Media sanción, una suspensión y un debate que se cayó: la semana agitada que dejó todo en modo espera

Hubo que esperar dos horas más de lo previsto, pero finalmente el Senado encontró el camino para dar media sanción a la nueva Ley Orgánica de Municipios. La norma, una de las cerca de veinte que exige la reforma constitucional de 2025, establece un cambio profundo en el mapa local santafesino: todas las localidades de la provincia, incluso las más pequeñas, pasarán a ser municipios a partir de 2027.

El acuerdo fue transversal. El oficialismo de Unidos y el bloque justicialista votaron juntos un texto de 111 artículos que el presidente del bloque oficialista, Rodrigo Borla, definió como «un avance en derechos de tercera y cuarta generación». La clasificación de los municipios por cantidad de habitantes, la reducción de concejales en las localidades más chicas y el objetivo explícito de bajar los costos de la política fueron los ejes que concitaron mayor consenso.

Pero no todo fue celebración. La figura del viceintendente, que fue impulsada con fuerza como una herramienta de gobernabilidad, quedó finalmente fuera del proyecto. El socialismo hizo pesar su posición: entendía que era un cargo innecesario y que no debía imponerse por ley provincial.

En Rosario se podrá discutir el año próximo, con la sanción de la Carta Orgánica.

El senador Rubén Pirola, presidente del bloque peronista, valoró «la apertura» del oficialismo durante el debate, pero dejó una advertencia que resonó en los pasillos: «Ahora viene el desafío de una ley electoral y otra de coparticipación. No es tiempo de apresurarnos».

Porque detrás de cada artículo de la nueva ley de municipios, y también de la demora en otros debates, asoma un tema que ningún espacio político quiere tocar aún, pero que todos saben ineludible: la reforma del régimen de coparticipación.

El peronismo lo planteó con claridad durante el debate: no puede discutirse autonomía municipal sin resolver antes el régimen que garantice los recursos necesarios para sostenerla. Y esa postura encontró eco incluso en el oficialismo. El propio Felipe Michlig, presidente provisional del Senado, reconoció que el tema es complejo y lo definió como «una manta corta».

La actual ley de coparticipación es de 1975 y ha sufrido solo ajustes menores, mientras los municipios asumieron mayores responsabilidades, desde servicios urbanos hasta salud y educación. La nueva Constitución exige que antes de septiembre de 2027 haya una nueva ley, con una mayoría exigente: mayoría absoluta del total de los miembros de ambas Cámaras.

La coyuntura agrava la discusión. En los pasillos legislativos circula el dato que todos los intendentes muestran, la caída de la coparticipación nacional.

La diputada justicialista Celia Arena ya metió fichas en este tablero. Su proyecto propio de régimen municipal incluye una disposición transitoria sobre la coparticipación.

El planteo peronista es claro y tiene números concretos: propone que el 20% de los fondos que recibe Santa Fe por coparticipación federal se destine a los municipios. Hoy, según la ley provincial Nº 10.197, ese porcentaje es del 14%. La diferencia no es menor. Además, el proyecto incluye un refuerzo adicional del 3% sobre el 80% restante para las ciudades de más de 100 mil habitantes: Rosario, Santa Fe y Rafaela

El proyecto de reforma electoral

El otro gran tema que se avecina, y que aún no tiene forma ni proyecto, es la reforma electoral. La nueva Constitución exige que las elecciones de 2027 ya se celebren bajo un nuevo sistema. La eliminación de la mayoría automática de 28 bancas en Diputados y el paso al sistema D’Hondt puro obligan a repensar las reglas de juego.

Por ahora, el debate formal ni siquiera comenzó. No hay proyecto ingresado ni borradores circulando. Pero las posiciones ya empiezan a delinearse en las conversaciones de pasillo: el futuro de las Paso, el modelo de boleta única (si se adopta el sistema Córdoba, el nacional o un mixto de dos boletas), y la posible implementación del balotaje son temas que prometen una discusión dura en la Legislatura.

Ningún acuerdo terminará de cerrarse sin mirar el tablero completo. Y eso incluye también la posición del peronismo, que ya tiene listo su propio proyecto de reforma con defensa de las primarias y rechazo al balotaje.

La ley que se quedó en la puerta del recinto

En medio de las definiciones de fondo, el Senado también tenía previsto tratar el proyecto que prohíbe la actividad de cuidacoches en toda la provincia, impulsado por el senador rosarino Ciro Seisas. La iniciativa, que modifica el Código de Faltas provincial, iba a ser tratada el jueves, pero finalmente el debate se suspendió y pasó a un cuarto intermedio.

