La Defensa Penal quiere que se incluya la autonomía en la nueva Constitución santafesina

En el marco del proceso de reforma constitucional de Santa Fe, el Servicio Público Provincial de Defensa Penal hizo pública su postura institucional: exige la incorporación expresa del organismo como Ministerio Público de la Defensa, con autonomía funcional, autarquía financiera y plena independencia respecto de los tres poderes del Estado.

«Nuestro primer desafío es lograr el reconocimiento constitucional», afirmó la defensora pública Estrella Moreno Robinson en diálogo con LT10, y explicó que «desde el cambio al sistema acusatorio, surgieron dos órganos: el que acusa, que es el MPA, y el que defiende, que somos nosotros. Pero nacimos por ley y sin un lugar constitucional definido».

La funcionaria recordó que, a nivel nacional y en provincias como Jujuy y Salta, la defensa pública es un organismo independiente del Poder Judicial. “No es una opinión personal, es una postura institucional basada en normativa internacional, convenciones y en la experiencia de América Latina. Una defensa eficiente debe ser autónoma y autárquica para garantizar el acceso a la justicia”, remarcó.

En este sentido, proponen un Ministerio Público de la Defensa con capacidad de elaborar su presupuesto, elegir a sus empleados y definir su estructura interna. También plantean que la selección y remoción de defensores se realice mediante mecanismos autónomos, como un tribunal de enjuiciamiento propio o a través del Consejo de la Magistratura, como ocurre en otras jurisdicciones.

Uno de los puntos clave del comunicado oficial es el pedido de una defensa integral, no solo penal. «Nueve de cada diez personas privadas de libertad son asistidas por la defensa pública», destacó Moreno Robinson, y agregó que “muchas llegan con múltiples problemáticas, como salud mental o conflictos laborales, que no podemos abordar porque trabajamos separados de las defensorías civiles. Proponemos unificar todo bajo un mismo sistema”.

La postura fue presentada a los seis espacios políticos que participarán en la Convención Constituyente. “Hemos tenido diálogos fructíferos. La mayoría comprende que el acceso a la justicia es un derecho humano fundamental y que una defensa fuerte fortalece la democracia”, expresó.

Entre los ejes del documento, se destacan:

• Reconocimiento constitucional del Ministerio Público de la Defensa.
• Independencia total de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
• Función de brindar defensa técnica y asistencia jurídica integral.
• Autogobierno presupuestario.
• Selección y remoción de personal bajo criterios técnicos y autónomos.
• Equiparación de derechos laborales y previsionales con el Poder Judicial.
• Garantía de un piso presupuestario adecuado.

Finalmente, la defensora aseguró: “No pedimos privilegios. Pedimos las herramientas necesarias para defender a quienes más lo necesitan. Porque quienes recurren a la defensa pública no nos eligen: no tienen otra opción”.