El Observatorio de Tierras, que integran investigadores de distintas disciplinas del Conicet y la UBA, relevó la enajenación territorial en las provincias del litoral. El proyecto que intentará tratar el oficialismo libertario este jueves en el Senado abrirá las puertas a su profundización al eliminar los límites de la ley vigente. Una amenaza a una región presionada por la disputa geopolítica global y la resignación a un desarrollo soberano
El oficialismo libertario intentará, en la sesión del Senado prevista para el próximo jueves, tratar lo que bautizó como «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada». Ese proyecto, entre otras cosas, elimina las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de capitales extranjeros que establece la Ley de Tierras de 2011. El Observatorio de Tierras hizo foco en lo que sucede a lo largo del Paraná, que además de un río es un extenso ambiente de humedales con un corredor fluvial estratégico. En tres provincias a su vera, Misiones, Corrientes y Entre Ríos, se encuentran algunos de los departamentos con mayor porcentaje de hectáreas en manos foráneas. Si el Congreso acompaña la voluntad del Gobierno, que ya materializó la privatización de la llamada Hidrovía, se habrá completado un combo que amenaza la soberanía en varias materias: desde la producción, la logística, los recursos naturales o incluso la seguridad, hasta la socioambiental.
El mismo Observatorio, integrado por investigadores, académicos y becarios del Conicet y de la Universidad de Buenos Aires (UBA), mencionó en un informe anterior también a la provincia de Santa Fe, otra de las que componen el litoral del Paraná. En el departamento Garay, el 16% de su superficie está en manos de personas o empresas extranjeras. Eso es más que lo que permite la ley vigente 26.737, que es el 15% tanto a escala nacional como provincial y municipal.
Garay se extiende en una superficie de 391.776 hectáreas. De ellas, 61.629 son propiedad de extranjeros. La mayor parte de esas extensiones corresponden a emprendimientos arroceros y ganaderos en la zona de Colonia Mascias. Los capitales estadounidenses son casi la totalidad: suman el 94% de todas las tierras en manos foráneas del departamento.
El quinto informe, bajo el título «El Paraná en venta«, ausculta el ya avanzado, incluso con la legislación restrictiva que ahora se quiere eliminar, traspaso a manos extranjeras de territorios a las orillas del estratégico recurso hídrico. Que no es solo por donde sale la producción del polo agroindustrial del Gran Rosario, cerca del 80% de las exportaciones nacionales de granos, aceites y derivados, el 95% del transporte en contenedores y la totalidad de los envíos de la industria automotriz. Es también un modelador cultural del litoral argentino, un reservorio de biodiversidad junto a los humedales vinculados y una fuente de sustento de las comunidades de pescadores artesanales. Todo un patrimonio que estará más en riesgo si se convierte en ley el proyecto que, además de la norma 26.737, modifica la de expropiaciones (21.499), desalojos (17.454), regularización para la integración socio urbana (27.453) y manejo del fuego (26.815).
«El proceso de extranjerización ya golpea con fuerza a un corredor estratégico del país: la cuenca del río Paraná. Misiones, Corrientes y Entre Ríos –las tres provincias que se despliegan a lo largo de ese río, desde la Triple Frontera hasta el Delta– concentran algunos de los departamentos más comprometidos del país en materia de propiedad extranjera de la tierra«, advierte el informe del Observatorio de Tierras.
Es el quinto estudio de ese colectivo que empezó con el impactante «Mapa interactivo de la extranjerización de tierras en Argentina». El referido al Paraná fue elaborado por Pablo Volkind, Matías Oberlin Molina, Julieta Caggiano, Gabriela Elias, Micaela Medero Larrosa, Maia Sol Ilutovich y Thomás Artopoulos.
«Nosotros le adjudicamos una importancia estratégica al corredor del Paraná, que es la principal vía troncal navegable de nuestro país, por donde sale gran parte del principal producto agropecuario que genera la Argentina, que es la soja, y por eso el control de ese corredor es fundamental«, le dice a El Ciudadano Volkind, profesor y doctor en Historia de la UBA. También dirige el Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria de la misma universidad y el proyecto La cuestión de la tenencia de la tierra en Argentina: problemas y perspectivas en disputa (Siglo XX-XXI).
«El control que tienen muchos capitales extranjeros de las zonas ribereñas en Corrientes es muy importante y en Santa Fe también, aunque el registro sea menor y solo el departamento de Garay, con el 16%, esté superando los límites que fija la ley. Sí hemos detectado, y han trabajado otros investigadores e investigadoras de la provincia, las problemáticas vinculadas con los controles de los puertos, porque el problema no es solamente de control, del Paraná en sí como río, sino el acceso a ese río y lo que se exporta a través de ese río y el control que hay acerca de las embarcaciones, el poder que tienen los puertos y el peso sobre todo del capital extranjero«, acota el coautor del informe del Observatorio.
