La pregunta ¿qué pasó con la Flaca? se volvió denuncia y esperan que la Justicia logre la respuesta

Este miércoles 17 representantes y participantes de diversas organizaciones que trabajan la problemática de drogadependencias y sida desde la óptica de la reducción de daños, políticas de género y derechos humanos realizaron una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación de Rosario por la “posible desaparición y/o muerte dudosa con usurpación de propiedad” respecto a la persona y bienes de Silvia Rosa Castro. ¿Qué pasó con la Flaca?, es la pregunta que se hacen quienes acompañaron la presentación judicial, que condensa todas sus dudas y temores tras haber reclamado respuestas en un acto frente a la propia casa en la que se crió Silvia, y que hoy está en venta, en manos de un “amigo íntimo” de ella, a quien nadie conoce ni supo antes de su existencia.

Miembros de la Asociación Argentina de Reducción de Daños (Arda), del Centro de Estudios Avanzados en Drogadependencias y Sida de la Universidad Nacional de Rosario (Ceads-UNR), de la Red Argentina por los Derechos de los/as usuarios/as de Drogas (Radaud) y del Centro Comunitario Fuerte Apache hicieron suya la presentación, que busca dar con la verdad sobre quien participó junto a ellos de innumerables actividades de solidaridad.

“Silvia Rosa Castro tenía 59 años, era soltera, sin hijos, y vivía sola en su propiedad de calle Garibaldi 1070”, la recuerdan, y destacan que era “una comprometida operadora barrial y comunitaria en las temáticas de drogadependencias y sida”, y que colaboraba también con el Programa Municipal de Sida. Evocan su empatía con los más vulnerables, “transformando sus propios problemas y sufrimientos del pasado en compromiso para la ayuda de drogadependientes y portadores del VIH”, y que lo hacía “siempre de forma altruista y luchando contra todo tipo de discriminación”.

“No tenía conflictos, gozaba de excelente relación con todo el barrio y su casa era un lugar de paso y cobijo para toda persona vulnerable que necesitara ayuda. También lugar de encuentro de las organizaciones que trabajan en la reducción de daños y ayuda a drogadependientes y portadores de VIH”, completan.

Todo ello se alteró cuando, por la pandemia de coronavirus, la Flaca debió resguardarse. Pero la prudencia se convirtió en repentina ausencia: “Desapareció de los lugares que frecuentaba entre fines de diciembre y principio de enero. Afirman que tenía miedo de que le usurpen la casa, por lo cual no se alejaba demasiado del barrio, ya que le habían usurpado una casa en la parte trasera de la propiedad hace unos años”, hicieron constar en la presentación judicial. “Las circunstancias que rodean el caso son confusas y surgen indicios que llevaron a los firmantes, bajo el asesoramiento y patrocinio letrado del abogado Claudio Andrés Guemberena, a presentar información valiosa a efectos que el Fiscal a cargo de inicio a la Investigación Penal Preparatoria”.

La denuncia contiene información sobre “las contradicciones entre la posible fecha de internación según la manifiesta el actual poseedor de la propiedad, y la última vez que fue vista en el barrio”, explicó el colectivo. “También sobre la venta de la propiedad, un posible operativo policial llevado a cabo en la misma, y contradicciones sobre la posible sepultura”.

Por ello piden que la Justicia “investigue en que circunstancias falleció, si ello efectivamente ocurrió”, que determine “que pasó con su cuerpo” y que se den certezas sobre “la aparente compraventa” de la propiedad de Garibaldi 1070, “que actualmente está en venta” por parte de su poseedor, quien afirma que “internó y tramitó la sepultura de Silvia”.

La información que pudieron recabar forma parte de la denuncia, en la que se pide una serie de medidas probatorias y de investigación. “La posible víctima no tenía familia, pero si tenía muchos amigos, amigas y organizaciones con las cuales trabajó la problemática de drogas y VIH sida durante más de 20 años”, advirtieron, y marcaron que sólo quieren “saber la verdad y, de corresponder, justicia” por la Flaca.

A la denuncia también presentaron su adhesión el Sindicato de Enfermería de Santa Fe, el Centro de Desarrollo Integral para la Familia y la Mujer, la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario, el Encuentro Sindical Clasista, el merendero Tiempos de Gloriala agrupación Coordinación Docente de Amsafé/CTA, Mujeres por la Libertad Santa Fe, la Corriente Nacional Lohana Berkins, la Federación Juvenil Comunista de Rosario, el merendero Juntos por algo mejor, Alternativa Clasista, la Corriente Antirrepresiva por los Derechos Humanos y “amigos, compañeros y vecinos cuyos datos no se hacen públicos, al igual que los denunciantes, para salvaguardar su privacidad y seguridad”.

La causa, con claros indicios y contradicciones según la valiosa información aportada a la Investigación Penal Preparatoria, en caso de comprobarse algunas de las hipótesis que circulan en el barrio, seguramente generará repercusión por sus características.