La decisión generó malestar en el propio Seisas, que había anticipado en los días previos que existía «un acuerdo general» en el Senado para avanzar con la norma. El proyecto, que venía siendo trabajado en consenso con el Ministerio de Gobierno y la cartera de Seguridad, establece sanciones progresivas que van desde multas económicas hasta arresto de cinco a quince días en casos de reincidencia o cuando la actividad esté organizada o incluya amenazas.

Uno de los puntos salientes de la norma es la creación del Registro de Cuidadores Irregulares de la Vía Pública (ReCuid) para identificar personas en situación de vulnerabilidad y derivarlas a programas de formación laboral y empleo formal. También establece un régimen de incentivos para empresas que contraten a quienes se desempeñaban como cuidacoches, con un esquema de financiamiento estatal equivalente al 60% del salario mínimo durante un año.

«Lo que empezó como una changa después de la crisis de 2001 terminó convirtiéndose en otra cosa: una industria del apriete, disputas territoriales, doble cobro a los automovilistas y amenazas», había dicho Seisas días antes. El senador reveló además que en el centro de Rosario hubo más de 1.200 reclamos de vecinos desde 2025 hasta la fecha.

La norma contaba con el respaldo explícito de los intendentes de Rosario y Santa Fe, Pablo Javkin y Juan Pablo Poletti. En el Concejo de Rosario, la concejala oficialista Carolina Labayru había advertido: «Ojalá la Legislatura no desaproveche esta oportunidad histórica». Por ahora, la oportunidad quedó en suspenso.

Un fiscal suspendido sin plazos ni atenuantes

En la misma jornada, pero en el marco de una sesión conjunta de ambas Cámaras, la Legislatura resolvió por unanimidad suspender de forma preventiva y sin plazos al fiscal adjunto del Ministerio Público de la Acusación de la 4ta Circunscripción Judicial, con asiento en Reconquista, Leandro Darío Benegas.

La medida, que le prohíbe el ingreso al órgano autónomo, se adoptó en el marco de una causa judicial en la que Benegas está imputado como presunto autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal, en concurso ideal con promoción de la corrupción de menores, agravada por intimidación o coerción.

La decisión fue unánime, sin abstenciones, incluso de bloques que habitualmente rechazan que el Poder Legislativo ejerza el control disciplinario sobre miembros del MPA en causas graves. Todos los legisladores presentes en la comisión de Acuerdos firmaron el dictamen previo, que se produjo luego de que en febrero la justicia formalizara la imputación contra el fiscal.

Tras la decisión de la Legislatura, Benegas fue detenido.

Proyectos ingresados

Más allá de los temas que ocuparon la sesión del Senado, la semana también dejó novedades en materia de iniciativas que comenzarán su tratamiento en los próximos días.

El diputado justicialista Marcos Corach presentó un proyecto para crear un ámbito institucional de diálogo sobre cuestiones salariales y laborales de los efectivos policiales y penitenciarios. La propuesta, que cuenta con el acompañamiento de otros legisladores del interbloque peronista, surge tras las protestas que se originaron hace un mes en las fuerzas de seguridad. La comisión estaría integrada por quince miembros con representación del Poder Ejecutivo, de los efectivos y del Ministerio de Trabajo.

En la Cámara de Diputados, además, asoma un consenso para avanzar con el proyecto que modifica el Código Procesal Laboral, con el objetivo de bajar la litigiosidad en la provincia. La iniciativa, liderada por el diputado radical José Corral, busca establecer criterios más claros en materia de prueba pericial y regulación de honorarios. En los pasillos parlamentarios dan por hecho que llegará al recinto.

Lo que se viene

Con la media sanción de la Ley Orgánica de Municipios, el foco comienza a desplazarse hacia los dos debates que vienen. La ley de coparticipación y la reforma electoral son los próximos desafíos, y ambos prometen discusiones de alta complejidad.

En el corto plazo, la atención estará puesta en la Cámara de Diputados, que recibirá el proyecto de municipios con tratamiento preferencial para el 9 de abril. También deberá resolver el cuarto intermedio de la ley antitrapitos, que el oficialismo espera retomar la semana próxima.

El peronismo, mientras tanto, aprovecha para consolidar su estrategia y marcar posición en los temas que vienen. Con la presentación de proyectos propios y la instalación de la discusión por la coparticipación, el PJ busca no quedar a la saga de las definiciones que marcarán el rumbo de la provincia de cara a 2027.