Parece que no murió la causa sobre la megaestafa cripto $LIBRA, en la que el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi sobreseyó al presidente Javier Milei, a su hermana Karina Milei y al resto de los involucrados. Este lunes, Juan Patricio Marchetto, uno de los inversores que se consideran perjudicados por el lanzamiento y posterior derrumbe de la criptomoneda promocionada por el libertario, apeló la medida judicial. Además, reclamó que la investigación penal continúe. Otros damnificados adelantaron que harán lo mismo. Todos ellos fueron apartados del expediente por el mismo magistrado poco antes de absolver a los 11 imputados.
La primera presentación está patrocinada por los abogados Juan Grabois y Nicolás Rechanik. Apunta al juez Martínez De Giorgi y al fiscal Eduardo Taiano, quien solicitó el sobreseimiento de todos los acusados que terminó convalidando el magistrado.
El apartamiento de Marchetto por el juez fue confirmado por la Cámara Federal. Pero el damnificado apeló y debe resolver la Cámara Federal de Casación Penal. Como aún no lo hizo, el inversor sostiene que tiene derecho a impugnar el cierre de la causa para evitar que la definición sobre su carácter de querellante llegue demasiado tarde. Precisamente, un fundamento de Martínez de Giorgi para cerrar el expediente es que no quedaban actores por la parte acusatoria. Y eso porque él mismo los retiró.
Cuestionamientos a Martínez de Giorgi y Taiano
En su apelación, de 40 carillas, Marchetto sostiene que el juez incurrió en «contradicciones» y «confusiones» al firmar su resolución, que efectuó una «valoración fragmentaria» de las pruebas, que omitió considerar otros elementos y que presentó una «fundamentación aparente» para absolver a todos.
El inversor también cuestionó al fiscal Taiano. En la presentación, afirma que ocultó información, demoró la tramitación de prueba, omitió citar testigos, optó por no requerir indagatorias y solicitó los sobreseimientos cuando quedaban pendientes diligencias que él mismo había ordenado.
Entre las medidas pendientes, Marchetto menciona la ampliación de las pericias telefónicas solicitadas a los dispositivos de Orlando Mellino y Camilo Rodríguez Blanco, los «cueveros» que recibieron fondos del estadounidense Hayden Mark Davis.
También le cuestionó al fiscal que nunca citó a declarar a testigos que podían aportar información relevante para reconstruir los hechos. Entre ellos, Ariel Parkinson, Arturo Osete Herraiz, los hermanos Marcelo y Leandro Aranda y la abogada Yanina Nicoletti, quien fue la primera letrada de Hayden Davis en la Argentina.
El recurso también remarcó que ninguno de los once imputados sobreseídos había sido convocado a prestar declaración indagatoria.
La participación de Milei
La apelación insiste en las comunicaciones entre el presidente y Mauricio Novelli, uno de los principales organizadores de la cripto investigados. Se realizaron durante los minutos previos a la publicación con la que Milei promocionó el criptoactivo en su cuenta de X, el 14 de febrero de 2025.
Según los registros citados en el recurso, Novelli llamó a Milei a las 18:44:32, 18:54:38 y 18:58:02. A las 18:56:22, el presidente recibió una llamada entrante del operador. El mensaje presidencial que promocionó $LIBRA apareció a las 19:01:22.
El escrito también se refiere a los movimientos de dinero: las operaciones realizadas apenas antes de que se difundiera públicamente el criptoactivo. Según la reconstrucción que figura en el expediente, 74 billeteras efectuaron 87 transacciones por aproximadamente 13,5 millones de dólares unos 22 segundos antes del posteo presidencial.
«Existen registros objetivos de comunicaciones entre uno de los principales organizadores investigados y el Presidente de la Nación durante los minutos inmediatamente anteriores al lanzamiento, existen operaciones realizadas instantes antes de que la información se hiciera pública; y existe, finalmente, la publicación presidencial que permitió que el público general conociera el contrato e ingresara al activo», destaca el escrito de Marchetto.
El damnificado señala que hay que esclarecer si hubo coordinación entre quienes prepararon el proyecto, quienes operaron antes de su difusión pública y la intervención del presidente.
El escrito también cuestiona que no se haya profundizado lo suficiente en el destino de los fondos aportados por los compradores, la identidad de quienes los recibieron y los vínculos que podrían mantener con los organizadores del lanzamiento.
