Jorge Julio López: a 20 años de su segunda desaparición, la memoria de un testigo clave y una deuda impune de la democracia

A dos décadas del 18 de septiembre de 2006, la desaparición forzada de Jorge Julio López continúa siendo una de las mayores deudas del Estado argentino en democracia. Aquel día, en el que se llevaban a cabo los alegatos finales del juicio contra el exdirector de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz, el militante peronista de 76 años salió de su casa en Los Hornos rumbo al Palacio Municipal de La Plata para presenciar la audiencia, pero nunca llegó a destino.

Jorge Julio López, nacido en General Villegas y radicado en Los Hornos, era un albañil de oficio y militante peronista. Durante la última dictadura cívico-militar fue víctima del terrorismo de Estado: lo secuestraron la noche del 27 de octubre de 1976 durante un operativo en Los Hornos a cargo de los grupos de tareas dirigidos por Etchecolatz, mano derecha del general de brigada Ramón Camps.

López permaneció detenido-desaparecido durante casi seis meses en las instalaciones del denominado «circuito Camps», pasando por el centro clandestino conocido como Cuatrerismo, el Pozo de Arana, la Comisaría Quinta y la Comisaría Octava de La Plata.

Fue sometido a torturas bajo picana eléctrica dirigidas personalmente por Etchecolatz. Durante su cautiverio presenció los secuestros, tormentos y fusilamientos de sus compañeros de la unidad básica de Los Hornos, entre ellos Patricia Dell’Orto, Ambrosio Francisco de Marco, Norberto Rodas y Alejandro Sánchez.

El 4 de abril de 1977 su detención fue legalizada al ser puesto «a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN)» en la Unidad Penal Nº 9 de La Plata, donde permaneció en calidad de preso político hasta su liberación, ocurrida el 25 de junio de 1979.

El testimonio histórico que quebró la impunidad

Tras la derogación y declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final entre 2003 y 2005, se reabrieron los juicios por crímenes de lesa humanidad. El 28 de junio de 2006, López declaró ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata.

Su testimonio resultó decisivo por el nivel de detalle aportado: precisó fisonomías, nombres, apodos, roles y lugares. Identificó de forma directa a Etchecolatz como su torturador y como quien dirigió de manera presencial las matanzas y ejecuciones de sus compañeros. Sus palabras permitieron catalogar legalmente los hechos cometidos en dicho proceso y sustentar la condena a prisión perpetua contra Etchecolatz como genocida.

“Pensé: ‘Si un día salgo y lo encuentro a Etchecolatz, yo lo voy a matar’. Así pensaba, pero después me dije, qué voy a matar a una porquería como esa, a un asesino serial. Etchecolatz personalmente dirigió esa matanza”, declaró.

El lunes 18 de septiembre de 2006, López se dispuso a concurrir al tribunal para escuchar los alegatos finales. Vecinos y comerciantes lo vieron caminar por la calle en Los Hornos. Los perros de rastreo de las fuerzas de seguridad siguieron sus huellas hasta la intersección de las calles 135, 66 y 67, donde se perdió su rastro y se presume que fue subido a un vehículo.

Aun con su posterior desaparición, la voz de López grabada en las audiencias siguió utilizándose como prueba fundamental en juicios posteriores, posibilitando procesamientos y condenas a otros represores del circuito represivo como Julio César Garachico, Hugo Guallama, Jorge Bergés, Pedro Muñoz y Carlos Landoni.

El expediente judicial por su segunda desaparición ha atravesado múltiples vicisitudes sin haber logrado imputados ni certezas. Inicialmente fue caratulada en el fuero provincial por el Juzgado de Garantías Nº 5 de La Plata como «averiguación de paradero», la causa pasó luego al fuero federal unificada tras la intervención de la Corte Suprema, bajo el número de expediente 16.060 FLP 509/2008 y la carátula «López, Jorge Julio s/desaparición forzada de persona».

Tramita en el Juzgado Federal N.º 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, estando delegada la instrucción desde 2009 en la Unidad Fiscal Federal de La Plata dedicada a crímenes de lesa humanidad, conducida por el fiscal Hernán Schapiro.

La causa pasó sucesivamente por las manos de los jueces Marcela Garmendia, Arnaldo Corazza, Manuel Blanco, Laureano Durán y Ernesto Kreplak.

La pesquisa abarcó la «pista de Marcos Paz» (enfocada en las comunicaciones de los represores detenidos), pericias sobre fosas y tumbas NN en el Cementerio de La Plata y la morgue del Hospital Posadas, así como el análisis crossing de más de 10 millones de registros telefónicos a cargo de la Dirección General de Investigación y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip). Sin embargo, la investigación se vio entorpecida por inconsistencias tecnológicas, desarticulación entre las fuerzas intervinientes (Policía Bonaerense, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria) e hipótesis falsas.

Durante la lectura de una condena a prisión perpetua dictada el 24 de octubre de 2014 por delitos cometidos en el centro clandestino La Cacha, Etchecolatz exhibió ante las cámaras un papel manuscrito redactado de su puño y letra con el nombre «Jorge Julio López», el cual intentó entregar al tribunal sin éxito. Etchecolatz falleció el 2 de julio de 2022 a los 93 años de edad en la Clínica Sarmiento de San Miguel sin haber aportado datos sobre el destino de López.

El 30 de octubre de 2023, la Secretaría de Derechos Humanos del Estado Nacional suscribió un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con los hijos de la víctima, Rubén y Gustavo López. En dicho documento, homologado mediante decreto presidencial el 9 de diciembre de 2023, el Estado argentino reconoció formalmente su responsabilidad internacional por no adoptarse las medidas adecuadas de protección al testigo, las deficiencias sistemáticas en la investigación penal y la consiguiente situación de impunidad.

El acuerdo establece compromisos de reparación económica mediante la conformación de un tribunal arbitral independiente, actos públicos de desagravio e iniciativas legislativas de búsqueda de personas en democracia.

Actualmente, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires dispuso elevar la recompensa a un monto de hasta 10 millones de pesos para quienes aporten datos certeros sobre su paradero.