Se trata, por eso, de una región que si bien hoy no es de las más comprometidas en cuanto a extranjerización del territorio, lo será si el desmantelamiento de restricciones que propone el Ejecutivo nacional allana el camino para que, además de los puertos, queden fuera de todo control nacional sus entornos de importancia logística.
Lo que sucede en el Paraná y en el Litoral no está desconectado de un avance generalizado sobre el patrimonio nacional que afecta el presente pero también hipoteca a futuro el desarrollo autónomo del país. Volkind lo resalta: «Vemos un avance muy significativo de la presencia de capital extranjero de diversos orígenes en el control de recursos estratégicos, y nos referimos a esta vía troncal navegable fundamental, como es el Paraná, a los minerales, las tierras raras y la tierra rural«.
El investigador menciona otra decisión oficial, ensombrecida por un proceso licitatorio manchado por sospechas. «La privatización de la mal llamada Hidrovía está estrechamente vinculada con este proceso de extranjerización de los recursos y de los las zonas estratégicas en términos de frontera y de traslado de mercancías«, contextualiza. «Hay una fuerte disputa en un marco de creciente tensión a escala global entre las potencias mundiales y eso se expresa también en la Argentina, en donde la propia concesión, esta privatización del control del Paraná, también generó muchos cortocircuitos en el propio Gobierno y presiones».
Volkind recuerda que la adjudicataria de la licitación para el dragado y balizamiento en condiciones que minimizan el monitoreo estatal sobre el corredor, la belga Jan de Nul, es objeto de varias impugnaciones. El centro geográfico del negocio es lo que otrora se conoció como el Cordón Industrial al norte de Rosario. «Una zona en donde operan capitales chinos, franceses, norteamericanos, suizos», señala el historiador. Uno de los centros, agrega, de «una fuerte disputa por los recursos entre las grandes potencias, con un Gobierno actual que tiende a alinearse fundamentalmente con la administración estadounidense en un momento en el que el presidente Donald Trump propone lo que denomina el corolario Trump de la doctrina Monroe, como le llama el mismo, en términos de América para los Estados Unidos». Lo que popularmente se bautizó como «el patio trasero» en función de los intereses geopolíticos de Washington.
«Ese es el marco en en el cual nosotros creemos se debe leer lo que está sucediendo en la Argentina y en el en una situación en la cual otras potencias imperialistas previamente también han tenido fuerte penetración, y eso impacta en la dinámica local», resume el integrante del Observatorio de Tierras sobre lo que se pone en juego, la semana entrante y como primer capítulo, en la sesión del Senado.
El Observatorio punteó el escenario de enajenación de territorio que el proyecto libertario propone profundizar bajo el repetido eslogan de la atracción de inversiones allende las fronteras como fetiche de un desarrollo en el que brilla por su ausencia cualquier mención al para qué de esa inversión respecto al desarrollo soberano y el bienestar de las mayorías.
Es la provincia más extranjerizada de la región: el 11,29% de su territorio (más de 325.750 hectáreas) está en manos de capitales extranjeros. A diferencia de otras provincias, donde la propiedad extranjera se reparte entre varias nacionalidades, en Misiones existe un claro predominio del chileno que controla prácticamente ocho de cada diez hectáreas extranjerizadas de la provincia.
Ese dato coincide con una empresa puntual: la firma forestal chilena Arauco, que a través de distintas sociedades vinculadas –entre ellas Alto Paraná SA– es propietaria de más de 240.000 hectáreas en Misiones, lo que la convierte en uno de los mayores propietarios privados de tierra del país. Su negocio son las plantaciones forestales de pino y eucalipto para la producción de celulosa, un modelo de monocultivo a gran escala que desplaza la producción diversificada y el arraigo de los pequeños productores misioneros.
Los siete departamentos misioneros que tienen frente sobre el río Paraná (Posadas, Candelaria, San Ignacio, Libertador General San Martín, Montecarlo, Eldorado e Iguazú) son, con la excepción de la propia Capital, los que exhiben los porcentajes de extranjerización más altos de toda la provincia. Iguazú encabeza el ranking con casi el 40% de su superficie rural en manos extranjeras (114.400 hectáreas). Los cuatro, con fuerte presencia de capital chileno.
El corredor forestal sobre el Paraná es, en los hechos, el de la extranjerización misionera. El intendente de Puerto Libertad, en el departamento de Iguazú, afirmó que «alrededor del 80% de las tierras útiles del municipio pertenecen a una sola empresa, situación que dificulta el crecimiento urbano y la planificación de nuevas obras».
