riesgo. Y sí lo hay. Te pueden robar tu contenido y subirlo a una página de pornografía gratuita. ¿Dónde denuncia la compañera? Además, hay un montón de compañeras que han sufrido acosos virtuales por parte de clientes. Como organización tuvimos que entender el nuevo lenguaje para ejercer trabajo sexual. Muchas de ellas no se consideran trabajadoras sexuales, sino que se consideran influencers, creadoras de contenido, modelos webcam. El lenguaje que utilizan tiene que ver con un lenguaje impuesto por las propias plataformas digitales. Nosotras a las personas que demandan nuestro servicio las llamamos clientes. Ellas los llaman fans. Genera un borramiento de una relación laboral. No son tus fans, no es gente que te adora. Son personas que pagan por un servicio que vos le estás ofreciendo. Si vos los llamás fans, hay un borramiento a la idea de trabajo y de relación laboral. Cuando un fan te acosa en las redes sociales personales, ¿dónde vas a denunciar? ¿Qué dispositivo te van a dar? ¿Un botón antipánico? ¿Una perimetral? ¿De qué manera el Estado va a proteger la integridad de una compañera que es creadora de contenido y a quien un fan la está acosando en su domicilio? Es necesario un Estado que entienda estos nuevos modos de trabajo y estos lenguajes. 

—¿Qué rol ocupan los sindicatos?

—Sí, el Estado y también el sindicalismo. Cuando presentamos el informe sobre trabajo sexual en plataformas digitales contamos en una mesa nacional de la central de trabajadoras y trabajadores que había muchas afiliadas del sindicato de comercio, de gastronómicos y de la docencia haciendo trabajo sexual en OnlyFans. Este nuevo sujeto que aparece como trabajadora sexual virtual está dentro de sus ámbitos. No es una piba que está en su casa y que votó a Milei, es afiliada a su sindicato, tiene un trabajo registrado, es universitaria. No es la mujer pobre a la que no le quedó otra. ¿Cómo van a acompañar desde su lugar? Nosotras podemos acompañar desde el sindicato Ammar, pero ellos tienen compañeras que están sufriendo acoso virtual o que no están pudiendo cobrar en dólares por la política de comercio exterior, y tienen muchísima más espalda como sindicato para poder resolver. Tienen que habilitar la escucha, reconocer que hay compañeras docentes que para llegar a fin de mes están haciendo OnlyFans.

—En tus dos libros aparece la palabra «puta» como parte de tu identidad y de una reivindicación, ¿cuál es la importancia que le das al lenguaje?

—Para nosotras todo lenguaje es político: el modo en que nos queremos presentar, en que planteamos nuestras reivindicaciones, el lenguaje propio que utilizamos, inclusive como estrategia de cuidado frente a la Policía. Nos hemos reconciliado con algunas categorías como la palabra puta o prostituta. Entendimos por qué mucha gente sigue utilizando esas palabras como insulto, con carga peyorativa y negativa, porque para algunos sectores sigue siendo una palabra tabú que tiene un componente de humillación. Cuando le preguntamos a otras personas de nuestro ámbito: ¿qué sentís cuando te dicen puta? ¿En qué momento te dijeron puta? Nos dicen que puta es humillarte. Ahí está la clave de por qué es importante la militancia. La militancia del lenguaje, de lo territorial, de lo político, de tener pensamiento crítico. Si a una compañera de otro ámbito le dijeron puta y lo primero que sintió fue que la estaban humillando es porque a las putas se las sigue humillando en esta sociedad. Inclusive en la política. ¿Cuántas veces fuimos a la ventanilla del Estado y tuvimos que humillarnos para que nos dieran un programa social? Por ser putas y por ser pobres. ¿O cuántas veces fuimos a una asamblea feminista y nos intentaron hacer sentir vergüenza de que el trabajo sexual no era trabajo, sino que lo más reivindicativo y revolucionario era pedir una máquina de coser para dejar de ser humilladas por un hombre en el sistema prostituario? Todo el tiempo ronda la idea de que por ser puta el único lugar posible es la humillación. En el libro era importante que la palabra puta vuelva a estar porque es nuestra identidad. Las vidas de las putas son estas: son vidas rotas, precarias, pero también alegres. Son vidas que se encuentran en un velorio rezando, comiendo y contando anécdotas de la compañera que murió por tuberculosis. Pero estamos ahí. Todas juntas. Organizadas, velándola, inclusive en la Casa Roja. Te vamos a contar cuántas compañeras que han tenido tuberculosis murieron por la ineficiencia del Estado. Lo mismo con las compañeras víctimas de travesticidio y femicidios. No te vamos a contar en números. Para nosotras esas compañeras tienen nombres, historias, tenían sueños y deseos. Eran nuestras amigas y compañeras. Y «Vidas de putas» es un poco eso.

—El libro se va a presentar en Rosario en el marco del Festival Trava… 

—Sí, va a ser el jueves 17 en el marco de la cuarta edición de Nación Trava. Ya estuve participando el año pasado. Me invitaron las compañeras de Capra a un conversatorio con la compañera Milla Vargas en un recorrido desde las primeras marchas del orgullo hasta la actualidad. A principios de año volví a Rosario, invitada para dar una charla en la Facultad de Psicología, en el marco de los 50 años del golpe cívico militar. Hablamos sobre la situación de precariedad y de conflictividad permanente con el derecho penal y la falta de respuesta estatal. A partir de esa charla, las compañeras de Nación Trava nos invitaron a hablar de lo que nos está pasando como colectivo, quiénes son nuestros aliados en este contexto y qué estrategias vamos a tener. Por eso decidimos presentar el libro en la cuarta edición Trava.