La cuarentena y dos órdenes judiciales no alcanzaron para evitar el hostigamiento a su ex pareja

Tenía una orden de prohibición de acercamiento y de cese de hostigamiento para con su ex pareja pero no tuvo reparos en incumplirlas y presentarse el jueves por la madrugada en la casa de la mujer en Villa Gobernador Gálvez. El hombre fue denunciado y detenido. Este viernes, el fiscal Rodrigo Urriticoechea lo imputó por los delitos de desobediencia a las órdenes judiciales y la violación a las resoluciones que disponen el aislamiento social, preventivo y obligatorio para evitar la propagación de una epidemia. El juez actuante dictó la prisión preventiva por tres meses para el imputado.

A través de una videoconferencia se realizó una audiencia oral y pública contra un hombre identificado como Ángel Ernesto L., de 53 años, quien contaba con una prohibición de acercamiento y un cese de hostigamiento hacia su ex pareja, de 57. El sospechoso se presentó en el domicilio de la mujer cerca de las 3.45 del 2 de abril e intentó irrumpir por una ventana, como no pudo, se fue en la Renault Scenic que había llegado. Tras la denuncia de la víctima, los uniformados de la comisaría 26ª de Villa Gobernador Gálvez lo atraparon en inmediaciones de avenida Capuchinos y pasaje Filippini, describieron voceros policiales y judiciales.

El 20 de enero pasado, el juez Javier Beltramone del Colegio de Jueces de Segunda Instancia había ordenado la prohibición de todo tipo de contacto con la víctima. Mientras que el Tribunal Colegiado de Familia 3° dispuso la prohibición de acercamiento y cese de hostigamiento contra la mujer y su domicilio a un mínimo de 300 metros. Disposiciones judiciales que el hombre violó este jueves con total impunidad.

Este viernes, el fiscal Urriticoechea de la Unidad de Flagrancia le achacó los delitos de dos hechos de desobediencia judicial y también la violación de la disposición de aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el poder Ejecutivo nacional según decreto 297/20 y el gobierno provincial según decreto 270/20 que tienen por objetivo evitar la propagación de una pandemia (Covid-19).

El juez Florentino Malaponte hizo lugar a la audiencia imputativa y dispuso la prisión preventiva del hombre por 90 días.