Los inquilinos “están tomando conciencia de sus derechos”

En lo que va del año, la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor ya recibió más denuncias que en todo 2015 sobre problemas entre inquilinos, inmobiliarias y propietarias. En el balance interanual fue un incremento de 30 por ciento, según indicaron desde ese organismo, al tiempo que calificaron de “histórico” el número desde su creación, en 2006.

Por tercer año consecutivo, en el Consejo Asesor de Defensa de la Vivienda Única, Inquilinos y Pymes, que funciona bajo la órbita de la Oficina, se superaron las 1.000 denuncias, una tendencia que, según las autoridades, era impensada antes del 2012. “Los inquilinos están tomando conciencia de sus derechos”, opinó Ariel D’Orazio, representante del Consejo Asesor de Defensa de la Vivienda Única, Inquilinos y Pymes, a la hora de explicar el incremento de las presentaciones.

Los problemas más denunciados son daños o fallas en inmuebles nunca arreglados por la inmobiliaria o el propietario; el cobro de expensas en valores por encima de lo normal y los aumentos del alquiler de manera interanual de forma excesiva, entre otros.

“Un caso que se repite: cuando una persona quiere dejar un departamento y los costos para «volver al estado original al departamento» son excesivos”, detalló el representante del consejo.

Sobre la rescisión anticipada de contratos, desde el consejo informaron que se dieron mucho más en los alquileres comerciales, y reiteraron que con las modificaciones del Código Civil y Comercial no es necesario 60 días de aviso para dejar la locación.

“No hay herramienta en Argentina que imponga precios. Sabemos que algunos propietarios o inmobiliarias pidieron 40 por ciento de aumento para 2017. Eso, cuando las paritarias no alcanzaron ni cerca el 40 y la inflación, ahora con datos oficiales, habla de un 17 por ciento”, agregó D’Orazio.

Mecanismo y decepción

Si bien la oficina tiene un alto porcentaje de gestiones exitosas, mediante las cuales los problemas se resuelven en una mediación entre denunciante y propietario o inmobiliaria, algunos casos llegan a la Justicia. Allí, las fuerzas dependen muchas veces de la espalda para sostener el litigio.

“Los inquilinos optan por agachar la cabeza y pagar de más por lo caro de un proceso judicial”, concluyó D’Orazio.

Piden que se prorrogue una ley que evita el remate de viviendas únicas

Unas 5.000 familias de Santa Fe, 2.000 de ellas rosarinas, mantienen deudas con entidades financieras o prestamistas y están en riesgo. Es que se avecina un fin de año complicado si la Legislatura no extiende una prórroga de la ley 13150, que creó un procedimiento especial para deudores. El peligro es que les rematen la vivienda porque esa normativa es un paraguas que impide ejecutar inmuebles únicos y familiares. “Sería la segunda prórroga aunque hubo baches. La situación es irregular porque muchos jueces no aplican la ley y mandan a subastar estos inmuebles”, explicó D’Orazio.

Balance preocupante

Ayer por la mañana un plenario convocó a organizaciones sociales en defensa de consumidores y usuarios. Participaron la Concejalía Popular y el Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria (Cesyac) y dos bloques políticos del Concejo Municipal, el de Celeste Lepratti, Frente Social y Popular, y Ciudad Futura.

Desde la Oficina mostraron un análisis de cómo se aplicó la prórroga a la ley de emergencia votada en 2015 y que evita el remate de vivienda única, familiar y de ocupación permanente en Santa Fe. La normativa, que había tenido vigencia también durante 2010, estableció un procedimiento especial para que los deudores (no sólo de préstamos) no perdieran los inmuebles en subastas.

Ahora hay preocupación, porque la prórroga de la norma vence a fin de noviembre próximo y todavía no hubo señales entre los legisladores de que vayan a extenderla. La vez anterior que la Legislatura extendió la vigencia de la norma fue en noviembre del año pasado.

“La ley ha tenido buenos resultados, junto a otras leyes, entre muchos damnificados que deseaban pagar deudas. La vivienda única no se puede rematar. Algunos jueces no lo entienden. Necesitamos la prórroga”, explicó D’Orazio.

Las organizaciones pedirán a las cámaras de Diputados y Senadores que debatan una nueva extensión. Hasta el momento, alcanzaría a 5 mil viviendas de Santa Fe.

“Los deudores no se niegan a pagar sino que desean pagar lo justo y relativo a sus posibilidades. Ante la crisis habitacional es imperativo que se impidan los remates de viviendas únicas”, agregó D’Orazio.

Las organizaciones que tienen incumbencia en este tema se volverán a reunir el 2 noviembre para analizar la situación e insistir con la medida. Mientras tanto, gestionan una declaración de interés en el Palacio Vasallo.