La petrolera británica y la israelí que operan en Malvinas afirmaron que seguirán con el proyecto Sea Lion

Las petroleras Rockhopper (británica) y Navitas Petroleum (israelí), responsables del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas, respondieron a las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei con la certeza de que no afectarán el desarrollo del yacimiento que explotará recursos en la plataforma continental argentina.

Las compañías difundieron una declaración conjunta luego de que el mandatario argentino anunciara sanciones contra las compañías que participen de la explotación de recursos naturales en las islas sin autorización de la Argentina.

Las operadoras no acusaron recibo de la advertencia tardía del Gobierno argentino. Sostuvieron que continuarán con el proyecto y que las autorizaciones bajo las cuales trabajan, otorgadas por el Reino Unido, permanecen vigentes.

En ese sentido, afirmaron que operan con licencias petroleras otorgadas por el gobierno de las Islas Malvinas y señalaron que cuentan con el «respaldo total y continuo» del Gobierno británico.

Rockhopper, de origen británico, y Navitas Petroleum, de capitales israelíes, consideraron además que los anuncios realizados desde Buenos Aires no modificarán el cronograma previsto para Sea Lion.

«La Sociedad considera que no se prevé que los recientes acontecimientos tengan un impacto significativo en las actividades de desarrollo del Proyecto Sea Lion», indicaron las empresas en su comunicado.

Ya había antecedentes y legislación

Las petroleras se pronunciaron en un comunicado conjunto horas después de la cadena nacional en la que Milei anticipó una serie de medidas destinadas a endurecer las sanciones contra compañías vinculadas con actividades económicas en Malvinas sin autorización argentina. En rigor, la posibilidad legal ya está, y hubo sanciones en el pasado.

Desde 2011 y 2013 rigen dos leyes que establecen inhabilitaciones para operar en el país, multas económicas, decomisos e incluso penas de prisión para quienes participen en la exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental sin autorización del Estado argentino.

La Ley 26.659, sancionada en 2011, prohíbe realizar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización nacional. Además de las propias petroleras, incluye a sus accionistas, consultoras, bancos, proveedores, compañías logísticas y cualquier persona física o jurídica que participe de esas operaciones.

Entre las sanciones previstas figuran la inhabilitación para operar en la Argentina por entre cinco y 20 años, la pérdida de concesiones hidrocarburíferas, la eliminación de beneficios fiscales y la prohibición de contratar con el Estado nacional, las provincias y los municipios.

A eso se suma la Ley 26.915 de 2013 que incorporó sanciones penales. Quienes ordenen o realicen tareas de exploración sin autorización pueden recibir penas de entre cinco y diez años de prisión, mientras que para los casos de extracción, transporte o almacenamiento ilegal las condenas van de 10 a 15 años.

La legislación también prevé multas calculadas sobre el valor internacional del petróleo, el decomiso de equipos y recursos extraídos y la posibilidad de sancionar penalmente a directores, gerentes, administradores y representantes de las empresas involucradas.

Sanciones previas

Las compañías que desarrollan el proyecto Sea Lion ya fueron alcanzadas por esas leyes. Rockhopper Exploration fue inhabilitada para operar en la Argentina durante 20 años en 2013. Y a Navitas Petroleum le impusieron la misma sanción en 2022 por su participación en el desarrollo petrolero frente a las costas de Malvinas.

El proyecto Sea Lion

Sea Lion está ubicado en aguas del Atlántico Sur, a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.

El emprendimiento todavía se encuentra en etapa de desarrollo. Si avanza hasta su fase productiva, implicaría la explotación comercial de petróleo a gran escala en el archipiélago.

La Argentina considera que las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos realizadas sin su autorización vulneran sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

Rockhopper y Navitas, en cambio, ratificaron en su declaración que reconocen las licencias concedidas por las autoridades isleñas y enfatizaron el respaldo británico a esas autorizaciones.

Las compañías también remitieron a sus informes corporativos de 2025 y del segundo trimestre de 2026 para fundamentar su posición respecto del marco jurídico y las perspectivas del proyecto.

La reacción de los mercados tras los anuncios

Pese a que las petroleras minimizaron las consecuencias que podrían tener las medidas argentinas, sus acciones registraron bajas durante la jornada de este viernes.

Hacia las 10.30 GMT, los papeles de Rockhopper retrocedían más de un 5% en la Bolsa de Londres, mientras que los títulos de Navitas perdían alrededor de un 2% en Tel Aviv.

Lo nuevo: los decretos

Tras el anuncio de Milei, este viernes quedaron publicados en el Boletín Oficial el Decreto 868/2026 y del Decreto de Necesidad y Urgencia 867/2026.

El primero reglamenta el régimen previsto por la Ley 26.659 frente a actividades de exploración y explotación de hidrocarburos realizadas sin autorización argentina en la Plataforma Continental y establece nuevos mecanismos para impedir que empresas involucradas en esas actividades accedan a beneficios estatales.

El segundo modifica el Presupuesto Nacional 2026 para ampliar partidas destinadas a Defensa y otras áreas estratégicas. Aunque el texto del DNU no refiere expresamente a Malvinas, el presidente señaló en Cadena Nacional que parte de esos recursos estará orientada a fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur.