Comenzó un histórico juicio oral contra integrantes de un grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y el hijo del exalmirante Emilio Massera. Se los acusa de montar una red criminal para apropiarse de casas, terrenos y empresas de víctimas de la dictadura a través de saqueos, escrituras falsas y empresas fantasma
El Tribunal Oral Federal N° 5 de Buenos Aires dio inicio al juicio oral y público contra siete exintegrantes del Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA y el abogado Eduardo Enrique Massera, hijo del difunto represor e integrante de la primera Junta Militar. El proceso empezó el pasado 30 de septiembre y se investiga la planificación y ejecución de un esquema sistemático montado durante la última dictadura para saquear y apoderarse del patrimonio de personas secuestradas.
Entre los juzgados figuran nombres centrales de la represión en la ESMA como Jorge Eduardo “el Tigre” Acosta, Ricardo Miguel Cavallo y Adolfo Donda Tigel, además de Alberto González, Jorge Radice, Juan Carlos Rolón y Juan Antonio Azic.
La causa unifica dos grandes expedientes conocidos como «Chacras de Coria» y «Bienes Basterra», donde se ventilan maniobras ocurridas entre 1977 y 1981 contra al menos nueve víctimas.
Según la acusación fiscal, la banda no solo ejecutaba los secuestros, sino que usaba la estructura del centro clandestino para el robo patrimonial. Obligaban a las personas detenidas —bajo tortura y servidumbre— a realizar tareas administrativas, refaccionar viviendas y confeccionar documentación y DNI falsos dentro de un laboratorio fotográfico que funcionaba en la propia ESMA.
Con esas identidades falsas, los marinos operaban en connivencia con inmobiliarias y escribanías para transferir propiedades y venderlas en el mercado legal. En ese esquema, la Fiscalía ubica la figura de Massera hijo como la pieza clave para armar el entramado jurídico y las sociedades comerciales que permitían lavar los inmuebles robados.
Entre los robos más resonantes que abarca el debate se destacan las 25 hectáreas en Chacras de Coria (Mendoza): terrenos de un altísimo valor inmobiliario pertenecientes a la sociedad Cerro Largo S.A. Sus dueños (Conrado Gómez, Victorio Cerutti, Horacio Palma y Omar Massera Pincolini) fueron secuestrados en 1977. Gómez fue obligado además a entregar diez caballos de carrera de pura sangre.
Por otro lado, se destacan las casas y departamentos en los barrios porteños de Belgrano y Núñez (calle Besares), viviendas en La Plata y una casa en Valentín Alsina (Lanús), esta última quitada mediante presiones a la madre del sobreviviente Víctor Basterra.
A todos hechos delictivos se suma también el robo de medio millón de pesos, vehículos, colecciones de libros y el saqueo generalizado de las viviendas de las víctimas.
El proceso, que cuenta con la participación del fiscal Félix Crous, continuará el próximo miércoles 14 de octubre con la lectura de los cargos, paso previo a la declaración de los imputados y la citación de los testigos.
El predio está ubicado en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires, por Avenida Libertador, muy cerca de la cancha de River. La ESMA está sobre una de las principales vías de acceso a la ciudad y fue el campo de concentración más grande del país, estuvieron secuestradas al menos cinco mil personas y la mayoría no sobrevivió. Funcionó durante los siete años que duró el gobierno militar.
Tal como indica su web oficial, el edificio del Casino de Oficiales “fue el núcleo represivo del Centro Clandestino de Detención” y entre 1976 y 1983 “este edificio tuvo una doble función, era el lugar de esparcimiento y descanso de las altas jerarquías de la Armada al mismo tiempo que lugar de reclusión de las personas detenidas desaparecidas”.
Además, cada miércoles entre 1976 y 1979 salían desde el predio los llamados “vuelos de la muerte”, en los que subían a los aviones entre 10 y 15 personas vendadas y anestesiadas, para luego arrojarlas vivas al mar o al Río de la Plata.
Hay otro rasgo tenebroso de este centro clandestino: allí nacieron al menos 30 bebés de mujeres secuestradas. La mayoría fueron inmediatamente separados de sus madres y apropiados. Abuelas de Plaza de Mayo los busca desde 1977.
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