La Justicia federal de Rosario citó a María Laura Garrigós, responsable de las cárceles federales durante el gobierno de Alberto Fernández
La Justicia federal de Rosario llamó a declarar a María Laura Garrigós de Rébori, quien estuvo a cargo del Servicio Penitenciario Federal (SPF) durante la gestión de Alberto Fernández. La exfuncionaria, junto a otros responsables, es investigada por presuntas omisiones que habrían favorecido que líderes de organizaciones narcocriminales mantuvieran contacto con el exterior de las cárceles a través de teléfonos celulares. Entre los beneficiados por estas irregularidades figuran Ariel “Guille” Cantero y Esteban Alvarado.
De acuerdo con un informe de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), pese a las condenas y detenciones, numerosos cabecillas “seguían dando instrucciones desde las cárceles”. El acceso a celulares dentro de los penales, incluso en módulos de máxima seguridad, habría permitido planificar delitos como narcotráfico, amenazas, lavado de dinero, secuestros y homicidios.
La noticia sobre la citación judicial generó la reacción inmediata del intendente rosarino, Pablo Javkin, quien utilizó sus redes sociales para expresar su postura: “¿Cuántas veces dijimos que lo que había que hacer era cortar la joda en las cárceles? Era tal cual. Que se haga justicia. Que paguen por tanto dolor. Que no vuelvan nunca más”.
La indagatoria fue requerida por los fiscales Claudio Kishimoto y Matías Scilabra, de la Unidad Fiscal Rosario; Diego Iglesias y Martín Uriona, de la Procunar; y María Garmendia Ortega, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). El juez federal Carlos Vera Barros fijó las audiencias para el 25 y 27 de agosto, en las que deberán declarar Garrigós, Sonia Mariela Álvarez, Diego Alberto García y Guillermo Eduardo Migueles.
En el dictamen judicial se advierte que “ya sea mediante el uso de dispositivos de telefonía celular u otros medios de comunicación ingresados en violación a la normativa penitenciaria”, los imputados por “graves delitos de criminalidad compleja” lograron sostener “maniobras destinadas a mantener extramuros la vigencia de las organizaciones delictivas que lideraban”.
La acusación contra Garrigós subraya que, en su rol de interventora y luego al finalizar esa etapa, “omitió poner en marcha un plan de acción para ejecutar lo dispuesto por el artículo 160 de la ley 24.660”, que exige “llevar adelante las acciones conducentes para la adquisición e instalación dentro del ámbito de los establecimientos penitenciarios de inhibidores de señal que impidan la realización de comunicaciones de telefonía móvil por parte de los internos”.
La causa se remonta al 25 de marzo de 2022, cuando se descubrió que Ariel Cantero, jefe de Los Monos, disponía de “un aparato de telefonía celular, que se encontraba oculto dentro de un televisor que aquel tenía en su lugar de alojamiento”.
Durante la administración de Alberto Fernández, la Procunar presentó dos extensos informes donde se documentaba cómo varios líderes narcos continuaban con sus actividades ilícitas desde las cárceles. En junio de 2023, el organismo dirigido por Diego Iglesias constató que en el Complejo Federal de Ezeiza “no se estaba dando adecuado cumplimiento a las distintas medidas de seguridad que habían sido dispuestas” respecto a Esteban Lindor Alvarado.
Entre esas medidas figuraban el “impedimento de contacto con otros internos procesados o condenados por delitos vinculados al narcotráfico o crimen organizado, el estricto cumplimiento de la prohibición de comunicaciones móviles y la instalación de inhibidores de señal en el pabellón o módulo del penal donde se encuentre alojado, todo lo cual fue asentado en un acta”.
La Procuración General de la Nación había advertido en al menos dos oportunidades —en 2021 y 2023— que resultaba necesario, “de manera urgente”, implementar controles más estrictos para impedir que desde los penales federales los jefes narcos continuaran dirigiendo el negocio de la droga y ordenando secuestros, crímenes y amenazas.
Fuente, Radiofónica
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