Lanzó la Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple, "sin base", para seleccionar un “operador estratégico” de la prestadora de servicios sanitarios durante 30 años. El Estado se desprende del 90% de las acciones, mientras que el 10% restante permanecerán en manos de los trabajadores bajo el Programa de Propiedad Participada
El Gobierno de Javier Milei dio este viernes un paso clave en la privatización de la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), una de las tantas que tiene la administración central en la lista de enajenaciones de bienes públicos y por la cual hay varios grupos empresarios interesados. Entre ellos, y con fuertes posibilidades, el de los hermanos Neuss, de estrecha llegada al asesor sin cargo Santiago Caputo.
El Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial el llamado a licitación pública nacional e internacional para vender todas las acciones que actualmente posee el Estado nacional en la empresa.
La medida fue oficializada a través de la Resolución 704/2026 del Ministerio de Economía, que lleva la firma del ministro de Economía, Luis Caputo.
La empresa presta el servicio de provisión de agua potable y desagües cloacales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La operación contempla la venta del 90% del paquete accionario de AySA que hoy tiene el Estado nacional, mientras que el 10% restante continuará bajo titularidad de los empleados de la compañía a través del Programa de Propiedad Participada.
El esquema definido por el Gobierno contempla, en una primera etapa, la venta de al menos el 51% de las acciones públicas a un operador estratégico mediante licitación. El remanente accionario, podrá comercializarse luego en bolsas y mercados del país.
La normativa también crea una comisión evaluadora “ad hoc” integrada por funcionarios designados específicamente para analizar las ofertas que se presenten en el proceso.
Según la resolución, la privatización se realizará mediante una Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple, sin base, destinada a seleccionar un “operador estratégico” para la empresa.
El proceso se desarrollará a través de la plataforma CONTRAT.AR, donde estarán disponibles el pliego de bases y condiciones y toda la documentación vinculada a la operación.
AySA es una de las ocho empresas que el Gobierno prevé privatizar en el marco de la reglamentación de la Ley Bases. Las restantes son Corredores Viales, Enarsa, Intercargo, Belgrano Cargas, Trenes Argentinos, Nucleoeléctrica y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
La empresa que resulte ganadora de la compulsa pública se regirá por el nuevo contrato de concesión, aprobado a fines de abril.
Entre los involucrados por adquirir la mayoría de la empresa figuran Edison Energía (la familia Neuss junto a los dueños de Havanna y Newsan), Mauricio Filiberti (dueño de Transclor), el Grupo Roggio y las firmas brasileñas Sabesp y Río+Saneamiento.
El contrato de concesión fija la prestación del servicio por un plazo de 30 años, con posibilidad de que se prorrogue por 10 años más, para la provisión de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del Conurbano bonaerense.
Los distritos de la provincia de Buenos Aires en los que tendrá injerencia son Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Escobar, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.
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