La CGT Rosario plantó bandera contra la reglamentación de la reforma laboral de Milei

La publicación del Decreto 407/2026 por parte del Ejecutivo nacional, encargado de reglamentar los aspectos medulares de la Ley de Modernización Laboral 27.802, generó una inmediata ola de rechazos en el arco sindical de la región. Las modificaciones introducidas en los convenios colectivos, los esquemas de registración laboral, la regulación de plataformas digitales y las empresas de servicios eventuales encendieron las alarmas de las conducciones gremiales locales, que avizoran una ofensiva directa sobre sus estructuras institucionales y de financiamiento.

Quien salió a fijar una postura tajante fue Martín Lucero, secretario adjunto de la CGT Rosario y secretario general del Sindicato de Docentes Privados (Sadop) en la seccional local. Para el referente gremial, el andamiaje jurídico desplegado por la gestión de Javier Milei no persigue fines técnicos de optimización productiva, sino un claro disciplinamiento político. “La modernización de la reglamentación laboral no es ni más ni menos que otro avance más en contra de las organizaciones sindicales”, disparó de movida en diálogo con la prensa.

“Nos vamos a encontrar con que es más difícil realizar los aportes y contribuciones a los sindicatos, que los delegados tienen menos posibilidades de interactuar con sus compañeros y que las organizaciones van a estar expuestas a un permanente escrutinio para quitarles la personería”.

Ataque operativo e institucional

Al analizar los alcances cotidianos de la nueva normativa que desregula y modifica la dinámica en los lugares de trabajo, Lucero amplió sus argumentos señalando que el espíritu de la letra oficial “busca limitar las funciones de los sindicatos, cercenar herramientas fundamentales de acción y acotar drásticamente los esquemas de representación”.

Según la lectura de la central obrera local, la letra chica del decreto presidencial impactará de lleno en la sostenibilidad financiera y operativa de las organizaciones de base. “Nos vamos a encontrar con que es más difícil realizar los aportes y contribuciones a los sindicatos, que los delegados de base van a tener menos posibilidades de interactuar con sus compañeros dentro de las empresas y establecimientos, y con sus propias organizaciones gremiales”, enumeró el dirigente.

Asimismo, alertó sobre una mayor fragilidad jurídica ante los organismos de control del Estado, lo que podría derivar en sanciones discrecionales. “Las organizaciones sindicales van a estar expuestas a un permanente escrutinio administrativo, lo cual va a hacer que sea mucho más sencillo quitarles la personería gremial ante cualquier conflicto”, denunció.

El capital concentrado y llamado a la resistencia

Para el titular de Sadop Rosario, la reglamentación de la Ley 27.802 expone la matriz de intereses que defiende el gobierno nacional. “Hay un montón de situaciones en las que se busca intervenir de manera indirecta sobre el funcionamiento autónomo de las organizaciones sindicales para poder presionarlas”, explicó, y remató: “El objetivo de fondo es obtener mayores ventajas y beneficios para quienes manejan el capital concentrado en la Argentina, que es, ni más ni menos, para quienes gobierna este gobierno nacional”.

En el tramo final de sus declaraciones, el referente rosarino apuntó a la necesidad de articular acciones colectivas y legislativas frente a los despachos de Balcarce 50, instando a los diferentes estamentos institucionales a poner un freno al avance normativo.

“Nosotros seguimos llamando la atención sobre el impacto destructivo de estas políticas, seguimos convocando a la resistencia y seguimos pidiendo responsabilidad a todos los funcionarios públicos, especialmente a nuestros representantes legislativos”, remarcó Lucero en tono desafiante, concluyendo en la urgencia de blindar los derechos de los trabajadores frente al nuevo marco de desregulación laboral.