Con el fin de achicar el déficit fiscal, el gobierno enviará al Congreso proyecto de ley para revertir la rebaja del impuesto a las Ganancias a los empleados de sueldos más altos y lograr una adelantamiento del impuestos a los Bienes Personales.
Serán iniciativas que se sumarán a las diez medidas de ajuste anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo.
Las medidas incluyen, entre otras, la «reversión» del alivio de Ganancias a los trabajadores que votó el Congreso hace un mes y un nuevo esquema de anticipos del Impuesto a los Bienes Personales.
Según fuentes del gobierno, con esas medidas se buscará subir la recaudación en 2 puntos del PBI, para que, sumados a los 3 puntos que espera reducir con los recortes anunciados por el ministro Caputo, llegar al recorte de 5 puntos de gasto y conseguir equilibrar las cuentas del Estado.
La eximición del Impuesto a las ganancias para la enorme mayoría de los asalariados, unas 800 mil familias, había comenzado a funcionar en septiembre por una resolución del entonces ministro de Economía, Sergio Massa, y a fines de ese mes fue refrendada por una ley votada en el Congreso por el oficialismo con el apoyo de otros legisladores, entre ellos, el entonces diputado nacional Javier Milei.
Esa ley estableció que los trabajadores que deben pagar Ganancias son las que ganan 15 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), que hoy significan 2 millones de pesos mensuales. El cálculo que hizo el Gobierno en el momento de la aprobación de la ley indica que sólo el 1% de los trabajadores quedarían alcanzados por el Impuesto a las Ganancias.
Con Bienes Personales, el gobierno no quiere cambiar las alícuotas, pero sí permitir que la Afip cobre más adelantos de ese impuesto, para que el Estado pueda «hacer caja» más velozmente.
Fuentes de Economía también adelantaron que el Ejecutivo tratará además que el Congreso apruebe una suba del Impuesto País del 7.5% al 17.5% que se aplica a los bienes importados de primera necesidad.
Jubilaciones en la mira
El gobierno también buscará modificar la ley de movilidad jubilatoria, que actualmente ajusta los haberes de forma trimestral. Mientras tanto definirá aumentos por decreto, según indicaron fuentes del Ministerio de Economía.
La propuesta deberá ser enviada al Congreso, ya que la fórmula de movilidad se rige por ley.
La explicación para promover este cambio es que “el mecanismo de actualización vigente no permite alcanzar la estabilidad de las cuentas públicas y por tal motivo debe modificarse por incrementos aleatorios, dictados por el Poder Ejecutivo en base a su propio criterio y no a una fórmula prevista por ley”, según consta una publicación de Infobae.
Más allá de que el pago de las jubilaciones impacta en las arcas del Tesoro y por esta razón Economía tiene un papel principal en esta propuesta, desde otros sectores oficiales no estarían de acuerdo con esta línea.
La Ley de Movilidad Previsional que determina los ajustes de los haberes, establece un porcentaje de incremento trimestral, determinado por la variación de un índice que surge de sumar 50% del aumento trimestral de la recaudación de la Anses por beneficiario y 50% de la variación de los salarios. Para este último ítem, se toma el mayor valor entre el Ripte (Remuneración Imponible para el Trabajador Estable) y el índice general de salarios del Indec.
En la actualidad, la fórmula se aplica para el ajuste de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y otros beneficios sociales gestionados a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), tales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.