La Justicia provincial deberá continuar la investigación penal contra el ex fiscal Fernando Rodrigo

La investigación contra el ex fiscal Fernando Rodrigo, que utilizó su cargo por escuchar a su ex pareja y su entorno, desató uno de los primeros escándalos en el Ministerio Público de la Acusación (MPA). El caso de violencia de género derivó en la salida de Rodrigo de la Fiscalía y el inicio de una investigación penal que viajó del fuero provincial al federal. La disputa por la jurisdicción que debía intervenir llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación que finalmente resolvió que el caso quedara en la Justicia Provincial, lo que implicará que el MPA deberán continuar la pesquisa contra el ex funcionario que fue parte de sus filas.

Rodrigo fue parte Fiscalía de la circunscripción Segunda con sede en Rosario desde la primera hora, era parte de la Unidad Fiscal de Investigación y Juicio previo paso por la oficina de Violencia de Género, en este rol fue cuestionado por organizaciones feministas. También impulsó e integró la Asociación de Fiscales y cuando fue denunciado era presidente de dicha entidad.

El escándalo se hizo público en agosto de 2017 tras una presentación de un empleado del MPA que trabajaba con el fiscal y detectó que en cuatro causas que investigaba Rodrigo había filtrado números telefónicos que nada tenían que ver con el expediente. Se determinó que  entre los teléfonos que había solicitado intervenir se encontraban el de su ex pareja, de dos amigas de la joven y de su padre.

Al fiscal le allanaron la vivienda y otros domicilios de familiares donde secuestraron material probatorio. Según relataron los pesquisas, en su computadora estaba el material desgrabado de las escuchas.

La denuncia generó una investigación administrativa y Rodrigo pidió una licencia psiquiátrica, fue suspendido preventivamente y terminó renunciando en agosto de 2018.

A la par se inició una investigación penal en la justicia provincial que derivó la pesquisa al fuero federal que rechazó el planteo. Al cumplirse dos años del inicio de la investigación, en agosto de 2019, la fiscal provincial Natalia Benvenutto imputó a Rodrigo por los delitos de peculado, falsedad ideológica y uso malicioso de instrumento público.

Competencia

La disputa se suscitó entre un magistrado del Colegio de Jueces de Primera Instancia de Rosario y su par del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1. El primero declinó su competencia al considerar que los delitos investigados estaban relacionados con las telecomunicaciones en general y con intervenciones telefónicas que son atribución de la competencia excepcional pero el juez federal rechazó la remisión al entender que el sospechoso fue un funcionario público provincial en una causa provincial, hecho que afecta fundamentalmente el funcionamiento de los poderes públicos locales y compromete la responsabilidad de sus oficiales, cuenta la resolución de los ministros del máximo tribunal, integrado por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti.

“La competencia nacional en materia de telecomunicaciones no alcanza a la investigación de delitos comunes que afectan líneas telefónicas de titularidad privada, cometidos por motivos particulares y sin posibilidad de afectar el funcionamiento general del sistema de telecomunicaciones”, dijo la Corte y le dio la razón al juez federal ya que con la comisión de este delito se ven primordialmente afectados los poderes públicos de una provincia, al encontrarse comprometida la responsabilidad de un agente fiscal que abusó de su rol en un proceso penal tramitado en el fuero local, aseguró la Corte Suprema de la Nación y resolvió que en este caso corresponde que la Justicia provincial continúe con la investigación.