La polémica en torno a la salud de los trabajadores del Estado provincial sumó un nuevo capítulo. Gremios docentes y estatales reiteraron sus duras críticas a la próxima implementación del Sistema Integrado de Salud Laboral (Sipsal), la herramienta con la que el gobierno de Santa Fe busca centralizar la atención médica y reducir los niveles de ausentismo.
La medida acerca de la gestión de las licencias médicas, avanza a paso firme: la licitación tuvo como único oferente a una firma ligada al Grupo Werthein y la Casa Gris planea ponerla en marcha de manera escalonada a partir de agosto.
Desde el gobierno provincial defendieron la iniciativa desde el inicio de año, presentándola como una “modernización” tecnológica necesaria para integrar historias clínicas y unificar el abordaje de las licencias de corta y larga duración, hoy considerado «fragmentado» y carente de estadísticas confiables.
Sin embargo, el nudo del conflicto radica en el cambio de modelo: se pasará de la autogestión actual (donde el trabajador notifica la afección y presenta el certificado de su médico o una guardia) a un sistema digitalizado.
Bajo esta nueva modalidad, el empleado deberá reportarse por teléfono o mediante una aplicación, y será un profesional de la empresa adjudicada quien lo contacte para evaluar el cuadro, diagnosticar y cargar los días de licencia directamente en el sistema.
La licitación, abierta el pasado 10 de marzo, tiene como único oferente a la empresa SML Consultores Médicos SA, del Grupo Werthein, la cual ya superó la evaluación técnica y se encuentra en la etapa final de análisis económico.
Según los planes oficiales, el Sipsal debutará en agosto y la docencia será uno de los últimos sectores en incorporarse, una vez que el engranaje esté aceitado.
Bajo la lupa
Para los sindicatos, el trasfondo de la iniciativa lejos está de ser un beneficio. Este lunes, Amsafé emitió un documento donde denuncia un cambio de paradigma nocivo: la salud laboral deja de ser un derecho para convertirse en un estricto mecanismo de control.
“Con esto se consolida una lógica donde la enfermedad es observada desde la sospecha y no desde el cuidado, reforzando mecanismos de vigilancia sobre quienes sostenemos cotidianamente la escuela pública y el funcionamiento del Estado”, señalaron en el escrito.
Adriana Monteverde, delegada de Amsafé San Lorenzo, refrendó esta postura y advirtió que el Sipsal persigue «puro y exclusivamente el control» en lugar de revisar las causas de fondo del malestar docente, como las condiciones edilicias, el pluriempleo, los salarios degradados o el fuerte impacto del regreso del presentismo.
“Los docentes sostenemos la escuela todos los días en condiciones cada vez más precarias. Vamos a trabajar enfermos con tal de no perder el presentismo, que termina siendo una parte muy importante de nuestros salarios bajos. A eso hay que sumarle que ahora tenemos que trabajar más años para jubilarnos por la reforma previsional. En lugar de solucionar eso, el gobierno apunta a reducir el ausentismo; es un maltrato más”, fustigó la dirigenta.
Privatización y ganancias
Las voces de rechazo también se hicieron oír con fuerza en Rosario. Franco Casasola, delegado escolar de Amsafé y referente del PTS en el Frente de Izquierda, cuestionó severamente que se delegue en manos privadas la administración de un área tan sensible.
“El gobierno presenta esto como una modernización, pero en realidad es una herramienta de control del ausentismo en manos de un privado con intereses económicos”, alertó Casasola.
En ese sentido, graficó el impacto cotidiano que tendrá la medida en las escuelas y dependencias públicas: “Cuando te enfermes ya no irá tu médico de confianza, sino que una empresa decidirá, por medio de una aplicación, si tu enfermedad justifica faltar o no. No es un sistema de salud, es un tribunal de presentismo”.
