El miércoles, una retroexcavadora comenzó a intervenir el terreno en el sector conocido como Punta Armado. Hubo denuncias de colectivos ambientales y el Ministerio de Medio Ambiente de Santa Fe actuó y frenó la intrusión que, a priori, fue para instalar un parador. Ya hay un pedido de explicaciones en el Concejo de Capitán Bermúdez, que administra la parte norte de la isla por una cesión en comodato. El foco ígneo se inició poco después, el sábado, y debieron intervenir Bomberos de Granadero Baigorria
El extremo norte de la Isla de los Mástiles, metros aguas arriba del puente Rosario Victoria, es conocido como Punta Armado. Varias personas desembarcaron allí este miércoles con una retroexcavadora, mesas, sillas y más mobiliario. Es una zona de dominio público y acceso libre, una de las pocas que quedan en el humedal. Puesteros, kayakistas y colectivos ambientales reaccionaron ante lo que calificaron como un intento de ocupación ilegal. Como se trata de una isla bajo jurisdicción santafesina, informaron del hecho al Ministerio de Ambiente de la provincia. Al día siguiente, personal de esa área y efectivos de la guardia rural Los Pumas llegaron hasta el lugar. Tras constatar que se estaban realizando tareas sin documentación pertinente ni autorización, ordenaron cesar los trabajos y retirar todo. Por el hecho, ya hay un pedido de informes para saber qué pasó, y si alguna autoridad habilitó esa intervención en un ambiente que debe ser mantenido en su estado natural. Sugestivamente, un día después de frenada la intrusión, que de todos modos produjo alteraciones en el terreno, hubo un incendio en la otra punta de la isla, la sur.
La Isla de los Mástiles es una de las pocas que a esta altura del río Paraná no pertenece a Entre Ríos sino a Santa Fe. La provincia le cedió le cedió en comodato a Granadero Baigorria la parte sur , unas 427 hectáreas, en 1997. Y en 2003 hizo lo propio con la mitad norte, alrededor de 387 hectáreas, a Capitán Bermúdez. El compromiso de ambos municipios, como contrapartida, fue preservar ese territorio del humedal y resguardar su biodiversidad de emprendimientos particulares o intervenciones que alteren su fragil equilibrio ambiental.
El reciente episodio de intrusión irregular fue en el extremo norte, que está administrado por Capitán Bermúdez. En principio, se trató de un intento directo de consolidar una ocupación ilegal en un área natural que el municipio tiene la obligación de conservar así. Sin confirmación oficial, los que avisaron del hecho mencionan como responsables del movimiento a los dueños de un conocido parador.
Poco antes del mediodía del jueves, agentes de Los Pumas llegaron hasta la punta norte de la isla por disposición del Ministerio de Medio Ambiente. Una mujer que se presentó como responsable de los trabajos les dijo que tenían un convenio con la Municipalidad de Capitán Bermúdez para instalar allí un parador turístico. Los efectivos le transmitieron que por orden del secretario de Ambiente, Alejandro Luciani, y como no había un estudio de impacto ambiental ni autorización provincial, debían cesar toda actividad de movimiento de suelo y desmonte y retirar la maquinaria tanto como los elementos ya colocados.
Las actuaciones por el episodio pasaron entonces al Ministerio de Producción de Santa Fe. En paralelo, el concejal de Capitán Bermudez Lucio Addino, del Frente Amplio por la Soberanía, presentó un pedido de informes en el cuerpo legislativo y un reclamo al Ejecutivo local para que «se identifique al empresario que violentó el territorio y se lo sancione con medidas ejemplares». Además, solicitó la actuación del juez de Faltas de la ciudad. En el Concejo, le dijo a El Ciudadano, el tema se tratará el próximo martes.
El episodio del miércoles no es aislado. Solo el último capítulo de una serie deconflictos en el único territorio insular de Santa Fe frente al Gran Rosario.
En julio del año pasado, el municipio de Granadero Baigorria desató una fuerte controversia al abrir una licitación pública para otorgar la concesión del parador «Puerto Pirata» por un plazo de 30 años. El Ejecutivo local argumentó que así regularía una actividad ya existente bajo normativas propias. Los colectivos ambientales respondieron que el comodato otorgado por la provincia prohíbe expresamente los fines de lucro comercial o la enajenación de tierras públicas, y que habilita únicamente el «aprovechamiento comunitario».
