Con la mirada puesta en las posibles soluciones a tragedias como la del fentanilo contaminado, el diputado provincial, sanitarista y médico de familia se refirió al abismo que separa "la letra fría" de las leyes que protegen al paciente y "la realidad". Explicó las ideas que ya propuso en la Legislatura y también pidió "cuidar a los que cuidan"
El ex senador y actual diputado provincial Miguel Rabbia tiene una mirada sobre la salud pública con raíces profundas en la práctica médica y la formación académica. Es médico de familia con diploma de honor, sanitarista y auditor. Esa combinación entre la clínica de cercanía y la mirada epidemiológica es la que aplica hoy a cada proyecto que presenta en la Cámara de Diputados de Santa Fe.
Autor de la ley que adhiere en Santa Fe a la ley de derechos del paciente -que garantiza el acceso a la historia clínica y el consentimiento informado, entre otras cosas-, Rabbia reconoce que «entre la letra fría y la realidad hay un abismo».
La tragedia del fentanilo contaminado, con 111 muertos y familiares que denuncian destrato institucional, es la prueba más cruda de esa distancia.
Entre las causas, Rabbia también incorpora los malos salarios, las jornadas interminables, situación que deriva en que cerca de 100 médicos por año emigren de Rosario a distintos lugares del mundo.
Cuando Rabbia era senador provincial impulsó un proyecto que hoy es ley: la adhesión de Santa Fe a la Ley Nacional de Derechos del Paciente. La norma, sancionada finalmente en 2023 después de un largo proceso, establece principios fundamentales que deberían regir la relación entre los efectores de salud y las personas.
«Es una ley excepcional, que permite la autonomía del paciente, el consentimiento informado, cuestiones que han transformado la medicina con derecho y con foco en los pacientes», explica Rabbia. La norma establece, entre otros puntos, que la historia clínica pertenece al paciente -no a la institución- y debe ser entregada en un plazo no mayor a 48 horas hábiles.
Pero la letra de la ley, admite el diputado, choca con la realidad. «Entre la letra fría y la realidad hay un abismo», reflexiona. Y los familiares de las víctimas de fentanilo contaminado son la prueba más dolorosa de esa distancia.
El caso de los lotes de fentanilo adulterado del laboratorio HLB Pharma, que ya causó 111 muertes confirmadas en todo el país, puso en evidencia las fallas estructurales del sistema de salud que Rabbia viene señalando.
Los familiares de las víctimas denuncian no sólo la tragedia en sí misma, sino el «destrato» posterior: la dificultad para acceder a las historias clínicas, la falta de información, la sensación de estar solos frente a instituciones que los ignoran.
La calidad en salud: más allá de lo que se enchufa
Rabbia tiene una mirada sistémica sobre lo que ocurre: «Nosotros la calidad en salud la vemos en tres áreas y en seis dimensiones. La primera área es el sistema formal de salud, donde las prestaciones deben ser efectivas (resolver el problema), eficientes (al menor costo posible) y seguras (sin errores que pongan en riesgo al paciente)».
Pero hay una segunda área, la del paciente, la familia, la comunidad. «Ahí tenés exactamente el tema de satisfacción del usuario. Vos podés tener una altísima efectividad clínica, pero la gente no te ve bien porque aprecia otras cosas», explica. Y pone un ejemplo quirúrgico: «En un sanatorio se aprecia mucho la hotelería. Pero tal vez la efectividad no es buena».
La tercera área es la salud pública, la que debe garantizar acceso y equidad. «La equidad sería que a cada persona se le dé lo que le corresponde en la medida de lo que le corresponde. Un pobre de toda pobreza tal vez necesita más tiempo de dedicación del equipo de salud para que comprenda que tiene que tomar el medicamento cada 8 horas».
En ese marco, Rabbia impulsa un proyecto propio en la Legislatura: el fondo de financiamiento para la garantía de la calidad asistencial de los pacientes. La idea es tque el Estado pague un plus por consulta a aquellos médicos que cumplan con determinados estándares de calidad.
Rabbia estudió el costo de una consulta en efectores públicos de la provincia y llegó a una conclusión llamativa: «Al Estado provincial, una consulta en un efector de la provincia le sale alrededor de 105.000 pesos».
Su propuesta es volver a la lógica de los médicos de los barrios, los médicos de cabecera. ¿Cómo? El Estado garantizaría la historia clínica digital autoadministrada para todos los pacientes, y pagaría 5.000 pesos adicionales por consulta a aquellos médicos que trabajen con calidad, que integren la información, que hagan medicina preventiva.
El proyecto también apunta a resolver el problema de la fragmentación del sistema, donde cada persona cambia de financiador según su situación laboral. «Hoy vos tenés 18 años, entrás a trabajar en un bar y tenés obra social de gastronómicos. Después estudiás, te recibís, facturás, sos monotributista. Después ganás más dinero y te hacés una prepaga. Después te quedaste sin trabajo y tenés salud pública. No hay un financiador lineal para la persona a lo largo de la vida», describe Rabbia.
En ese esquema, el Estado sería el garante, con herramientas como la historia clínica digital unificada. «Cuando vos estás en la sala de espera, esperando al médico, escribís el motivo de consulta. Cuando el médico te ve, no necesita preguntarte lo que vos ya escribiste. Después complementarán, sumarán cosas, pero ya está todo escrito».
Además, la digitalización permitiría usar algoritmos e inteligencia artificial para hacer llegar a las personas recomendaciones vinculadas a sus afecciones. «Si usted tiene una persona con diabetes, un sistema electrónico le va a estar dando información todo el tiempo con herramientas para cuidarse. Absolutamente económico para un Estado como la provincia de Santa Fe y altamente eficiente».
Rabbia también vincula la calidad de la atención con las condiciones laborales de los trabajadores de la salud. Y los datos que maneja son preocupantes: «De solo Rosario por año se van 100 colegas a destinos internacionales. Suelen ir los mejores, formados acá. Lo que acá hacen en un año, allá lo pueden lograr en una semana».
La causa, dice, es el estrés del sistema. «Los enfermeros tienen que trabajar dos turnos para llegar a fin de mes. Los médicos tenemos que ver 40 o 50 pacientes por día, o meter tres cirugías en línea». Y compara con España: «Allá los trabajadores de la salud a las 5 de la tarde cortan su jornada laboral. Yo gran parte de mi vida he trabajado 14 horas por día».
Esa sobrecarga, sumada a salarios «absolutamente a la baja, en algunos casos por debajo de la línea de la pobreza», genera un desgaste que termina afectando la calidad de la atención. «Hay que darle una vuelta a la mirada, entender que el sistema de salud es corazón intensivo, que depende del contacto de un humano con otro. Debemos cuidar a los que nos cuidan».
El desafío de pasar de la ley a la realidad
El proyecto de Rabbia lleva alrededor de un año en la Legislatura. «Hay ideas, hay formas de transformar la realidad en beneficio de la mayoría. El tema son los tiempos y las voluntades de la política», reflexiona.
Mientras tanto, los familiares de las víctimas de fentanilo siguen reclamando. En noviembre de 2025 fueron recibidos por la comisión de Salud de Diputados, donde expusieron su calvario y recientemente pidieron una ley de salud integral que contemple el trato digno al paciente, la trazabilidad de medicamentos y el acceso a las historias clínicas. Los legisladores se comprometieron a trabajar en ese sentido.
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