En Corrientes, la extranjerización alcanza el 7,63% de la superficie provincial, unas 554.000 hectáreas. A diferencia de Misiones, aquí el capital extranjero está más diversificado. El estadounidense lidera con más de 122.000 hectáreas, seguido por el chileno (95.400), el holandés (72.000) y el luxemburgués (69.400). Luxemburgo es además uno de los llamados «paraísos fiscales», de apenas 660.000 habitantes cuya legislación favorece la radicación de sociedades pantalla y vehículos de inversión con baja o nula tributación.
Entonces, que casi 70.000 hectáreas correntinas figuren bajo titularidad «luxemburguesa», concentradas en los departamentos arroceros de Goya, Esquina y Curuzú Cuatiá, no necesariamente identifica al verdadero dueño de esa tierra. Detrás, hay una estructura societaria diseñada, entre otras cosas, para dificultar ese rastreo.
El peso del capital estadounidense en Corrientes no es un dato menor: coincide con la expansión de la agricultura de gran escala orientada al arroz, un cultivo en el que grandes fondos de inversión con capitales de Estados Unidos vienen consolidando una posición dominante sobre miles de hectáreas en el centro-oeste de la provincia. En muchos casos, sobre humedales y zonas cercanas al Iberá. El caso más marcado es Mercedes, donde el capital estadounidense por sí solo suma más de 47.500 hectáreas.
De los 24 departamentos correntinos, al menos ocho tienen frente sobre el río Paraná: Ituzaingó, Itatí, San Cosme, Capital, Empedrado, Bella Vista, Goya, Lavalle y Esquina.
La provincia mesopotámica más austral de las tres tiene un nivel de extranjerización menor pero no despreciable: 3,23% de su territorio, unas 247.000 hectáreas. El capital extranjero está repartido entre varias nacionalidades europeas y regionales. El uruguayo encabeza el ranking con más de 44.000 hectáreas, seguido por el italiano (40.700), el holandés (36.000), el español (34.600) y el francés (28.500 hectáreas).
Los departamentos con mayor extranjerización son La Paz (8,76%) y Gualeguay (8,57%), ambos sobre la cuenca del Paraná. Le siguen Concordia (5,68%) y Federal (3,78%), en estos casos sobre el río Uruguay.
De los 17 departamentos entrerrianos, seis tienen frente sobre el río Paraná: La Paz, Diamante, Paraná (Capital), Victoria, Gualeguay e Islas del Ibicuy (en pleno Delta). Concordia, Federación, Colón, Gualeguaychú, San Salvador y Villaguay dan al río Uruguay.
El mapa de nacionalidades entrerriano también tiene su propia lógica territorial. En Concordia predomina el capital alemán (3.220 hectáreas sobre un total de 5.680), en Federal el italiano (más de 3.050 hectáreas sobre 3.780) y en La Paz y Gualeguay —los dos departamentos más extranjerizados— se reparten capitales holandeses, españoles y uruguayos, estos últimos históricamente vinculados a la compra de campos linderos con la frontera este de la provincia.
Juan Echeverría, exdirigente de la Federación Agraria Argentina e integrante de Bases Federadas, describió el mecanismo de desplazamiento que ya opera en su zona. «Los pools de siembra y los grandes actores financieros que hacen extractivismo con la agricultura van desplazando al pequeño productor de los campos que tienen alquilados. Hoy se está pagando en mi zona seis quintales fijos por alquilar un campo por un año y ya aparecen pools locales ofreciendo diez quintales», señaló.
Los datos demuestran que la extranjerización de la tierra en la Mesopotamia argentina no se distribuye al azar: se concentra, con matices propios en cada provincia, sobre el corredor del río Paraná. Los integrantes del Observatorio de Tierras advierten que si el proyecto que impulsa el Gobierno nacional avanza, «nada impediría que ese proceso, que ya es intenso en departamentos como Iguazú, Ituzaingó, La Paz o Gualeguay, se profundice sin ningún techo legal y perdamos un recurso fundamental para nuestro desarrollo soberano». A eso suman el caso, por ahora aislado pero que podría replicarse, del departamento santafesino de Garay.
Frente a este panorama, instituciones académicas y organizaciones sociales, gremiales, campesinas y ambientales de todo el país convocan a movilizarse el próximo 6 de agosto al Congreso Nacional, fecha en que el Senado tratará el proyecto. Una contrapresión social a la extorsión del Ejecutivo nacional sobre gobernadores para que ordenen a sus legisladores, y no sería la primera vez, votar con el oficialismo, en este caso, a favor de la enajenación territorial. Ya sucedió, y fue a cambio de aflojar apenas la mordaza económica sobre sus provincias. Una rotonda que apuntale pretensiones de continuidad política local como pago a la hipoteca del futuro de todo el país, incluyendo las propias jurisdicciones de quienes se amparan en «darle herramientas» a los actuales moradores de la Casa Rosada.
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