María Julia Alsogaray fue absuelta en la causa Entel

La ex funcionaria menemista María Julia Alsogaray fue absuelta en la causa que investiga la venta irregular de 241 hectáreas de Radio nacional en Pacheco a la empresa Telecom.

Antes de conocer el veredicto del Tribunal Oral Federal 6 de Comodoro Py, Alsogaray rechazó hablar. «Es la pregunta del millón de dólares», le respondió la exsecretaria de Recursos Naturales al abogado querellante de la Oficina Anticorrupción, Juan Carlos Duré, cuando le preguntó si iba a ofrecer sus últimas palabras.

En la misma resolución, fue absuelto Gustavo Abreu, quien firmó el contrato de los terrenos como representantes del Estado. En tanto, Ricardo Fox fue condenado a tres años de prisión en suspenso y una multa de 55 mil pesos.

En la sentencia, los jueces alegaron que no se pudo acreditar que Alsogaray haya cometido un delito porque al firmar la venta en medio del proceso de privatización la ex funcionaria desconocía el perjuicio para el Estado. En ese marco, la propia fiscalía a cargo de Sabrina Namer y la OA habían pedido su absolución en la etapa de alegatos por no encontrar pruebas en su contra.

Antes de conocer la condena, Fox utilizó el derecho a la última palabra y se proclamó inocente. «Siento una profunda congoja por la acusación. Mis acciones siempre fueron transparentes, honestas y limpias», argumentó.

El juicio comenzó a principios de junio y prestaron declaración unos 60 testigos. El campo, según la imputación, no estaba sujeto a la privatización. Respecto a la ingeniera -que el 8 de octubre cumplió 72 años- no se probó que tuviera intervención y/o conocimiento al momento de la firma del acta por medio de la cual Fox transfirió las hectáreas de forma indebida. Y, como consecuencia de ello, que su intervención posterior -la de María Julia- habría sido mediando un error o, lo que es lo mismo a decir, que con ausencia de dolo. En el caso de Abreu, se probó que su intervención había sido atípica.

«Los terrenos fueron ilícitamente entregados a otros dueños», alegó la fiscal. «No fue voluntad del imputado subsanar ningún defecto del contrato», dijo Namer sobre Fox. Y cuestionó que con un cargo tan importante se metiera en las modificaciones de último momento del contrato con las transferencias del terreno. También dijo que espera que el tribunal tenga en cuenta «los graves perjuicios económicos» que le costó al Estado nacional su maniobra ilegal.