El juez federal Ariel Lijo hizo lugar a una serie de medidas de prueba pedidas por el fiscal Gerardo Pollicita, con el fin de investigar los créditos hipotecarios que el Banco Nación otorgó a funcionarios y dirigentes libertarios. A su vez, pidió a la Auditoría General de la Nación (AGN) que efectúe una auditoría amplia de la política de otorgamiento de los instrumentos crediticios en la citada entidad bancaria.
La decisión del juez federal Lijo se dio luego de un dictamen en el cual el representante del Ministerio Público Fiscal pidió que se investiguen las denuncias contra autoridades del Banco Nación (BN) y contra beneficiarios de los créditos. Las denuncias apuntan, por un lado, al ex presidente del BN, Daniel Tillard, y a los beneficiarios de los créditos, por otro. Algunos de estos últimos son Federico Furiase, actual secretario de Finanzas, quien habría recibido un préstamo de al menos 300 millones de pesos; Felipe Núñez, asesor del Ministerio de Economía, que habría recibido una suma similar.
Frente a eso, Lijo ordenó el martes último que la AGN identifique, a la mayor brevedad posible, posibles irregularidades en el otorgamiento de los créditos y quiénes habrían sido sus destinatarios. El magistrado quiere que ese trabajo de análisis se aboque al período comprendido desde diciembre del 2023 hasta la actualidad; es decir, desde que inició el Gobierno de Javier Milei, en adelante.
En otra resolución, el juez Lijo hizo lugar a las medidas pedidas por el fiscal Gerardo Pollicita, en un dictamen al que accedió Tiempo.
En primer lugar, dispuso que se le pida al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, que aporte el marco legal y normativo, las comunicaciones circulares y todo instrumento que regule el procedimiento de otorgamiento de créditos hipotecarios vigente para las entidades bancarias.
Los préstamos que están en la mira
El pedido de información también alcanza al propio BN. Pollicita y Lijo quieren que la entidad remita los legajos de cliente y las carpetas correspondientes a los préstamos otorgados a Furiase, Nuñez; a Juan Pablo Carreira, mejor conocido como Juan Doe en redes sociales, director nacional de Comunicación Digital del Gobierno, que habría recibido un crédito de $112 millones.
Pidió además los mismos datos los de algunos diputados nacionales de La Libertad Avanza como Lorena Villaverde y Mariano Campero, nombrados también en las denuncias.
Tiempo adelantó días atrás que se esperaba el impulso judicial de las denuncias por supuestas irregularidades en el otorgamiento de los préstamos hipotecarios. De ese modo, Lijo y Pollicita, que investigan al jefe de Gabinete Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito y por sus vuelos al exterior, quedaron a cargo de una nueva causa sensible para la administración libertaria.
“Corresponde impulsar la investigación para determinar si, desde la gestión al mando del Banco de la Nación Argentina de Daniel Tillard, a partir de la inobservancia de la normativa financiera específica en la materia y/o concediendo privilegios indebidos, se otorgaron ilícitamente créditos hipotecarios irregulares, beneficiando así a empleados y/o funcionarios públicos y/o legisladores, en detrimento de las arcas de la entidad”, planteó el fiscal en su dictamen.
Las denuncias por presuntas irregularidades fueron presentadas días atrás en Comodoro Py luego de que el programador Andrés Snitcofsky y el estudiante de Abogacía Sebastián Waisbrot publicaran la plataforma «¿Cuánto deben?». Se trata de un listado de dirigentes políticos con detalles de su situación crediticia, a partir del reporte público del Banco Central.
Según pudo saber este medio, ya hubo una presentación de representantes del BN ante la Justicia, poniéndose a disposición de la investigación. Asimismo, en redes sociales hubo varios de los dirigentes señalados que salieron a desmentir las acusaciones por supuestas irregularidades en los otorgamientos crediticios.
Uno de ellos fue el diputado tucumano Campero, que tildó de maliciosa la acusación y dijo que nunca se benefició de un préstamo millonario. «No se trata de un crédito discrecional ni excepcional, sino de una línea hipotecaria en UVA (Unidades de Valor Adquisitivo) abierta a cualquier ciudadano argentino que califique», dijo en X.
En la misma línea se pronunció Alejandro Bongiovanni días atrás. El diputado señaló que «es falso que tomé una deuda hipotecaria con tasas o plazos ‘diferentes’ o ‘preferenciales’ a los generales». En su caso, explicó que fue a 4,5% de tasa, y que se trata de un crédito UVA atado a la inflación.
Ahora, con la investigación impulsada, el juez y el fiscal deberán dilucidar si efectivamente hubo alguna irregularidad reprochable.
Fuente: Tiempo Argentino
