El proyecto de ley de Necesidad Pública "tiene dos ejes de emergencias: una alimentaria, social y de salud, y otra de seguridad", expresó el ministro de Gestión Pública. La iniciativa incluye la solicitud para tomar deuda por 27 mil millones de pesos a través de dos créditos
El gobierno provincial enviará la semana próxima a la Legislatura un proyecto de ley de Necesidad Pública que «tiene dos ejes de emergencias: una alimentaria, social y de salud, y otra de seguridad», anunció ayer el ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig. Esta iniciativa contempla también la necesidad de tomar deuda por alrededor de 27 mil millones de pesos para reforzar y equilibrar las finanzas de Santa Fe.
“Necesitamos contar herramientas financieras. Caso contrario, es muy dificultoso llevarlo adelante con el presupuesto aprobado y el financiamiento que tiene la provincia”, reforzó sobre la necesidad de que la oposición acompañe el proyecto. “Lejos estamos de que la situación financiera haya mejorado”, dijo el funcionario y amplió que por ello “hoy se privilegia pagar sueldos”.
El funcionario remarcó que, sobre la cuestión social, se pretende «crear un fondo de Emergencia Alimentaria para llegar a aquellos que no recibirán la Tarjeta Alimentaria».
Ese fondo será de «unos 2.500 millones de pesos, conformado por fondos de Rentas Generales y, eventualmente, de programas nacionales».
«Para darnos una idea, la Nación fijó un monto de 500 millones de pesos mensuales para la Tarjeta Alimentaria; nosotros, con la Emergencia Alimentaria, planteamos 200 millones de pesos mensuales», indicó el funcionario santafesino en declaraciones difundidas por el gobierno provincial.
Además, destacó que se busca generar un Fondo de Emergencia Sanitaria, también por unos 2.500 millones de pesos, «para potenciar al Laboratorio Industrial Farmacéutico y a programas de salud provinciales».
Michlig mencionó también a la generación de «un fondo de Emergencia en Seguridad», que será destinado a «equipamiento y para favorecer la movilidad del personal de seguridad».
“También, proponemos el congelamiento de las tarifas de servicios públicos y la instrumentación del boleto educativo a partir del ciclo lectivo en el mes de marzo. Para que esto sea posible, necesitamos indefectiblemente estas herramientas porque con el presupuesto aprobado esto es muy dificultoso”, añadió.
El ministro concluyó que «esas herramientas le permitirán a comunas y municipios renegociar sus deudas».
Además, en declaraciones a LT9, el ministro remarcó que “hoy la provincia privilegia el pago de sueldos”. “Hoy no podemos pagar a contratos y proveedores. Lejos estamos de que la situación financiera haya mejorado”, concluyó.
La idea del gobierno provincial es avanzar en dos créditos, uno por 12 mil millones de pesos para hacer frente a la deuda flotante, y otro por 15 mil millones de pesos que tendrá como objetivo recomponer el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (Fuco).
Para renegociar los pagos a los contratistas, la provincia tiene pensado salir a buscar en el sistema bancario del país un crédito por 12 mil millones de pesos.
Mientras que en el caso del Fuco, el fondo creado para cubrir necesidades transitorias, el endeudamiento para reforzarlo estará en el orden de 15 mil millones de pesos.
En ambos casos, el respaldo de garantía que ofrece la provincia son los fondos coparticipables y el objetivo es asegurar un plazo de devolución de entre dos y diez años.
Desde la provincia aseguran que la deuda flotante, que en todo concepto llega a 27 mil millones de pesos, es lo que los obliga a salir a endeudarse, ya que los compromisos son de cortísimo plazo. El grueso de ese monto, obedece a contratistas, proveedores y prestadores de servicios,
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