El informe será presentado este miércoles a las 10.30 en el anexo de la Cámara de Diputados de Santa Fe
La comisión de seguimiento del Caso Vicentin en la Cámara de Diputados de Santa Fe presentará mañana su tercer informe de situación, texto que reúne estudios y entrevistas que revelan irregularidades y delitos que apuntaron a un «vaciamiento corporativo», informaron hoy voceros legislativos.
El informe será presentado este miércoles a las 10.30 en el anexo de la Cámara de Diputados de la provincia, situado en 1 de Mayo 1627 de la ciudad de Santa Fe.
El texto fue elaborado mediante «varias entrevistas con distintos actores que se encuentran vinculados en los procesos que atraviesa la empresa Vicentin», como síndicos del concurso, jueces, fiscales y los economistas que generaron dos informes al Banco Nación.
«El presente resumen conceptual de estas charlas resulta ilustrativo de la complejidad de maniobras detectadas desde los diferentes organismos que tomaron contacto con la voluminosa información de la empresa en cuestión», añade el informe al que tuvo acceso la agencia Télam.
En al escrito se mencionan las investigaciones penales y la evolución de la empresa por afuera del concurso de acreedores, como con la venta del frigorífico Fríar, la extemporánea presentación del balance del año 2019 a fines de septiembre de 2020, y la asamblea de accionistas del 15 de octubre.
«El futuro de Vicentin presenta muchas inquietudes tanto en el plano laboral como también en su rol en el estratégico negocio internacional de granos desde Santa Fe y la Argentina. Por eso ratificamos nuestros postulados originales que remarcan la vigencia de la Comisión: defensa de las fuentes laborales, defensa de los intereses nacionales y provinciales y conocer el destino del dinero de Vicentin», resume el texto.
La firma Vicentin, con sede central en la ciudad santafesina de Avellaneda, se presentó en concurso de acreedores en diciembre pasado y en base a esa situación, el Gobierno nacional intervino la firma agroexportadora mediante un DNU, y anunció a su vez un proyecto de ley para expropiarla.
Con el paso de las semanas, el intento de rescate de la empresa no prosperó, por lo cual el Gobierno nacional y también el de la provincia se retiraron, con el argumento que el Estado no iba a rescatar la empresa sin que se apartaran los miembros del directorio que la habían llevado a esa situación.
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