Hidrovía más turbia que el agua del Paraná: Fiscalía de Investigaciones Administrativas advirtió sobre licitación que suma irregularidades

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) hizo público este viernes un informe fuertemente crítico sobre el proceso de licitación de la Vía Navegable Troncal, conocida como Hidrovía y que conecta los puertos y terminales de los ríos Paraná y de la Plata con el océano. Con el Gobierno apurando los tiempos para esa privatización, el futuro de la operación del corredor fluvial, clave para el comercio exterior porque por allí circula la mayoría de las exportaciones agroindustriales, ahora asoma incierto.

El organismo conducido por Sergio Rodríguez presentó un informe detallado ante la Secretaría de Transporte. El texto advierte que hay vicios que podrían afectar la transparencia de la adjudicación y generar, de continuar el proceso, casi seguros conflictos judiciales. El duro diagnóstico surgió como consecuencia de una denuncia sobre requisitos técnicos bajo sospecha de estar armados para favorecer a determinados grupos empresarios y restringir la competencia real entre interesados. También señaló omisiones graves en materia de estudios de impacto ambiental.

Un duro dictamen

El dictamen de la PIA fue presentado ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°9, a cargo de Guillermo Marijuan. El informe advierte que las irregularidades detectadas podrían configurar reproches de naturaleza administrativa y, eventualmente, derivar en responsabilidades penales.

En diciembre del año 2025, por Resolución 67/2025, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) resolvió llamar a la Licitación Pública Nacional e Internacional 1/2025 y aprobó los pliegos de bases y condiciones y de especificaciones técnicas.

Sobre esa licitación, la PIA recibió una serie de denuncias sobre irregularidades del procedimiento y en los pliegos licitatorios. Las presentaron desde organizaciones ambientalistas hasta integrantes de consorcios portuarios y una de las firmas participantes de la licitación.

La Procuraduría alertó sobre el incumplimiento de la Ley 27566 del Acuerdo de Escazú en lo relativo al acceso a la información ambiental durante el proceso de la Audiencia Pública Informativa. Practicamente, señala el documento, fue un ardid: destaca que la agencia de puertos presentó un volumen excesivo de información (más de 9.000 páginas) en un plazo breve para su consideración. Y que eso impidió una participación ciudadana real y efectiva. Ese procedimiento instado de participación ciudadana se redujo, así, a un cumplimiento meramente formal y ritualista.

En cuanto a la documentación licitatoria, el informe señala que se repitieron irregularidades que ya habían sido advertidas en procedimientos licitatorios anteriores, y que la propia Administración dejó sin efecto.

Entre los puntos más críticos se encuentran:

• Condiciones para la cesión del contrato.
• Inadecuada redacción de la Cláusula Anticorrupción.
• Limitación a la posibilidad de impugnar por parte de los oferentes.
• Limitación a la participación de ciertas formas asociativas.
• Distorsión en la forma de evaluación de las ofertas.
• Falta de justificación para la deuda pendiente con acreedores actuales.
• Omisión de la Evaluación de Impacto Ambiental.
• Deficiencia en las intervenciones del servicio jurídico permanente de la ANPYN.

El dictamen completo

Dictamen de la PIA sobre la licitación de la Hidrovia by Claudio de Moya

En la Rosada fingen demencia

Las advertencias desde el propio Estado contradicen el optimismo que muestra la Casa Rosada sobre la privatización. Es que en paralelo al dictamen de la fiscalía, la administración de Javier Milei difundió un comunicado oficial para celebrar que el proceso avanza de manera «exitosa», con apoyo multisectorial y «sin impugnaciones».

Y en base a esas autopercepciones, el Ejecutivo confirmó que el próximo martes ejecutará la tercera etapa con la apertura de las propuestas económicas, un paso decisivo para ceder el cobro de los peajes fluviales por los próximos 25 años.

La Agencia de Puertos mantiene igual su cronograma inamovible. La urgencia del oficialismo pasa por destrabar rápidamente la entrega de esta vía fluvial estratégica, un movimiento considerado clave por el equipo económico para dar previsibilidad a los mercados y consolidar su modelo de gestión privada en el área de infraestructura.

Entre los postulados para quedarse con el multimillonario negocio está la histórica firma belga Jan de Nul, asociada con la empresa local Servimagnus y bajo sospecha de encubrir la participación del grupo Neuss, de estrecho vínculo con el asesor Santiago Caputo y de acelerada expansión durante la gestión libertaria. En la vereda de enfrente, está otra potencia de Bélgica, DEME, que conformó una alianza de peso junto a las compañías norteamericanas Great Lakes, Clear Street y el fondo de inversión KKR.