Cuatro meses después, el municipio de Capitán Bermúdez avanzó con estudios de factibilidad para habilitar un parador privado precisamente en Punta Armado, zona considerada «área virgen» dentro de los convenios. De nuevo, los cuestionamientos apuntaron a que el otorgamiento de un pre-permiso comercial contradice el objeto ambiental del comodato provincial.
Lo que permite esos avances es el limbo legal. Los comodatos originales de 1997 y 2003 quedaron desactualizados respecto de las leyes de presupuestos mínimos ambientales nacionales. Y aunque las respectivas ordenanzas municipales locales declararon la isla como «Área Protegida», terminan siendo los propios municipios que deben controlar esas normas los que promueven la actividad comercial privada en las playas.
El estatus de protección de la Isla de los Mástiles no es claro. Sin embargo, hay varios proyectos en la Cámara de Diputados provincial. Por ejemplo, el que propone categorizarla como Área Natural Protegida bajo la figura de Parque Provincial (artículo 21 de la ley provincial 12.175). Esto le quitaría el poder de control discrecional a los municipios y obligaría al Ejecutivo de la provincia a regular de manera estricta y con criterios científicos los usos del suelo.
Además, varios diputados provinciales han presentado proyectos de comunicación exigiendo que el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe clarifique la situación jurídica de las concesiones municipales frente a Capitán Bermúdez y determine la legalidad de los paradores comerciales privados en áreas de reserva natural.
Ante los sucesivos conflictos y los argumentos contrapuestos, el Conicet y la Universidad Nacional de Rosario comenzaron a diseñar un plan de manejo que funcione como el marco científico que ordene el debate en torno a la protección ambiental y las decisiones comerciales impulsadas por los municipios.
Con la coordinación del Observatorio Ambiental de la UNR, ya se elaboró una serie de fundamentos técnicos y biológicos.
Con muestreos que incluyeron análisis de suelos, relevamientos de flora y fauna y estudios avanzados de ADN ambiental, especialistas de diferentes disciplinas consiguieron demostrar que la isla posee áreas críticas de conservación biológica. Determinaron en base a ello sectores que deben ser declarados «zonas intangibles», lo que significa que deben preservarse sin modificaciones antrópicas de ningún tipo.
Pero, además, el trabajo científico apunta a una dimensión social. A diferencia de los proyectos de los municipios, ceñidos a los paradores náuticos de perfil comercial y recreativo, el plan del Conicet hace foco en un ordenamiento territorial participativo. Uno de sus objetivos centrales es integrar formalmente a las comunidades de pescadores artesanales de las zonas de Remanso Valerio y El Espinillo. Que su opinión se escuche para el diseño de la gobernanza de la isla y así garantizar sus prácticas tradicionales de subsistencia bajo criterios y normas de sostenibilidad.
Se trata de una elaboración ambiciosa. Un plan técnico con formato participativo e interdisciplinario que oficie como modelo piloto replicable en el resto de las islas del Delta del Paraná. El argumento es atendible: delegar la planificación de forma fragmentada en municipios locales, que por convicción o necesdad suelen priorizar la recaudación fiscal mediante cánones o licitaciones, obstaculiza la visión ecosistémica global que exige un humedal.
La Multisectorial Humedales denunció en un comunicado que este viernes, poco después del intento de intrusión en Punta Armado, se inició un foco de incendio en la parte sur de la Isla de los Mástiles.
«Pocas horas después, la isla se prende fuego del lado sur. En el día de la fecha, 26 de septiembre, se trasladó personal a la isla a fin de combatir las llamas y resta la guardia de cenizas», señala el texto. Y reclama: «Imposible no exigir una investigación que llegue a los responsables. Sean quienes sean que hayan ocasionado el incendio, deben ser identificados y penalizados».
La multisectorial insiste en un accionar más contundente para desactivar la reiteración de hechos que, como incluso sostuvieron funcionarios provinciales y nacionales, son iniciados intencionalmente. «Justo sería además que los operativos que cuestan fortunas recaigan sobre los responsables. No podrán devolver la vida que el fuego quitó, pero al menos que cubran costos, más allá de las multas que les caben por los delitos cometidos», sigue el comunicado.
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