La banda de la gorra: imputan por reiterado fraude con servicios adicionales a tres policías

El trío fue acusado por una serie de delitos vinculados con la defraudación a la administración pública. Uno está sindicado como el que tenía el poder de decisión y era acompañado por una empleada policial; otro uniformado se dedicaba a controlar en territorio y "pedir atenciones" de alguna víctima

Tres policías, una mujer y dos hombres, fueron imputados por los delitos de malversación de fondos públicos y peculado vinculados con tareas de servicios adicionales que presta la Policia de la provincia. La Fiscalía además imputó  para uno de ellos defraudación en perjuicio de la administración pública, cohecho y exacciones ilegales. El juez actuante formalizó la audiencia y dispuso su liberación con restricciones por 180 días.

El fiscal José Luis Caterina, de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, contó en la audiencia que durante los años 2019, 2020 y 2021 los uniformados gerenciaban los servicios adicionales en la regional, para lo cual fijaban los criterios, horarios, confeccionaban las planillas y las pasaban a la sección Servicio de Policía Adicional.

La operatoria se llevaba a cabo bajo la dirección del Ariel Omar Gorgerino, quien tenía el poder de decisión en relación con los adicionales, contando con el apoyo de Claudia Roxana Maese en la confección de planillas, tarea que esta uniformada ya realizaba con anterioridad al año 2019. habiendo constancias de que se abocaba a operatorias de este tipo con un jefe anterior, siempre según la acusación.

El funcionario agregó que estos dos uniformados contaban en el territorio con Jorge Sebastián Castro, haciendo las veces de controlador y mediador tanto entre Gorgerino y efectivos policiales, como así también entre éste y las víctimas.

Caterina explicó que hubo diversas denuncias de personas que hablan de irregularidades en los adicionales tanto por exceso: es decir por asignar a efectivos policiales horas por encima o por fuera de lo permitido por la ley y la reglamentación.

También había irregularidades por defecto, “cuanto comienza a hablarse de policías fantasmas o prestanombres, expresiones que aludirían a personas de existencia real que se desempeñan de ordinario como efectivos policiales pero que no concurrían a cumplir con el adicional en el objetivo, sino que cedían su nombre y número de asignación como voluntarios para cumplir adicionales, de modo tal que las planillas pudieran reflejar un virtual cumplimiento con los objetivos mandados, con cesión que hacían a cambio de un porcentaje del pago que hubieran percibido de haberse presentado efectivamente, de lo que se deduce la percepción de un complemento a ese porcentaje que se pagaba efectivamente, y que el prestanombre cedía a los responsables de la maniobra que le permitía tener un rédito económico sin presentarse a cumplir con el adicional”, dijo.

Para la Fiscalía, esta maniobra sería compatible con el incremento patrimonial de Gorgerino que no pudo justificarse conforme informe preliminar elaborado por la División de Análisis Patrimonial de la Agencia de Control Policial Delegación Zona Sur, sostuvo.

Una atención

El fiscal le imputó además a Castro haberle solicitado el 22 de noviembre del 2021 «una atención» a una empresa para hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionarios público.

En la primera quincena del 2019, una empleada policial estaba asignada a un adicional en cuya planilla figuraba que debía estar otro compañero también. Cuando lo llamó, le dijo que no iba a ir porque estaba cumpliendo tareas de controlador de adicional y la mujer lo denunció. En la planilla quedó asentado con la firma de Gorgerino ese adicional con dos uniformados.

Este jueves el fiscal imputó al trío como partícipes necesarios de los delitos de malversación de caudales públicos, peculado de trabajos o servicios en calidad de coautores, defraudación en perjuicio de una administración pública. Y a Castro además le achacó el delito de cohecho pasivo y exacciones ilegales agravadas y a Gorgerino falsedad ideológica.

El juez Héctor Núñez Cartelle tuvo por formalizada la audiencia imputativa y dispuso la libertad de los imputados con el cumplimiento de reglas de conducta por 180 días entre ellas la prohibición absoluta de acercamiento a las personas que han denunciado y los testigos que van a declarar.

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