Le dieron domiciliaria a la ex del Turco Azum en la causa que investiga lavado narco

La Cámara Penal morigeró la prisión preventiva que un juez de primera instancia había impuesto a la ex pareja de Yalil “Turco” Azum, un hombre sindicado como un peso pesado del hampa local en materia de lavado de activos y financiamiento a bandas narco. La mujer de 34 años y cinco hijos menores había sido imputada el 8 de septiembre en una causa por asociación ilícita, ocasión en que le fue impuesta una cautelar por el plazo de ley, es decir al menos dos años. Esa medida fue apelada y este lunes la camarista Gabriela Sansó le otorgó prisión domiciliaria. El fallo tuvo en cuenta el interés superior de los hijos.

“Acaso lo más importante del fallo es que la jueza marcó que hay cuestiones y roles propios que no se pueden satisfacer con cuestiones económicas, sino que son roles propios de la madre o el padre. Como en este caso puntual, la asistencia de cinco hijos menores, uno de ellos en etapa de lactancia, que pone en juego la cuestión alimenticia. Además, de las tareas del colegio”, valoró el penalista Ezequiel Torres, que asistió a la imputada, Marina Mabel G., de 34 años.

El 8 de septiembre la dupla de fiscales Alejandro Ferlazzo y Viviana O’Connel imputó a un grupo de seis personas, encabezadas por Yalil “Turco” Azum, por integrar una asociación ilícita dedicada a blanquear dinero proveniente del narcotráfico, la usura y el juego ilegal. La banda, según la acusación, daba créditos con el dinero que llegaba del narcotráfico con tasas usurarias, el juego ilegal y para intentar dar apariencia de legalidad compraban flotas de taxis e inmuebles para el alquiler temporario tanto en la ciudad como en Córdoba.

En esa audiencia, en la que la Fiscalía adelantó que faltaba profundizar la investigación, se habló de un flujo importante de dinero: “En una recaudación diaria había casi 2 millones de pesos y unos 7.900 dólares”, dijeron los acusadores del negocio ilícito. La red se empezó a investigar en 2018 por el llamativo movimiento de dinero que hacía Yalil Azum junto a miembros de su familia. Cuando los investigadores buscaron el origen de esos fondos se toparon con una vieja investigación que relacionaba ese dinero con el narcotráfico.

De los cinco imputados con arresto preventivo dos de ellos apelaron y este lunes las partes debatieron la cautelar impuesta a Marina G. y a Maximiliano González de Gaetano.

El penalista Torres planteó en torno de Marina que el juez de primera instancia no contempló que dos de los cinco hijos de la imputada tienen menos de 5 años, hizo referencia a los problemas de salud de la abuela que está a cargo y destacó que la mujer no tiene antecedentes penales.

“La Fiscalía –dijo Torres a este diario– planteó que la imputada tenía la posibilidad de recursos económicos para pagar a alguien que se haga cargo de los hijos; y la defensa planteó varios fallos de Cámara Federal y del ámbito provincial en los cuales estaba en juego el interés superior del menor y el principio de humanidad ratificado en diversas convenciones por el Estado y en la Convención de Derechos del Niño”.

La jueza interviniente le dio lugar al planteo y morigeró la prisión preventiva. Ahora la mujer estará en su casa con tobillera electrónica con prohibición de salida del país y la obligación de permanecer en el lugar y prohibición de contacto con cualquiera de los coimputados

Torres además cuestionó la evidencia que esgrime la Fiscalía. “En la causa se la sindica por dos llamadas; una de ellas por la compra de una vivienda. Y por ser la mujer de. Llamar por comprar un domicilio, sea de un millón y medio de dólares, no significa nada porque en definitiva no lo compró, cualquiera puede hacerlo por curiosidad. Es una cuestión abstracta. En cuanto a su relación con su ex pareja, ella estaba separada hace ocho meses y los une ser padres de cinco hijos en común”, planteó.

No tuvo la misma suerte el gremialista González de Gaetano, que pronto irá a juicio en la famosa causa conocida como megaestafa inmobiliaria. El penalista José Luis Vásquez argumentó que no existe sospecha que pueda sostener imponerle a una persona dos años de prisión de modo preventivo, un plazo que consideró como una pena anticipada. La Fiscalía ganó la pulseada y la jueza resolvió mantener el arresto.