La Legislatura aprobó el proyecto del diputado Joaquín Blanco por el cual se obliga a registrarse a las empresas que comercialicen bienes de consumo o servicios a través de sistemas de venta directa. Estiman que 70 mil personas se dedican al rubro en la provincia y 900 mil en todo el país
La Legislatura santafesina dio sanción definitiva al proyecto del diputado socialista Joaquín Blanco por el cual se establece la obligación de registrar las empresas y personas jurídicas que comercialicen bienes de consumo o servicios a través de sistemas de venta directa dentro del territorio provincial.
“Esta ley apunta a todas las personas que se dedican a la venta por catálogo para empresas muy conocidas de productos de belleza, ollas y otros rubros, que mueven la economía informal de los hogares pero que representan un ingreso muy importante”, explicó Blanco luego de la sesión de la Cámara de Diputados en la cual obtuvo sanción definitiva su proyecto.
El sistema de venta directa por catálogo o puerta a puerta es un negocio millonario. Se estima que las empresas del sector facturan alrededor de 45 mil millones de pesos al año en todo el país. En la provincia de Santa Fe, alrededor de 70 mil personas trabajan en el sistema de venta directa y se estima que son 900 mil en todo el país.
“Con esta ley –indicó Blanco– cuidamos a los revendedores independientes para que conozcan sus derechos y no sean estafados por las empresas que quieran llevarlos a un esquema de venta piramidal y también protegemos a los consumidores porque a partir de esta ley habrá una oficina donde podrán recurrir y reclamar”.
La ley obliga a las empresas –en muchos casos multinacionales– a registrarse en la provincia de Santa Fe y abrir una oficina comercial, en caso de no contar con un lugar físico de funcionamiento.
La autoridad de aplicación será la Secretaría de Comercio dependiente del Ministerio de la Producción de la provincia, con participación de las asociaciones de usuarios y consumidores y de la Defensoría del Pueblo.
La nueva normativa establece que el Estado provincial podrá multar y, llegado el caso, prohibir el funcionamiento de las empresas que no cumplan con todos los requisitos.
Para los revendedores, no implica ninguna carga ni tributo. “No son consideradores trabajadores autónomos, sino revendedores independientes, pero tienen la obligación de facturar lo que venden y lo que compran como en cualquier actividad independiente”, concluyó el diputado Blanco.
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