El concejal rosarino advierte que la denuncia del senador Traferri en la Legislatura es "un apriete a cara descubierta" a los fiscales que llevan adelante la causa de juego clandestino que lo tiene como sospechoso y por la que, sin fueros, estaría detenido.
Para el concejal Roy López Molina, referente de Juntos por el Cambio en Santa Fe, el problema crónico de la violencia en Rosario «tiene causas y nombres» y apuntó a enlazarlo con el deterioro institucional impulsado por «el elenco estable» de la política que «a cara descubierta aprieta jueces y fiscales», en referencia a la nueva denuncia del senador Armando Traferri sobre quienes cuentan con evidencia para imputarlo por corrupción.
«Hay que cuidar a los fiscales Edery y Schiappa Pietra frente al intento real de correrlos», advirtió López Molina, en referencia a los funcionarios que tienen al senador como sospechoso en la causa de juego ilegal.
«Es inevitable enlazar lo ocurrido esta semana en Rosario: el incendio de la sede de Central, la denuncia de Traferri a los fiscales y la aceptación del amparo presentado por Marcelo Sain por la Cámara Laboral. Analizar los hechos de manera aislada o es desconocimiento o es intencionalidad», dijo el edil rosarino.
«Arrojar bombas molotov en el centro de la ciudad y huir corriendo, sin la presencia de ningún patrullero en el lugar o en la zona, es el resultado de una policía que calienta la plaza, conocedora de una nueva falta de conducción política. Volvimos al modelo de gestión socialista», expresó.
Y agregó: «Es un modelo de policía cómodo para el elenco estable que, a cara descubierta y sin cuestionamientos públicos, aprieta jueces y fiscales. Traferri, que de no tener fueros estaría detenido, vuelve a la carga contra Edery y Schiappa Pietra. En la matrix, nadie se sobresalta», apuntó.
Roy López Molina lo hizo en referencia a la investigación penal en la que Luis Schiappa Pietra y Matías Edery señalan con evidencia a Armando Traferri como jefe-organizador y no puede ser imputado por sus fueros, sobre los que el Senado rechazó el pedido.
«La Legislatura, sumisa a ese statu quo, apuró la destitución trucha de quien investigó las reales causas de la violencia que sufrimos, cuando existía un amparo en curso. Hoy sigue abierta la posibilidad de drenar el pantano con una eventual declaración de inconstitucionalidad», agregó el dirigente de Juntos por el Cambio sobre la situación de Marcelo Sain, ex director del Organismo de Investigaciones, por quién la Cámara Laboral admitió un recurso de amparo.
«Lo que nos pasa a los rosarinos tiene causas y nombres. Y eso es así, aunque los sepulcros blanqueados den cátedra de políticas de seguridad. Advertencia final: intentar correr a los fiscales de la causa de juego ilegal activa la garantía federal de la Constitución Nacional, que es la intervención», alertó Roy López Molina en su conclusión.
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