La Fiscalía federal ordenó procedimientos en las localidades de Wheelwright y Acebal en el marco de la pesquisa por una defraudación al Estado de unos 580 millones de pesos
Se realizan 5 allanamientos vinculados a una investigación por una posible defraudación al PAMI por un monto aproximado 580 millones de pesos.
Interviene la Oficina de Criminalidad Económica a cargo del doctor Javier Arzubi Calvo y los fiscales coadyuvantes Soledad García, Andres Montefeltro y Virginia Sosa, de la Unidad Fiscal Rosario.
La maniobra que se investiga radica en la intervención del médico especialista en cardiología Martín Gabriel A., quien se desempeña en la localidad de Acebal. El mismo afirmó haber atendido a más de 5000 afiliados de PAMI y haberles realizado más de 50.000 estudios y prácticas médicas entre los años 2023 y 2025, resultando llamativo que la mayor parte de esos afiliados residen en otras provincias.
El total de la defraudación ronda los $700.000.000.- (pesos setecientos millones) de los cuales aproximadamente $580.000.000.- (pesos quinientos millones) fueron efectivamente abonados por PAMI al profesional.
Se determinó que el cardiólogo registraba en el sistema de la obra social múltiples atenciones a decenas de pacientes día a día, que incluían tanto la consulta inicial como una serie de estudios (electrocardiogramas, holter, etc.).
La investigación tuvo su origen en una actuación preliminar llevada adelante por la Unidad Fiscal de Investigaciones para Delitos Cometidos en el ámbito de Actuación del INSSJP (UFI-PAMI) del Ministerio Público Fiscal de la Nación, bajo la dirección del fiscal general (interino) Javier Arzubi Calvo, a partir de haber tomado conocimiento que se había detectado un grupo de afiliados que desconocían las consultas y prácticas supuestamente realizadas por el médico de Acebal.
En el día de la fecha fueron se están realizando 5 allanamientos en las localidades de Acebal y Wheelwright, particularmente vinculados a los consultorios médicos donde atiende el profesional y su domicilio particular, que fueron autorizados por el juez de garantías Carlos Vera Barros a solicitud de los fiscales Montefeltro y Sosa. Interviene en el desarrollo de las medidas la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales «Rosario» de la Policía Federal Argentina.
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