La precarización laboral no es ni nueva ni propia del trabajo periodístico, en todo caso lo atraviesa y ese sentido le corresponden la generales de la ley.
Existe el supuesto teórico, un tanto simplista y reduccionista, que todos los males y la tragedia de la profesión – oficio es producto del “salto tecnológico”, o mejor, del impacto de la Tecnologias de Comunicación y la Información (TIC). Algo de eso hay. Pero, ¿antes no?
Los primeros antecedentes de disputa de los trabajadores de prensa se remonta a finales de la a la década del veinte hasta que en 1938 se realiza un Congreso Nacional de Periodistas en Córdoba, cuna de la reforma Universitaria.
De ese Congreso surge un borrador que, seis años después, se materializará en el Estatuto del Periodista, con una consigna clara: “El Estado garantiza la libertad de expresión cuando protege la labor de los periodistas y no a las empresas”.
En efecto, en 1944, con el impulso del joven Coronel Juan Domino Perón, se sanciona el decreto-ley 7.618 que sentó las bases para el reconocimiento legal de los trabajadores y las trabajadoras de prensa en la Argentina.
Así, la sanción del Estatuto del Periodista Profesional (EPP), ratificado por ley en 1946 (Ley 12.908), fue una de las primeras medidas adoptadas por Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión.
En este sentido, dice el historiador James Cane: “Los periodistas ocupaban una posición clave en la producción y circulación de dos mercancías fundamentales para la elaboración de cualquier proyecto político: información e ideología».
En esa misma línea, el abogado laboralista Mariano Suárez remarca que “es una ley de una extraordinaria vigencia”.
Y agrega: “Un acierto que tiene el Estatuto es que está escrito como una norma jurídica dinámica que permite incorporar los cambios tecnológicos y los cambios en las condiciones de trabajo sin necesidad de modificar la ley. Con un texto muy cercano al original, el Estatuto atravesó la llegada de la televisión, la irrupción de internet y la situación actual del periodismo sin necesidad de una reforma legislativa. Todos los días se utiliza para resolver litigios individuales y colectivos de trabajadores de prensa públicos y privados, y sigue siendo una herramienta útil”.
Esta brevísima reseña da cuenta de la historia de pelea de las y los periodistas cuando se percibieron trabajadoras y trabajadores.
Los periodistas y comunicadores sociales, como trabajadores, no están exentos del fenómeno de cambios en el mundo del trabajo, que obedecen a cuestiones estructurales y coyunturales que afectan simultáneamente las condiciones de trabajo y el mercado laboral.
Así la realidad laboral actual configura un combo explosivo: pluriempleo, bajos salarios y condiciones laborales de precarización y flexibilización.
Además, estudios recientes indican jornadas de trabajo que exceden largamente las seis horas diarias, descansos reducidos, horarios irregulares, trabajos nocturnos, polivalencia de tareas, multifuncionalidad: ejercer una profesión insegura, y con tendencia al autoempleo, al subcontrato o al trabajo informal, con un perfil policompetente y multifunción.
En este contexto, resulta un desafío volver a las fuentes: las leyes del trabajo deben regular las nuevas relaciones laborales.
Particularmente en los trabajadores de prensa, muchos de los cuales mantienen relaciones de empleos flexibles, que redundan en condiciones de precariedad. Y esto no sólo impacta en la calidad del empleo, también, es claro, en la calidad de la información y la libertad de expresión.
La información es un derecho humano básico. No debe quedar duda.
Aquella disputa, de hace más de 80 años, hoy es la misma. Hoy es nuestra pelea. Y no podemos fallar.
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