Hubo audiencia de apelación por el caso Mercedes Delgado

Los familiares se manifestaron en la puerta de los Tribunales Provinciales ante la posibilidad de una reducción de pena. Pidieron que quede firme la pena contra el único condenado por la muerte de la militante.

Familiares, amigos y representantes de organizaciones sociales se movilizaron ayer a los Tribunales provinciales para pedir que quede firme la pena contra el único condenado por la muerte de la militante Mercedes “Mecha” Delgado, asesinada en enero de 2013 en medio de un enfrentamiento entre dos bandas en Ludueña. Es que ayer, dentro del palacio de Justicia, se llevaba adelante una audiencia de apelación de la sentencia de 16 años de cárcel que pesa sobre Héctor Daniel Riquelme. “En el discurso de la defensa se da a entender que las cosas en los barrios se resuelven a los tiros. Mi vieja trabajó durante veinte años para construir las cosas de otra manera. Somos militantes sociales y trabajamos para que los conflictos no se resuelvan con la muerte”, dijo Juan Ponce, el hijo de Mecha. Durante el debate, el defensor insistió en que Riquelme actuó por legítima defensa y que no tuvo intención de matar, pidiendo su absolución. La Fiscalía y la querella solicitaron que la pena queda firme.

Desde temprano, ayer por la mañana circulaba el mate en las escalinatas de Tribunales. Entre los trajes apurados que entraban y salían con carpetas pesadas en mano, una bandera recordaba que “la mecha sigue encendida”. En la calle, mientras un grupo de militantes amasaba, estiraba y cocinaba tortas fritas, otros dibujaban puños en el asfalto con el nombre de las víctimas asesinadas en distintos hechos de violencia.

La movilización era por Mecha y tenía un objetivo: exigir que quede firme la condena contra el único sentenciado por su asesinato. Pero el micrófono sirvió también para que otros familiares recuerden el pedido de “una justicia más justa”, como fue el caso de la hermana de Gerardo “Pichón” Escobar, la mamá de Jonatan Herrera o los familiares de Any Rivero.

Juan Ponce, hijo de Mecha, sostuvo que la estrategia de la defensa es siempre la misma: dar a entender que en los barrios las cosas se resuelven de una sola manera, a los tiros: “Mi vieja trabajó durante veinte años para construir las cosas de otra manera. Somos militantes sociales y trabajamos para que los conflictos no se resuelvan con la muerte”.

En referencia al hombre condenado por el crimen de su mamá sostuvo: “Seguiremos insistiendo en que pague por lo que hizo. No solamente dañó a la familia, sino al barrio. Cuando mataron a mi vieja se murieron los talleres que ella daba. Y no fue porque no quisimos seguir, sino porque la gente dejó de ir por miedo a que maten a alguien”. Mecha Delgado llevaba dos décadas de militancia en Ludueña. El 9 de enero de 2013 salió de su casa de Garzón al 400 bis rumbo a un centro comunitario y quedó en medio de un enfrentamiento armado entre dos bandas.

Según la causa judicial, ese día Ramón Antonio Piedrabuena, y sus medio hermanos Ramón y David Ferriol fueron a la casa de la familia Riquelme, en Bielsa al 6000, y se tirotearon con Daniel y sus hijos Mauro (luego asesinado) y Matías. Uno de los disparos hirió a Mecha, que buscaba a uno de sus hijos para protegerlo de los plomos. En octubre pasado, el juez José Luis Mascali separó la causa en dos. En una condenó a los tres hombres que participaron de la balacera inicial. Y en la otra, investigó la muerte de Mecha. De esta manera, en febrero Héctor Riquelme, de 50 años, fue condenado a 16 años de cárcel por homicidio simple como autor material del crimen Mercedes Delgado y por tentativa de homicidio, agravada por el uso de arma de fuego y participación de un menor.

El fallo fue apelado por su defensor, Rodrigo Mazzuchini, y ayer ante un tribunal presidido por los jueces Daniel Acosta, Carlos Carbone y Georgina Depetris, se conocieron los argumentos de las partes. Mazzuchini sostuvo que Riquelme actuó bajo legítima defensa, tanto de sí mismo como de sus hijos y nietos, ya que estaba siendo atacado por Piedrabuena y Ferriol. En sus argumentos, sostuvo que su defendido fue juzgado en base a un contexto social y mediático y no jurídico por lo que pidió su absolución o “en el peor de los casos, la baja de la pena”. Por su parte, el fiscal de Cámaras Guillermo Camporini insistió en que Riquelme actuó con intenciones de matar y estuvo prófugo 20 meses. “Acá no hubo legítima defensa. No se tiraba al aire, no era un tiroteo para ver quién tenía la pistola más larga, había intenciones de matar y la víctima fue Mercedes Delgado. ¿Cómo quieren juzgarlo, como un daño colateral?”, ironizó. Finalmente, la querella a cargo de representantes del Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) remarcó que la defensa intentó poner a Riquelme en un lugar de víctima del sistema jurídico por su estrato social.

En las próximas semanas se conocerá la decisión de los magistrados en relación con los pedidos de las partes.

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