En una carta abierta dirigida a los legisladores nacionales, la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Cáritas y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) expresó su profunda preocupación por el proyecto de ley de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada», impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional, y reclamó el rechazo del Congreso a la iniciativa.
Los representantes de la Iglesia advierten que esta normativa podría atentar gravemente contra la soberanía de los recursos naturales y el derecho de los pueblos originarios que llevan adelante históricos reclamos de tierras.
«Creemos que atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse», indicaron en una declaración.
Citando al Papa León XIII, enfatizaron que los bienes de la tierra deben estar al servicio de toda la humanidad y no favorecer solo a unos pocos como pretende el gobierno con el proyecto de ley que se envió al Congreso.
Entre las principales preocupaciones se encuentra la eliminación de limitaciones para la compra de tierras por parte de extranjeros, lo que podría dar acceso ilimitado a tierras asociadas a reservas de agua y otros recursos naturales.
Además, alertaron sobre la derogación de las restricciones ambientales que impedían el uso inmediato de tierras arrasadas por incendios forestales, lo que consideran un incentivo a la especulación inmobiliaria.
La Pastoral Social, Cáritas y Endepa argumentan que «este proyecto debilita la potestad del Estado, en sus distintos niveles, para gestionar el uso del territorio, planificar obras públicas y proteger el interés comunitario, sobre todo a los más vulnerables, frente a intereses privados, tanto locales como extranjeros».
«Cuidar la tierra es cuidar la vida», remarcó el comunicado, haciendo énfasis en que «para las comunidades rurales, campesinas e indígenas, la tierra es identidad, cultura, memoria y futuro», por lo que no puede ser tratada como una «simple mercancía» o «recurso financiero».
Además, resaltaron la urgente necesidad de abordar la crisis habitacional en Argentina, planteando que la ley debe facilitar el acceso a una vivienda digna para todas las familias, promoviendo un marco legal justo para inquilinos y propietarios.
En ese sentido, exigieron que la política garantice un marco jurídico razonable y justo para los alquileres que equilibre las necesidades de propietarios e inquilinos, en lugar de priorizar únicamente la acumulación económica de intereses particulares.
Finalmente, instaron a los legisladores a anteponer el bien común y las generaciones venideras a intereses particulares, poniendo la política al servicio de la caridad y rechazando el modelo de desarrollo que excluye a la mayoría.
«Pedimos a quienes intervengan en el debate de este proyecto, guíen sus opciones por el bien común y el futuro de las generaciones venideras, más que por intereses particulares, poniendo en práctica la nobleza de la política como máxima expresión de la caridad», finalizaron.
Fuente: Data Clave
