Liquidación del fondo de los jubilados, ajuste irreversible para el sistema previsional

El secretario de Finanzas Pablo Quirno, durante el debate por la Ley Ómnibus, en su exposición ante Diputados, confirmó que la propuesta de ley presentada pretende “que se liquide el FGS, bajo consolidación patrimonial”.

Lucila Rivolta/ Cepa Rosario

 

¿Qué es el FGS? El Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Público de Reparto (FGS) de Ansés fue creado el 12 julio de 2007 por Néstor Kirchner, mediante el Decreto N° 897/2007. Se trata de un fondo contracíclico destinado a sostener el sistema previsional frente a eventuales crisis económicas y sociales. Así, en 2008, durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, se avanzó con la re-estatización de las AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones) y los fondos fueron transferidos en forma de activos financieros al actual sistema previsional de reparto (SIPA).

Históricamente, tanto la creación del FGS, la re-estatización del régimen de capitalización (AFJP) y la aprobación de la ley de Movilidad Jubilatoria, han sido logros y derechos conquistados en beneficio de uno de los sectores más vulnerables: las y los jubilados. El sistema previsional actual, administrado por el Estado, se rige por el principio de solidaridad donde los trabajadores activos son los que aportan al régimen para sostener y garantizar las jubilaciones.

El FGS está compuesto por activos financieros tales como: títulos públicos, acciones, plazos fijos, obligaciones negociables, fondos comunes de inversión, fideicomisos financieros y préstamos a provincias. También, invierte en proyectos productivos e infraestructura y realiza préstamos a jubilados y beneficiarios de asignaciones y pensiones.

Según datos oficiales, entre 2008 y 2015, el valor de estos activos ascendían a 62 mil millones de dólares, lo que generó un “círculo virtuoso” ya que el aumento del consumo y los nuevos empleos implicaron una mayor recaudación tributaria y de los recursos de seguridad social. En cambio, entre 2015 y 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, el valor del FGS se redujo casi a la mitad, 35 mil millones de dólares, es decir, una pérdida equivalente al 43,5%.

A noviembre de 2023, en el fin de la gestión del gobierno de Alberto Fernández, el valor del FGS ascendió a 76 mil millones de dólares (donde 13 mil millones de dólares corresponden a acciones, lo que equivale al 17,4% del total de activos del fondo). Sin embargo, el secretario de Finanzas del gobierno actual, estimó que “la valuación actual de las acciones del FGS es de 5.500 millones de dólares”. Este dato expone el plan de negocio del gobierno de Javier Milei, que pretende rematar las acciones a un valor real mucho menor.

En el informe “Ley Argentina en Venta”, publicado por el Cepa, se analiza la gravedad de las medidas expuestas en la ley remitida al Congreso, que significan grandes retrocesos para la clase trabajadora, jubilados/as y Pymes. Una de ellas es la liquidación del FGS, que consiste en la transferencia de los activos del Fondo al Tesoro nacional, para luego ser vendidos a sus dueños originales.

Con el traspaso de los fondos de las AFJP, el FGS recibió acciones de numerosas empresas privadas; las cinco primeras representan el 60%: Ternium Argentina S.A., Pampa Holding S.A., Transportadora de Gas del Sur S.A., Banco Macro S.A., Grupo Financiero Galicia S.A. Dentro de los otros grupos empresarios, se encuentran Aluar S.A., Grupo Clarín S.A., Molinos Río de la Plata S.A., entre otros. Esto le permitió al Estado nacional participar de las asambleas de accionistas de estas compañías.

La liquidación del FGS es la contracara del desguace de las empresas públicas: se privatizan las acciones de empresas en manos del sector público. Para los dueños de estas empresas, la participación de directores en sus filas (derivado del nivel de participación accionaria del Estado en las mismas) constituyó siempre una intromisión inaceptable del Estado en el sector privado. En definitiva, estas medidas logran beneficiar a los grandes grupos del poder económico quienes pretenden recuperar sus acciones, las cuales pertenecen al conjunto de las y los argentinos.

 

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