Las presentaciones judiciales por préstamos de la banca pública a funcionarios ya tienen jueces asignados. Mientras crece la presión política y mediática, el Gobierno activó una defensa coordinada y prepara documentación para responder ante la Justicia Federal en las próximas horas
El escándalo por los créditos del Banco Nación sumó un nuevo capítulo este lunes con la formalización de dos denuncias penales que ya quedaron radicadas en los tribunales de Comodoro Py. Por sorteo, la primera causa recayó en el juzgado de Daniel Rafecas, mientras que la segunda quedó en manos de María Eugenia Capuchetti, lo que acelera el frente judicial de un caso que ya generó ruido político y repercusiones dentro del oficialismo.
La primera presentación fue impulsada por el abogado Alejandro Díaz Pascual y apunta contra Daniel Tillard, extitular del Banco Nación, y Juan Ernesto Curuchet, superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central. Allí se mencionan delitos como “defraudación por administración fraudulenta”, “defraudación contra la administración pública”, “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público”.
Minutos más tarde ingresó una segunda denuncia, presentada por la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade, acompañada por el legislador socialista Esteban Paulón. En este caso, además de Tillard, se incluye a una lista más amplia de beneficiarios de los créditos, entre ellos Emiliano Mongilardi, Federico Furiase, Pedro Inchauspe, Pedro Núñez, y los diputados Mariano Campero, Lorena Villaverde, Santiago Santurio y Alejandro Bongiovani.
El fin de semana, el Gobierno de Javier Milei salió a respaldar el otorgamiento de estos préstamos luego de que se difundieran los datos, lo que derivó en pedidos de informes en el Congreso, cuestionamientos públicos y ahora las denuncias judiciales. Desde el oficialismo, la respuesta estuvo encabezada por el canciller Pablo Quirno, mientras que el equipo de auditoría del banco, liderado por Darío Wasserman, trabajó en la revisión de cada caso revelado por el sitio Cuánto Deben.
Según trascendió, el Banco Nación presentará este martes su descargo formal ante la Justicia, una vez confirmados los juzgados intervinientes. La documentación incluirá detalles de cada operación crediticia y las condiciones bajo las cuales fueron otorgadas.
El ministro de Economía, Luis Caputo, también se metió en la discusión y defendió a los funcionarios involucrados. “No tienen ventaja respecto del resto”, aseguró en una entrevista televisiva. En esa línea, explicó situaciones puntuales como la de Felipe Núñez, con una deuda inicial de $373 millones, y la de Federico Furiase, quien registra un pasivo de más de $367 millones. “Federico fue a una sucursal”, sostuvo el funcionario, buscando despejar sospechas sobre supuestos privilegios.
Dentro de los nombres que aparecen en el listado también figuran Pedro Inchauspe, con más de $510 millones; Juan Pablo Carreira, Sharif Menem y Guillermo Madero, entre otros. Este último se mostró sorprendido por la polémica y aseguró que accedió al crédito sin beneficios especiales. “Me inscribí sin privilegios a través de la web”, afirmó, y detalló que el préstamo, cercano a $207 millones, fue destinado a la compra de su primera vivienda tras años en la función pública.
Desde el oficialismo insisten en que no hubo irregularidades. Además, agregan que todas las operaciones cuentan con garantías como hipotecas o codeudores y remarcan que las condiciones son las mismas para cualquier cliente que cumpla los requisitos del banco. En ese sentido, Quirno explicó que “las tasas y condiciones ofrecidas son para todos” y negó que se trate de fondos provenientes de contribuyentes.
En paralelo, los denunciantes pusieron el foco en el perfil patrimonial de los beneficiarios. “Resulta evidente que los beneficiarios accedieron a acreencias que no se condicen con sus ingresos”, plantearon Frade y Paulón en su presentación judicial, lo que abre una línea de investigación sobre la capacidad financiera de quienes tomaron los créditos.
El impacto del caso ya tuvo consecuencias políticas. El jefe de gabinete del Ministerio de Capital Humano, Leandro Massaccesi, fue desplazado de su cargo tras conocerse que había accedido a uno de estos préstamos. Si bien desde el Gobierno intentaron despegar su salida del escándalo, el propio funcionario salió a defender su situación públicamente.
La decisión de la ministra Sandra Pettovello generó incomodidad en otros sectores del Ejecutivo. Cerca del Presidente relativizaron el vínculo entre el despido y el crédito, mientras que desde el entorno de la funcionaria admitieron que el tema “le hacía ruido”. En medio de la controversia, Pettovello compartió una frase de Fiódor Dostoievski que alimentó las interpretaciones: “Yo nunca eliminé a nadie en mi vida. Todos murieron en el accidente de la confianza”.
En contraste, desde el Gobierno defendieron a Gabriela Real, otra funcionaria con crédito vigente, al señalar que su situación es distinta porque el préstamo fue tomado durante la gestión de Mauricio Macri.
«Ningún trabajador podría acceder a las condiciones preferenciales que dieron para tus funcionarios, como montos que no se corresponden con sus ingresos, intereses preferenciales y en cómodos plazos. Los tuyos son créditos para la casta!!”, planteó hoy Rodolfo Aguiar.
“No vinieron a destruir el Estado, vinieron a servirse de él. Ahora los trabajadores somos los que queremos créditos de los mismos montos, con las mismas tasas de interés y los mismos plazos de financiación. Esta semana vamos a reunir al Consejo Directivo Nacional de ATE y vamos a organizar para que más de mil delegados y afiliados soliciten préstamos similares en todas las sucursales del Banco Nación en el país”, indicó Aguiar.
“Pensar que el Gobierno nos hizo creer que el Estado tenía que desaparecer para terminar con los privilegios de la casta y son los propios funcionarios y diputados de La Libertad Avanza los que están desesperados por hacer guita con los aportes de todos los contribuyentes”, agregó el titular de ATE.
“Además, en estos casos puntuales es increíble que para otorgar sumas tan elevadas no se les haya exigido el requisito de estabilidad como ocurriría con cualquier otro ciudadano. Los funcionarios, por despido o por renuncia, se pueden ir en cualquier momento. Un ejemplo lamentable viene de mi propia provincia, como es el caso del Jefe de Gabinete de Capital Humano, Leandro Massaccesi, quien adquirió un crédito hace días y lo acaban de despedir. Se la están llevando toda”, agregó el referente estatal.
Fuente: dataclave.com.ar
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