El máximo tribunal analizará la constitucionalidad de las condiciones que pone la ley para acceder de manera gratuita al aceite de cannabis y sus derivados con fines medicinales. También tratará el "derecho al olvido" y un expediente sobre la preservación de especies en peligro de extinción
La Corte Suprema resolvió convocar a una audiencia pública para tratar un planteo sobre el uso del cannabis medicinal.
En su primer Acuerdo de 2022, el tribunal convocará a las partes para analizar un expediente en el que se cuestiona “la constitucionalidad de la exigencia de someterse a un programa estatal de investigación experimental como condición para acceder de manera gratuita al aceite de cannabis y sus derivados con fines medicinales”.
Esa exigencia está contemplada en la ley denominada “de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis” y es cuestionada por distintas organizaciones que observan allí un obstáculo para los pacientes que requieren de ese medicamento para su tratamiento de dolencias como la epilepsia, Parkinson, Alzheimer y autismo.
En el expediente también está en discusión la “prohibición del autocultivo para consumo medicinal para menores de edad”.
La Corte precisó que la audiencia se realizará durante el primer semestre de 2022, pero no informó la fecha exacta de la convocatoria.
También para el primer semestre está prevista otra audiencia pública sobre el denominado “derecho al olvido”, el bloqueo de información disponible en Internet, “en URLs específicas, que aluden a la privacidad de los recurrentes por hechos del pasado”.
El derecho al olvido tuvo su fallo icónico en agosto de 2020, cuando la Cámara Civil ratificó una orden a un motor de búsqueda de internet de quitar los videos y referencias a episodios ocurridos en los años 90 en relación con la denominada “Causa Cóppola”.
El fallo concedió a una de las protagonistas de aquellas escandalosas escenas televisivas el beneficio del “olvido”, en virtud de su nueva vida y para preservar su “derecho al honor”.
La Corte también celebrará audiencias públicas sobre la “Preservación de especies en peligro de extinción y actividad económica –Yaguareté” y la situación de los denominados “Corredores inmobiliarios”.
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