La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación es querellante en la causa por el asesinato de quien fue testigo en casos de delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura en la ciudad de Santa Fe.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó como querellante en la causa por el asesinato de Silvia Suppo, quien fue testigo en casos por delitos de lesa humanidad. La investigación finalmente pasará al fuero federal luego de que la Cámara Penal de Rafaela hiciera lugar a un pedido de la querella para que un juez de Santa Fe decline su competencia.
La Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rafaela hizo lugar a las apelaciones presentadas por la secretaría de Derechos Humanos de la Nación y los familiares de Silvia Suppo, declarando la incompetencia de la Justicia ordinaria para seguir entendiendo en la causa que se instruye por el homicidio de la testigo en la causa en la que se condenó, entre otros represores de la ciudad de Santa Fe, al ex juez Víctor Brusa.
Suppo fue asesinada en su negocio y la justicia provincial detuvo a dos jóvenes que confesaron su participación en el hecho, “pero desde el primer momento los organismos de derechos humanos plantearon la posibilidad de que la muerte hubiera sido por encargo, como represalia a la actuación que tenía en el proceso de memoria, verdad y justicia”, se lee en un comunicado de la Secretaría.
La posterior aparición de un testigo, de identidad reservada, reforzó esa hipótesis y fue entonces que la Secretaría de Derechos Humanos se presentó como querellante pidiendo el pase de las actuaciones a la Justicia federal, que en una primera instancia fue rechazado por el juez penal de Rafaela.
“Ahora, con el fallo de la Cámara, la causa pasará a la Justicia federal, con la Secretaría como querellante junto a los hijos de la víctima y se podrá profundizar la investigación”, agrega el comunicado.
Los hijos de la mujer asesinada fueron recibidos el viernes último por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Alén, quienes manifestaron su apoyo para que el crimen sea investigado como un delito de lesa humanidad.
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