Los Ministerios Públicos rechazaron la oferta de espacios que hizo la Corte y exigen el cumplimiento de la nueva Constitución

Las titulares del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del Ministerio Público de la Defensa (MPD) de Santa Fe respondieron al ofrecimiento de espacios realizado por la Corte Suprema de Justicia y rechazaron de plano la propuesta, al considerar que no resuelve el conflicto de fondo por el reparto de oficinas en el nuevo edificio judicial de la capital provincial.

A través de un comunicado institucional conjunto, la fiscal general María Cecilia Vranicich y la defensora general Estrella Jorgelina Moreno Robinson reiteraron que la Constitución provincial «debe ser respetada y cumplida», especialmente por quienes se desempeñan como funcionarios del Servicio de Justicia. Sostuvieron que lo dispuesto por la Corte «no respeta el marco legal aplicable».

La oferta de la Corte

La respuesta llega horas después de que la Corte Suprema difundiera un comunicado en el que anunció que, en Acuerdo Ordinario del 23 de junio, había resuelto poner a disposición del Ministerio Público los espacios del sexto piso del Edificio «Anexo Palacio de Justicia» (Av. Gral. López 2761) y el edificio completo que hoy ocupa el Fuero Laboral Santafesino, en Peatonal San Martín 2651, con una superficie estimada en conjunto de 4.000 metros cuadrados. El máximo tribunal también reiteró el ofrecimiento del edificio donde funcionan actualmente los Tribunales laborales, que quedará libre tras el traslado de esas dependencias, e invitó a los ministerios públicos a una «instancia de diálogo».

La cláusula constitucional en el centro de la disputa

El MPA y el MPD señalaron que esa decisión -identificada como Acordada N.° 23, punto único- «no respeta (…) lo dispuesto por la cláusula décimosexta de las disposiciones transitorias de la Constitución Reformada», que establece que el uso y destino de los inmuebles, espacios y bienes ya afectados al Ministerio Público «no podrá ser modificado sin la conformidad del Ministerio Público». Además, recordaron que la Corte ya había avanzado en sentido similar con una Acordada anterior, la N.° 4, punto 16, del 24 de febrero pasado.

Según el comunicado, en el año 2021 la Secretaría de Gobierno de la Corte había formalizado y afectado los espacios del nuevo edificio a ambas instituciones: el primer piso al Ministerio Público de la Defensa (1.030 metros cuadrados) y el cuarto y quinto piso, junto con parte del subsuelo, al Ministerio Público de la Acusación (2.582 metros cuadrados). Los firmantes remarcaron que «nunca se solicitó conformidad» a sus instituciones para modificar esa asignación, «tal como lo exige la norma citada».

El comunicado también apunta al origen de los fondos que financiaron la construcción del edificio. Según explicaron, la obra fue pagada con un crédito internacional obtenido por la Provincia y habilitado por la Ley N.° 13.543 del año 2016, cuyo Anexo Único estableció un destino «claro y contundente»: la construcción de un Centro de Justicia Penal de Santa Fe. Para los firmantes, «el destino de los fondos públicos no puede ser alterado».

Pese al rechazo, el MPA y el MPD remarcaron que, como órganos autónomos e independientes, continuarán exigiendo el cumplimiento de la ley y de los mandatos constitucionales, para lo cual hicieron reserva de avanzar con las acciones legales pertinentes. Aun así, aclararon que están «siempre predispuestas al diálogo», tal como lo plantearon en una nota conjunta presentada el 1° de abril pasado ante la Corte, que según indicaron aún no recibió respuesta.

Las titulares de ambos ministerios públicos cerraron el comunicado insistiendo en que los ciudadanos de la capital provincial cuenten con un Centro de Justicia Penal que albergue a los tres pilares del sistema —fiscales, defensores y jueces penales— en el marco del proceso de implementación del sistema de justicia penal acusatorio.

La controversia se da a pocos días de la inauguración del nuevo edificio, prevista para el martes 30 de junio, y profundiza la tensión entre la Corte y los ministerios públicos que, según había planteado Vranicich, atraviesan un proceso institucional al que comparó con «un divorcio» tras la separación de los ministerios públicos del Poder Judicial.