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Lotería de Santa Fe denunció apuestas ilegales por USD 16 millones y que involucraron a más de 35.000 menores

La provincia hizo la presentación sobre 385 sitios de apuestas clandestinas donde la Fiscalía verificó las transacciones millonarias en tan sólo tres meses del año pasado. Sin embargo, el juez redujo las sanciones a los imputados, entre los que hay dos casinos legales, de 1,3 millones de dólares de fianza a sólo 70.000 dólares. "Es como excusar a un narcotraficante por evasión", criticó Lotería

La Lotería de Santa Fe presentó ante el Ministerio Público de Acusación (MPA) una causa por una red de apuestas ilegales que movió más de 16 millones de dólares en tres meses del año pasado e involucró a 35.845 menores de edad. Sin embargo, el juez Pablo Spekuljak ordenó desbloquear las cuentas en criptomonedas de los imputados –que sumaban 1,3 millones de dólares– y reemplazó la medida por un depósito judicial de apenas 70.000 dólares.

La decisión generó indignación en el gobierno provincial, que advirtió un grave error en reducir el delito a una discusión impositiva: “Es como excusar a un narcotraficante por no pagar impuestos”, afirmó Daniel Di Lena, vicepresidente Ejecutivo de Lotería. Entre los imputados hay empresas vinculadas a casinos legales en otras provincias como Entre Ríos y Formosa.

La causa

De acuerdo con voceros del gobierno provincial, el 22 de mayo del año pasado el vicepresidente Ejecutivo de la Lotería, Di Lena, junto al ministro de Educación, José Goity y su par de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, radicaron en el Ministerio Público de Acusación (MPA) una denuncia contra 385 sitios web ilegales de apuestas on line. 

La presentación hace hincapié no sólo en las apuestas ilegales sino también en la prevención para los menores del juego clandestino. 

El expediente está a cargo del fiscal Agustín Nigro, de la Oficina de Delitos Informáticos de la Fiscalía Regional 1, y los resultados de las medidas establecieron que en los meses de junio, julio y agosto de 2024, estas páginas tuvieron movimiento por más de 16 millones de dólares, involucrando entre sus apostadores, a unos 35.845 menores de edad.

Como consecuencia de las investigaciones fueron imputadas dos empresas y siete personas con relación directa e indirecta con las mismas, algunos inclusive, con vinculaciones a empresas licenciatarias de casinos físicos en Entre Ríos y Formosa, detallaron voceros del ejecutivo provincial.

“La seriedad en el trabajo que lleva adelante el fiscal Nigro, junto con el apoyo que recibimos de la fiscal general del MPA, María Cecilia Vranicich, nos permitió las imputaciones y las medidas preventivas tomadas en la causa. Pero lamentablemente el juez que lleva adelante la misma, Pablo Spekuljak, morigeró las cautelares llevándolas a un plano irrisorio. Por esto tememos que la causa no nos permita empezar a cumplir nuestro objetivo de lograr ponerle un freno en el flagelo de las apuestas ilegales de menores en la provincia”, expresó Di Lena.

Cifras irrisorias

Los dichos del vicepresidente Ejecutivo de la Lotería se fundan en la última resolución del juez de la causa, quien ordenó la liberación de las cuentas que estaban congeladas como medida cautelar y que totalizaban 1,3 millones de dólares. 

A cambio de esto, los imputados deben realizar entre todos un aporte de sólo 70.000 dólares en la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad).

“Solamente el CEO de Transfero Pagamento S.A. pasa de tener congelados 1,2 millones de dólares en la cuenta, a solo tener que pagar 25.000 dólares. Esto nos preocupa porque vemos actitudes recurrentes del juez, que en diciembre del año pasado, permitió que se desbloqueen los CUIT de las personas imputadas a cambio del embargo de sus vehículos”, reclamó el funcionario.

Entre lo económico y la prevención

Desde la Lotería remarcaron también uno de los puntos en el que centralizó su visión el juez, solicitando al fiscal informar cuál era el daño realizado al erario provincial. 

“Es un grave error querer focalizar y reducir el daño a una discusión meramente impositiva, como cuánto deberían haber pagado por canon; es como que a un narcotraficante lo condenemos por los impuestos que no pagó en la venta de droga y no por narcotraficante”, resaltó Di Lena.

Para concluir, el vicepresidente Ejecutivo aclaró que “más allá de lo económico, el principal objetivo de la causa es atacar a un flagelo en crecimiento como lo son las apuesta de menores de edad y por eso nos interesa de sobremanera que los imputados sean tratados con la gravedad que amerita la causa”.

 

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