Un día como hoy, 9 de diciembre de 1985, la Justicia argentina dio cátedra internacional: a Videla y Massera les dieron perpetua por el genocidio en el país entre 1976 y 1983. Serían los cimientos fundamentales para el camino de justicia que recién empezaba
El 9 de diciembre de 1985, Argentina daba un paso al frente en las luchas por la garantía y defensa de los derechos humanos: luego de siete años de terrorismo de Estado, con una democracia incipiente, la Justicia condenó a los integrantes de la Junta Militar al mando de la represión ilegal entre 1976 y 1983.
También conocido como «causa 13», el Juicio a las Juntas abrió un camino para la justicia en el país y sentó las bases para todos los juicios que siguieron.
El juicio había comenzado el 22 de abril de 1985 y finalizó el 9 de diciembre con la sentencia condenatoria. Jorge Videla y Emilio Massera fueron condenados a reclusión perpetua, Roberto Eduardo Viola a 17 años de prisión, Armando Lambruschini a ocho años y Orlando Agosti a 4 años y seis meses. Oscar Graffigna, Arturo Lami Dozo, Leopoldo Galtieri y Jorge Anaya fueron absueltos. El único que no contaba con prisión preventiva era Graffigna.
La fiscalía, integrada por Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, tomó como base de su investigación el trabajo realizado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), creada por orden de Raúl Alfonsín cinco días después de la asunción de su mandato en diciembre del 83. El informe final daba cuenta de 9319 denuncias por secuestros y 14756 hábeas corpus.
La Conadep recorrió todo el país localizando sobrevivientes, familiares de víctimas y visitando los lugares donde se cometieron los crímenes. El juicio comprobó la existencia de un plan sistemático: esto es especialmente importante, si bien condenó a cada uno de los acusados por separado, por arma, y no por Junta -tal como pedía la Fiscalía- entendió que hubo un armado para perseguir y matar.
Durante el juicio hubo más de 800 testimonios y se contabilizaron unas 530 horas de audiencia. La lectura de la condena se transmitió por radio y televisión.
El tribunal consideró que las juntas militares habían elaborado un sistema represivo ilegal, que incluyó la comisión de un “gran número de delitos de privación ilegal de la libertad, a la aplicación de tormentos y a homicidios”, garantizando su impunidad.
El fallo, en su punto 30, ordenó también enjuiciar a todas las personas que tuvieron responsabilidad operativa en las acciones criminales probadas en el juicio.
La celebración por el juicio duró poco: en 1986 se dictó la Ley de Punto Final, fue el inicio de un largo camino de impunidad que incluyó la ley de obediencia debida y los indultos. Entre 2005 y 2006 se reabrieron las causas que investigan los delitos de lesa humanidad, desde entonces ya se dictaron más de 330 sentencias: el Juicio a las Juntas constituye un antecedente fundamental.
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