El Gobierno activó protocolos de emergencia y judicializó el caso tras una filtración masiva que comprometió información personal y operativa de integrantes de las Fuerzas Armadas. Se desconoce aún el origen del ataque
Una grave filtración de datos personales de unos 50 mil integrantes del Ejército Argentino encendió las alarmas en el Gobierno nacional, que ya inició una investigación para determinar el alcance del ciberataque y encontrar a los responsables. El incidente, que fue denunciado por la propia fuerza ante la Justicia, expuso información sensible como números de DNI, destinos de servicio, registros de viajes, domicilios familiares y certificados académicos de los agentes.
Fuentes del Ejecutivo confirmaron que el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, trabaja de manera conjunta con áreas de ciberdefensa militar para esclarecer lo sucedido. También se activaron los protocolos especiales de resguardo de datos y se reforzaron los controles sobre los sistemas de acceso internos.
La filtración sorprendió incluso a las máximas autoridades del área de inteligencia. Hasta altas horas del martes, en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), dirigida por Sergio Neiffer, no tenían conocimiento de la publicación de los datos en internet. El jefe de operaciones, Diego Kravetz, también fue puesto al tanto una vez que el tema trascendió.
La Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC), bajo la dirección de Ariel Waissbein, ya se encuentra monitoreando el incidente y colaborando con las áreas técnicas del Gobierno. Por el momento, la hipótesis oficial es que se trató de una filtración de carácter administrativo, sin impacto directo sobre la operatividad de las Fuerzas Armadas.
Desde el Ejército se emitió un comunicado en el que se confirmó la recepción de «una serie de alertas sobre un incidente de seguridad de la información», actualmente bajo análisis para determinar su autenticidad y origen. No se descarta que la fuerza amplíe la denuncia judicial en los próximos días, sumando nueva documentación al expediente.
Este episodio ocurre en un contexto de creciente protagonismo de las Fuerzas Armadas en tareas vinculadas a la seguridad interna. A través del decreto 1112/2024, el Ejecutivo habilitó su participación en la lucha contra amenazas externas no estatales, como el terrorismo, y les otorgó nuevas facultades para actuar en fronteras, incluyendo la posibilidad de realizar detenciones preventivas y reforzar el control migratorio.
En paralelo, el Gobierno avanza con un proyecto de Ley de Seguridad Nacional que ampliaría aún más sus atribuciones, incluyendo la autorización para derribar aeronaves no identificadas que violen el espacio aéreo argentino.
Según trascendió, se están gestionando acuerdos con agencias internacionales como la CIA (Estados Unidos) y el Mossad (Israel) para adquirir tecnología de última generación, con el objetivo de mejorar las capacidades de inteligencia y defensa informática del país.
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