La Justicia acusó a 14 personas, entre agentes policiales y civiles, por corrupción, abuso de autoridad y falsedad ideológica

La Justicia acusó a 14 personas, entre ellas agentes policiales y civiles, por una serie de delitos vinculados a la corrupción, abuso de autoridad y falsedad ideológica. La audiencia, dirigida por el juez Hernán Postma, resultó en prisión preventiva efectiva para algunos de los imputados, mientras que a otros se les impusieron medidas alternativas.

Entre los acusados figuran los agentes policiales J.S., D.P., L.B., M.B., R.F. y T.R., quienes enfrentan una amplia variedad de cargos que incluyen falsedad ideológica de instrumento público, cohecho pasivo, omisión de persecución penal, incumplimiento de los deberes de funcionario público, privación ilegítima de la libertad, amenazas coactivas y apremios ilegales, entre otros delitos.

Además, se encuentra entre los acusados los civiles R.G. y S.A., quienes fueron imputados por cohecho activo y, en el caso de R.G., por portación ilegal de armas de fuego de guerra.

El juez Postma dictaminó prisión preventiva efectiva para los agentes J.S., D.P., L.B., M.B., R.F., T.R., así como para los civiles R.G. y S.A. En contraste, otros imputados como M.T., A.M., A.F., F.B., O.P. y M.R. recibieron medidas alternativas con reglas de conducta.

Los hechos imputados

El fiscal Pablo Socca atribuyó a los agentes J.S., T.R., D.P. y L.B., quienes formaban parte de la Brigada Motorizada de la URII, un hecho ocurrido el 22 de noviembre de 2024. En esta ocasión, los policías realizaron un procedimiento en Antequera y Fournier, donde identificaron a dos personas con armas de fuego sin autorización legal. En lugar de proceder con la detención, los agentes acordaron con uno de los involucrados un pago de $2.000.000 a cambio de su liberación, ocultando información en el Acta de Procedimiento para evitar el esclarecimiento de los hechos. Además, se les imputa la omisión de denunciar el delito a las autoridades judiciales competentes.

Uno de los imputados, el Suboficial J.S., solicitó posteriormente el número de teléfono de uno de los liberados y lo extorsionó exigiéndole la venta de su auto y $20.000.000 a cambio de procurar su impunidad. En paralelo, R.G. y L.E.S. fueron acusados por portar armas de fuego ilegalmente y acordar el pago de la coima con los policías.

Por otro lado, la médica policial M.R. fue imputada por falsificar informes médicos para encubrir los apremios ilegales sufridos por un detenido en la Comisaría 10ª de Rosario el 27 de enero de 2025. A pesar de una orden judicial de revisión médica, M.R. desobedeció para ocultar las lesiones sufridas por la víctima.

Otros policías de la Brigada Motorizada, como J.S., M.B., R.F., D.P. y L.B., fueron imputados por privación ilegal de libertad de una persona de 31 años y una mujer de 72 años el 27 de enero de 2025. Bajo el falso pretexto de que estaban comercializando estupefacientes, los agentes fabricaron pruebas, amenazaron y golpearon a los detenidos para forzar confesiones y les imputaron falsamente la tenencia de drogas.

Finalmente, se imputó a M.T., A.M., A.F., F.B. y O.P. por encubrir los apremios ilegales, impedir la constatación del domicilio de un detenido y desobedecer las órdenes judiciales para su revisión médica, con la intención de ocultar las lesiones sufridas. Asimismo, los agentes T.R., R.F. y M.B. fueron acusados de falsificar declaraciones en actas de procedimiento e intentar influir en las investigaciones judiciales sobre el comercio de estupefacientes en Barrio Parque Casas.