Condenaron la forma de disciplinar las movilizaciones sociales, por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación. También se solidarizaron con el diputado Eduardo Toniolli
Bajo el lema «Protestar es un derecho. Reprimir es un delito. La Patria no se vende. Se defiende», la Mesa de Derechos Humanos Rosario expresó su firme repudio al accionar del Ministerio de Seguridad de la Nación, señalando graves abusos durante recientes manifestaciones.
En un comunicado público, la Mesa de Derechos Humanos Rosario denuncia que la represión durante las protestas fue ordenada desde el Ministerio de Seguridad Nacional como una forma de «disciplinar» a la sociedad que resistía la pérdida de soberanía, derechos y la creciente exclusión social. Se informa que la brutalidad policial, ejecutada bajo las órdenes de la Ministra Bullrich, incluyó el uso de balas de goma, gas pimienta, golpes y hasta la profanación de símbolos patrios.
El documento también destaca el caso específico del diputado nacional por Santa Fe, Eduardo Toniolli, quien fue blanco de violencia policial mientras socorría a una joven herida por las fuerzas de seguridad. Además, se le acusa falsamente de agredir a un miembro de las fuerzas de seguridad, una estrategia que, según la Mesa de Derechos Humanos Rosario, busca silenciar y disciplinar a los opositores.
El comunicado, respaldado por una amplia coalición de organizaciones, incluye firmas de distintos sectores de la sociedad civil y políticos locales. Entre ellos se encuentran Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, HIJOS Rosario, Abuelas de Plaza de Mayo filial Rosario, partidos políticos como Ciudad Futura y Justicialista, así como diversas asociaciones y colectivos de derechos humanos y sociales.
La Mesa de Derechos Humanos Rosario concluye expresando su repudio más enérgico al accionar represivo de las fuerzas federales y su solidaridad con Eduardo Toniolli. Asimismo, reafirma su compromiso en la defensa de los derechos de los ciudadanos y el patrimonio de la República frente a los abusos y la impunidad.
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