Luego de los alegatos de las defensas, el fiscal federal dijo que no hará uso del derecho a réplica y que no se introdujeron argumentos jurídicos novedosos o que en el alegato fiscal no se hayan discutido"
El fiscal federal Diego Luciani sostuvo que no hará uso de su derecho a réplica a los alegatos de las defensas en la causa Vialidad porque «no hay argumentos jurídicos novedosos» y la acusación, dijo, «se mantiene absolutamente incólume», al comenzar a exponer ante el Tribunal Oral Federal 2.
El juicio en el que está acusada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros 12 imputados se reanudó este lunes tras dos semanas de receso con una audiencia dedicada a la respuesta de la fiscalía a planteos de nulidades de las defensas.
Al comenzar a exponer, Luciani anticipó que no hará uso de la réplica, por lo cual una vez terminada su respuesta a las nulidades, el Tribunal quedará en condiciones de fijar fechas para las últimas palabras de los imputados y, finalmente, dará a conocer su veredicto
«El Tribunal se encuentra en condiciones de resolver lo que corresponda de acuerdo a la ley», sostuvo Luciani y remarcó que, en sus alegatos finales, las defensas no introdujeron «argumentos jurídicos novedosos o que en el alegato fiscal no se hayan discutido».
«Todas las cuestiones jurídicas expuestas por los defensores encuentran respuesta en el alegato fiscal», opinó y advirtió que tampoco responderá «la valoración de tinte político que hicieron algunos defensores».
«El alegato se sostiene por sí mismo y a nuestro criterio se mantiene absolutamente incólume. El Tribunal ya conoce los hechos y la prueba que se incorporó legalmente a este proceso», agregó.
Luciani sostuvo que la fiscalía escuchó «muy atentamente los alegatos de todas las defensas y de quien ejerció su derecho a la propia defensa», dijo en alusión a la vicepresidenta, que habló durante el alegato final en su calidad de abogada.
«Estamos tan seguros del trabajo profesional, honrado y objetivo que hemos hecho a lo largo de tres años y medio de juicio que sinceramente no tenemos nada que replicar», afirmó.
Tras esta introducción, Luciani y el fiscal Sergio Mola comenzaron a responder los planteos de las defensas, entre ellos uno de prescripción de la acción penal y de nulidad parcial de su alegato a raíz de la inclusión de pasajes de declaraciones indagatorias del acusado exfuncionario José López en otra causa penal.
Los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu estaban presentes en la sala de audiencias de los tribunales federales de Comodoro Py 2002 y las partes se conectaron de manera remota a través de la plataforma Zoom.
El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor de empresas de Báez como Austral Construcciones comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia de Covid 19 y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020, sin recuperar nunca la presencialidad plena.
En relación al veredicto, se prevé que también se dé a conocer en una audiencia virtual, salvo que alguna de las partes solicite estar presente en los tribunales de Retiro para ese momento.
Para la Vicepresidenta, los fiscales pidieron 12 años de cárcel por considerarla jefa de «asociación ilícita» y administración fraudulenta.
La fiscalía también pidió 12 años de prisión para el empresario Lázaro Báez como autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada.
Además, solicitaron diez años de cárcel para el exministro de Planificación Julio De Vido y para el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, y seis años para el exresponsable del distrito 23 de ese organismo Mauricio Collareda, al igual que para el extitular de la Administración General de Vialidad en esa provincia Juan Carlos Villafañe.
Para otro exresponsable del distrito 23 de Vialidad Raúl Daruich y el expresidente de la AGVP Raúl Pavesi requirió cinco años, y cuatro años para el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, junto a otro expresidente de la AGVP Raúl Santibáñez.
En cuanto al exsecretario de Coordinación de Obra Pública Carlos Kirchner, los dos fiscales postularon la absolución por asociación ilícita y una condena a dos años en suspenso por abuso de poder.
Las defensas de todos los imputados reclamaron que sean absueltos por inexistencia de delito.
El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor de empresas de Báez como Austral Construcciones comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia de Covid 19 y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020, sin recuperar nunca la presencialidad plena.
En relación al veredicto, se prevé que también se dé a conocer en una audiencia virtual, salvo que alguna de las partes solicite estar presente en los tribunales de Retiro para ese momento.
«No es corrupción o justicia. Hay un solo camino, justicia. Las acusaciones fueron desmanteladas, destruidas. No hay otro camino», sostuvo el abogado Carlos Beraldi, defensor de la Vicepresidenta, al cerrar su alegato final con un reclamo de absolución en septiembre pasado.
Ese día, Fernández de Kirchner también hizo uso de su derecho como abogada a ejercer su propia defensa ante el pedido de 12 años de cárcel en su contra hecho por la fiscalía como supuesta jefa de «asociación ilícita» y administración fraudulenta.
«¿Yo impunidad? Si quieren mirar por impunidad, miren para otro lado -replicó la expresidenta-. Me siento en estado de indefensión. Los jueces que me juzgan, un fiscal, son amigos y juegan al fútbol en la quinta de (Mauricio) Macri, otros iban a jugar con Macri a Olivos», cuestionó.
Además, sostuvo que la acusación fue una «fábula» montada para llevarla «de los pelos» ante la Justicia, que en la causa «se violó la Constitución Nacional» y que los fiscales cometieron «prevaricato».
La fiscalía también pidió 12 años de prisión para Báez como autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada.
Los fiscales pidieron además diez años de cárcel para De Vido y para el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periott; y seis años para el exresponsable del distrito 23 de ese organismo, Mauricio Collareda, al igual que para el extitular de la Administración General de Vialidad en esa provincia, Juan Carlos Villafañe.
Para otro exresponsable del distrito 23 de Vialidad, Raúl Daruich, y el expresidente de la AGVP Raúl Pavesi requirió cinco años, y cuatro años para el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, junto a otro expresidente de la AGVP, Raúl Santibáñez.
En cuanto al exsecretario de Coordinación de Obra Pública Carlos Kirchner, los dos fiscales postularon la absolución por asociación ilícita y una condena a dos años en suspenso por abuso de poder.
Las defensas de todos los imputados reclamaron que sean absueltos por inexistencia de delito.
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