La Justicia quiere más pruebas para entender si el vuelco de efluentes cloacales contamina el río

Nadie parece poner en discusión que Rosario necesita una planta de saneamiento para tratar sus efluentes cloacales e industriales antes de volcarlos en crudo al río Paraná. Sin embargo, conseguir que la Justicia así lo considere, y ordene su construcción, parece más que complejo. Meses atrás, la Asociación Civil Cuenca Río Paraná solicitó que se dicte sentencia definitiva en el amparo ambiental que tramita hace cinco años ante la jueza federal Sylvia Aramberri al sostener que tanto la empresa Aguas Santafesinas SA como el Estado provincial ya reconocieron que se debe construir la planta y aseguraron estar trabajando en un plan de obras. La respuesta de la magistrada llegó la semana pasada. Citó a las partes a una audiencia para comunicarles que rechazaba el pedido formulado y que, en lugar de dictar sentencia, ordenaría nuevas pericias para determinar si el vuelco de efluentes cloacales sin tratamiento contamina las aguas del río Paraná.

La Asociación Civil cuestionó la decisión al considerar que es un gasto innecesario, que ya emitieron opinión diversos especialistas y que la acción judicial se basa en el escenario de riesgo, que es lo que debe custodiar el derecho ambiental: “No cuesta mucho concluir que 350 millones de litros diarios de efluentes cloacales volcados sin tratamiento al agua generan un impacto contaminante sobre el río Paraná”, esgrimieron.

Además recordaron que las pericias realizadas por la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval detectaron niveles “escandalosos” de sustancias infecciosas como Escherichia coli en las zonas de vuelco y metales pesados considerados residuos peligrosos.

En ese sentido reiteraron que carece de sentido discutir si es necesario construir una planta de saneamiento siendo que ya fue reconocido por la propia empresa.

Conflicto de intereses

La Asociación Civil Cuenca Río Paraná hizo otro fuerte cuestionamiento a la jueza Aramberri por aceptar que las pericias que ordenó sean realizadas por la Universidad Nacional del Litoral (UNL) siendo que mantiene una relación comercial con la empresa demandada, según destacaron en un comunicado.

En ese sentido, los miembros de la ONG dijeron que no desmerecen el prestigio académico de la UNL, pero «resulta inadmisible que intervengan ya que son quienes actualmente realizan los análisis de laboratorio de rutina de la empresa Aguas Santafesinas SA”.

Ante ello fundaron su petición en los allanamientos realizados por la Prefectura Naval Argentina y los resultados de los análisis de laboratorio dado que sus técnicos especializados detectaron elevada contaminación con materia fecal en rangos “realmente escandalosos”.

“Con esa prueba pericial de la Prefectura la contaminación está sobradamente acreditada, hay riesgo sanitario y riesgo ambiental. Pero por otro lado esos resultados demostraron que los históricos análisis de rutina que presentó la empresa evidentemente o no eran reales, o no estaban bien hechos o sus resultados no estaban volcados de manera fiel a los datos obtenidos”.

Por último reiteraron que realizar nuevas pericias implica un gasto innecesario pero en caso de ser necesarias deberían estar a cargo de un organismo ajeno a la relación entablada comercialmente con la empresa demandada.