Es descendiente de croatas y criollos. Su abuelo paterno llegó de Dalmacia y su apellido, Kvasina -una de las acepciones del vinagre de vino en aquella lengua-,, se castellanizó en la pampa gringa como Kuasina. Pero su sangre también tiene el temple del campo: su abuelo materno era peón rural, domador de caballos, y sus ídolos en la infancia eran dos jinetes campeones argentinos de doma en Jesús María. “Cuando era niño, mis ídolos no eran jugadores de fútbol”, confesó en su paso por el stream Política de El Ciudadano. Esa vocación frustrada de domador -“la bota de potro no es para cualquiera”- quedó atrás para cumplir con un mandato familiar: “Vos tenés que estudiar, vos te tenés que ir del campo”, le decían. Hoy, Iván Kvasina es juez camarista en lo Civil y Comercial de Rosario y preside el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Y aunque la toga lo alejó de las cabalgatas, aún guarda el deseo de volver al campo cuando finalice su carrera en la Justicia.
Kvasina trazó un diagnóstico sobre los desafíos de la justicia en tiempos de liderazgos que reniegan de los controles. Citó al escritor italiano Giuliano Da Empoli y su libro La hora de los depredadores, mencionó al politólogo argentino Guillermo O’Donnell y sus “democracias delegativas”, y advirtió: “Desde hace unos años ya se viene perfilando un modo de ejercer el liderazgo político que reniega cada vez más de los controles institucionales”. Para el juez, eso pone en tensión a la justicia con el poder político. Al mismo tiempo, advirtió que la justicia y la prensa están “acechadas por peligros parecidos”.
El origen, el campo y el mandato de estudiar
Nacido en San Gregorio, un pueblo de unos 5.000 habitantes en el sur de la provincia, Kvasina creció en un entorno donde todo apuntaba a la universidad. “Era casi como un mandato cultural que uno recibía en aquella época”, recordó. El mismo hombre que le enseñó a andar a caballo le decía: “Vos andá y estudiá. No seas como yo que vivo acá limpiándole el culo a las vacas”. Su hermana menor es médica; él, abogado. “Se les inflaba el pecho a mis viejos de los hijos profesionales”, dice con una sonrisa.
Pero el derecho no fue una elección arbitraria. Siempre le interesaron las ciencias sociales, cursó hasta tercer año de Ciencia Política y se inclinó por la abogacía, con una clara vocación por lo público. “Profesionalmente puedo dar más y mejor calidad en lo público que en lo privado”, afirmó. Hoy, desde el Colegio de la Magistratura, su función es clara: defender las condiciones de independencia y autonomía de jueces y funcionarios para que puedan resolver conflictos “exentos de presiones”. Un pilar esencial, subraya, para el estado de derecho y para que la propia democracia funcione.
Kvasina insistió en un punto que suele perderse en el debate público: el sistema de justicia penal es apenas una fracción del entramado judicial. “El grueso de la conflictividad social se maneja desde los fueros civil, comercial y laboral”, explicó. Problemas de familia, herencias, reclamos laborales: eso es lo que la mayoría de la gente lleva a los tribunales. Sin embargo, “la justicia penal es la que se lleva todas las luces dentro de lo que es la atención pública”. Esa distorsión, advierte, alimenta un relato que no refleja la realidad cotidiana de la ciudadanía.
La tensión con el Ejecutivo: “Siempre los controles generan incomodidades”
La relación entre el gobierno provincial y el Poder Judicial tuvo –y tiene- momentos de tensión. Kvasina lo atribuye a una multiplicidad de factores, pero señala un patrón recurrente: “Quienes provienen de la elección popular tienen una tendencia a también querer monopolizar lo que se llama la verdad oficial, a tener la última palabra en todo lo que son las decisiones estatales”. Esa vocación de concentrar poder, dice, choca con el rol constitucional de los jueces. Y critica la estrategia de instalar la imagen de una “casta privilegiada” de magistrados. “Yo no soy socio de ningún club, no sé jugar al golf”, ironiza en relación a una frase del gobernador Pullaro cuando en 2024 los jueces se movilizaron por la reforma previsional y los cambios en la designación de magistrados: «Algunos dejaron los palos de golf porque le tocaron el bolsillo», dijo en aquella oportunidad el mandatario provincial.
Y redobla la defensa: “Algún funcionario del gobierno dice: ‘Porque nosotros venimos de pueblos del interior, no como ustedes’. Y yo también vengo de un pueblo del interior”. Para Kvasina, el diagnóstico del gobierno sobre la justicia está errado, y la reacción a los controles judiciales -sea desde lo penal, lo contencioso administrativo o lo constitucional- es una constante histórica que se ha agravado en los últimos años.
Peligros compartidos
El camarista comparó la suerte de la justicia independiente con la de la prensa. Y para eso retomó una idea del periodista Gustavo Grabia: “Las empresas periodísticas son cada vez más empresas y cada vez menos periodísticas”. Y observó con preocupación la concentración de medios en manos de empresarios con intereses políticos y económicos, un fenómeno que también se ve en Estados Unidos. “Hay una cierta ambición siempre de ampliar el poder y de controlar estructuras”, afirmó. Eso, advierte, pone en peligro tanto la libertad de expresión como la independencia judicial. “Veo que estamos acechados por peligros parecidos”.
Reformas sin escucha
Kvasina reconoció que en la reforma constitucional del año pasado hubo espacios de participación -audiencias públicas, presentación de proyectos-, pero marcó sus diferencias en relación a ese proceso. En particular, criticó que el órgano de selección de jueces haya quedado en manos del ejecutivo, lo que “le da la posibilidad a quien ejerza circunstancialmente ese cargo de seguir monopolizando el sistema de designación de jueces”. También cuestionó la composición del Tribunal de Enjuiciamiento, con mayoría de legisladores, algo que “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya ha calificado como negativo para la independencia judicial”.
Pero el mayor reproche llega con las reformas procesales, algunas ya aprobadas y otras actualmente en consideración y debate. “Hay un déficit en el diálogo con quienes están en contacto directo con los problemas que se pretenden resolver”, sostuvo. Y puso ejemplos concretos. La reforma del Código Procesal Laboral, aprobada por el Senado, prevé que todos los juicios por enfermedades y accidentes laborales sean periciados por “apenas tres peritos judiciales en toda la provincia”. “Estamos ante una imposibilidad material evidente que no se pensó”, advirtió. “Hoy día, si la tuviéramos que aplicar literalmente, paralizaríamos la casi totalidad de los juicios laborales”, explicó.
En el caso de la reforma del Código Procesal Penal, las objeciones son aún más profundas. Kvasina menciona la creación de una única oficina de gestión judicial para toda la provincia y un colegio único de jueces, una iniciativa que, a su criterio, es “de muy difícil o quizá imposible implementación práctica”. Y se detiene en los puntos más polémicos: allanamientos sin orden judicial, interrogatorios sin abogado en sede policial y restricciones de circulación por disposición policial. “Hay ya bastante jurisprudencia y mucho dicho en estos cuarenta años de democracia sobre ese tipo de medidas”, aclaró y reconoció que si se aprobara generaría “dudas sobre la constitucionalidad” y podría traer cuestionamientos en el ámbito internacional.
Sin embargo, Kvasina no cierra la puerta al debate. “Yo no soy de aquellos que creen que no puede haber un equilibrio entre protección de garantías y protección de la seguridad. No son términos incompatibles”, aclaró. Pero insistió en que la pelota está en la cancha de la Legislatura, y los legisladores “están obligados también a velar por los derechos y garantías de la ciudadanía”.
